El Ministerio de Justicia convoca a los funcionarios en huelga para evitar un nuevo colapso

El movimiento del departamento que dirige Pilar Llop llegaba anoche, tras constatar los efectos que por segundo día consecutivo dejaba el paro parcial (de diez a una de la tarde) del personal de los juzgados de toda España. Según los convocantes, al igual que el día anterior, 700.000 actos judiciales fueron suspendidos ayer, y eso vuelve a incluir juicios, como el de Camps, que tenía que haberse reanudado en la Audiencia Nacional, pero también miles de pleitos que afectan a particulares y empresas.

Aun así, y pese al ofrecimiento a sentarse a hablar del secretario general de Innovación, Manuel Olmedo (quien logró reconducir las maltrechas negociaciones del secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, con los LAJ), los sindicatos convocantes de la huelga (el mayoritario CSIF, UGT y CC.OO.) han decidido seguir adelante con la manifestación que este miércoles ha recorrido el trayecto que separa el Ministerio de Justicia del de Hacienda, que tiene mucho que decir en este conflicto. No se fían del equipo ministerial, y van a mantener la presión, movilizaciones y huelga hasta que comprueben que hay una voluntad para llegar a un acuerdo.

Lo ha dicho al inicio de la marchan Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF. En declaraciones a los medios Jordán ha negado que los funcionarios se movilicen ahora por la subida salarial a los LAJ, aunque sí ha reconocido que «ha sido el detonante» para reactivar un debate que estaba dormido. «El conflicto lleva tiempo ahí», ha remarcado. «Y queremos decirle a Llop que se siente a negociar, que haga una propuesta razonable, que arregle esto».

Jordán ha manifestado que están «hartos» de hacer funciones «que no nos corresponden» y que quieren que se reconozcan tanto en la ley como en sus nóminas«. Ha expresado también el deseo del colectivo de participar en el proceso de modernización de la Justicia, pero eso pasa por negociar su papel dentro de la ley de eficiencia organizativa.

«El ciudadano está preocupado, somos los más interesados en que esto se resuelva a la mayor brevedad pero el ministerio no nos ha dado otra alternativa. Llevamos dos años y medio sin negociar y tiene que dar solución ya».

En total están llamados a la huelga 45.000 trabajadores que desempeñan funciones de auxilio judicial, tramitación y gestión procesal y servicios administrativos, en definitiva, la columna vertebral de los juzgados de España, pues llevan todos los trámites del día a día de los órganos judiciales, desde el papeleo a la redacción de diligencias, autos, notificaciones o contacto con las partes en el marco de los distintos procedimientos.

Aunque sólo 12.000 de los 45.000 funcionarios llamados a la huelga dependen del territorio no transferido (Baleares, las dos castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y los órganos centrales) todo el personal de la Justicia son cuerpos nacionales, por lo que orgánicamente dependen del Ministerio de Pilar Llop. Así, reclaman que la subida se realice a través del «complemento general del puesto», una retribución de carácter básico ligada a las funciones y que se fija por Presupuestos Generales del Estado o por un Real Decreto, explican fuentes del comité.

En la actualidad, la horquilla de este complemento va de los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial en un juzgado de paz a los 385 que cobra un gestor administrativo. Lo que quieren es una subida salarial proporcional a la de los LAJ, que vieron incrementado sus sueldos mensuales entre 430 y 450 euros.