Multan a Pedro Sánchez con 2.200 euros por hacer campaña electoral tras un Consejo Europeo

Según la resolución hecha pública ayer (y de la que hoy se conocerán más detalles), la JEC considera que Sánchez infringió el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General al realizar declaraciones «con contenido valorativo y electoralista, aprovechando los medios públicos de los que disponía, provocando el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral».

Atres semanas de los comicios, Pedro Sánchez no quiso perder la oportunidad que le brindaban los micrófonos de los medios tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas para criticar los pactos del PP y Vox, que a la postre –como ha reconocido el propio Feijóo en diferentes foros– resultaron un elemento fundamental para que la victoria lograda por el PP en las urnas no fuera tan que holgada como la que vaticinaban las encuestas.

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«Creo que todos debemos tomar nota de lo que está sucediendo en los distintos gobiernos y en los distintos acuerdos programáticos que están alcanzando Feijóo y el señor Abascal», dijo Sánchez aquel 30 de junio en Bruselas, ahondando más en sus críticas a los pactos autonómicos de la derecha, a colación del sellado por María Guardiola con Vox en Extremadura.

Además, el presidente también afirmó, a preguntas de los periodistas, que sus colegas europeos le habían reconocido «en privado» el «extraordinario desempeño de la economía española en el ámbito del crecimiento, la creación de empleo y la evolución de la inflación».

En su resolución del pasado mes de julio, la JEC desestimaba los argumentos esgrimidos por Moncloa para evitar la sanción porque carecían de «consistencia», puesto que «la simple lectura» de las palabras de Sánchez no dejan duda de que unos casos «expresan exhibición de logros y que, en otros, tienen connotaciones electoralistas al haber sido efectuadas en demérito de adversarios políticos».

Sánchez ya fue sancionado en 2020 por vulnerar el mismo artículo de la Ley Electoral, en una decisión posteriormente confirmada por el Tribunal Supremo. En aquella ocasión, el presidente tuvo que pagar 500 euros por la grabación de una entrevista televisiva en La Moncloa en período electoral que fue, además, difundida en la página institucional del Gobierno.