El proyecto de la Mina Muga, en el origen de la trama Cerdán, se queda sin su inversor chino

Así lo anunció a principios de semana Highfield Resources, la empresa australiana matriz de Geoalcali. Esta última, filial de la primera, suscribió en diciembre de 2015 el acuerdo con la UTE Acciona-Servinabar, que se había constituido un mes antes, para el desarrollo de las obras en la Mina Muga. La hipótesis que trata de desentrañaren la Guardia Civil, bajo mandato judicial del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, es si dicha unión de empresas, que luego participó en más adjudicaciones otorgadas por el Gobierno navarro, se habría valido de la influencia política de Santos Cerdán, que por aquel entonces compaginaba las labores en la secretaría de Organización del Partido Socialista de Navarra (PSN) y de parlamentario en la Cámara autonómica.

A este respecto, la UCO encontró un correo enviado el 24 de agosto de 2015 por Pedro Antonio Rodríguez, administrador único de Geoalcali, a Koldo García, con quien Cerdán y Alonso ya tenían relación, bajo el asunto «GEOALCALI & HighField Resources –Solicitud de Reunión con VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DEL GOBIERNO DE NAVARRA». En él, se disculpaba por no haber puesto en copia a Koldo García en un mensaje anterior pidiéndole que le corrigiera ese tipo de errores para que Koldo y Santos Cerdán estuvieran «informados» de sus pasos: «No quiero nunca meter la pata con errores de este tipo, piensa que a VOSOTROS os consideramos nuestros Ojos y nuestros Oídos…».

Desde Geoalcali, puntualizan que el informe de la UCO no atribuye a la mercantil prácticas ilegales. También que esta no participa en el proceso de adjudicación de la obra, que corresponde a la administración pública, y que la relación con Servinabar se limitó a «colaboraciones puntuales de asesoría, trabajos técnicos y análisis» que no han sido declaradas ilegales. Antes, negaron que Antxon Alonso, hubiese sido su representante en las reuniones que mantuvo con la presidenta de Navarra, María Chivite, para hablar de la Mina Muga.

Así, el proyecto siguió avanzando, logró en 2021 los permisos por parte del ministerio de Transición Ecológica, del Gobierno de Aragón y del de Navarra, hasta que en septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) anuló la concesión de la explotación otorgada por el Ejecutivo regional, ya presidido por la socialista María Chivite, tras un recurso de Ecologistas en Acción, Sustrai Erakuntza y la Plataforma contra las Minas de Potasa en la Bal d´Onsella y El Perdón. Tras esto, la presidenta navarra continuó impulsando el proyecto como un «motor de desarrollo económico y social de la Comunidad Foral», manteniendo reuniones en enero y febrero de este año tanto con el ministerio de Transición Ecológica como con el ex CEO de Geoalcali, Ignacio Salazar.

El 10 de mayo, tres días antes de que Salazar presentara su dimisión, la empresa anunciaba un acuerdo no vinculante con Qinghai Salt Lake, una filial de China Minmetals, para una inversión de capital de 300 millones de dólares estadounidenses. Los fondos se destinarían al desarrollo de la Mina Muga entre otros proyectos, con la intención de Qinghai Salt Lake de convertirse en el principal accionista de Highfield. Un empujón que Geoalcali vendió como un paso importante en su «consolidación» , y que llegaba un mes antes de que empezara a conocerse por la prensa el informe de la UCO. Ahora, previsiblemente, tendrá que buscar nuevas fuentes de financiación.