Los letrados judiciales ponen fin a la huelga que ha suspendido 400.000 vistas y juicios desde enero

Los representantes del comité de huelga han ido al encuentro (con la secretaria de Estado de la Función Pública, Lidia Sánchez, y con el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo) con el respaldo del colectivo, que, con un 76 por ciento de los votos, dijo sí ayer a la propuesta del Ejecutivo. Aunque la reunión con la que se retomaron los contactos se produjo en el Ministerio de Hacienda, la firma del acuerdo se ha realizado en la sede de Justicia. El secretario de Estado del ramo, Tontxu Rodríguez, a quien los LAJ atribuyen la ruptura de las negociaciones tras los primeros contactos, se encuentra precisamente este martes en Canarias.

Aunque los letrados judiciales no han logrado su adecuación salarial a los jueces (aunque no se había cerrado una cifra concreta se hablaba de equiparse al 85 por ciento de su sueldo), al menos el acuerdo contempla una subida para todo el colectivo, algo que desde enero le estaba negando el departamento de Pilar Llop, dispuesto solo a incrementar la nómina sólo de los letrados que menos ganan.

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Los LAJ pedían el cumplimiento de los acuerdos alcanzados con Justicia en abril de 2022 y de los que el ministerio se estaba desentendiendo hasta que entró en escena el Ministerio de Hacienda, a quien la propia Llop responsabilizó de la paralización de esos incrementos salariales.

Desde el 24 de enero la huelga de los LAJ en toda España se ha traducido en la paralización de 400.000 juicios y vistas y de 480.000 demandas y en el bloqueo de 1.500 millones de euros en las cuentas de consignación de los juzgados.

Desde el ministerio de Justicia no se ha querido poner el acento en las nuevas condiciones salariales de los LAJ, sino en la implicación a la que se ha comprometido el colectivo en la implantación de los proyectos de transformación de la Justicia derivados de las leyes de eficiencia. "Los LAJ asumirán una centralidad transversal en los distintos proyectos de eficiencia y, muy particularmente, en la implantación de los tribunales de instancia", destaca el departamento de Llop en una nota.

Desde el Colegio de la Abogacía de Madrid se celebra el fin de la huelga, pero solicita al ministerio que dote de «medios extraordinarios humanos y materiales a la Administración de Justicia» para desbloquear el sistema «sin el sacrificio de la conciliación de los profesionales».

Para el decano de la abogacía madrileña, Eduardo Ribón, la salida a esta crisis pasa por «la dotación de mayores recursos humanos, mejores medios materiales y, sobre todo, una altura de miras capaz de responder a las legítimas demandas de los ciudadanos sin intereses partidistas ni planes a corto plazo».

La primera consecuencia del fin de esta huelga será recuperar la normalidad en los juzgados después de un colapso del que tardará en salir meses y para el que Justicia tendrá que activar un plan; la segunda es la avalancha de reclamaciones que se le va a acumular al ministerio por parte de otros colectivos que han visto cómo el paro de los LAJ ha acabado dando resultados. En este sentido, La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en la Administración de Justicia, ha exigido ya al ministerio que complete el acuerdo alcanzado con los letrados judiciales con una subida salarial para el resto de los cuerpos.

Para CSIF, la actitud de Justicia "supone una falta de respeto a todo el personal de Justicia" y advierte de que "si no reúne de manera inmediata la mesa de negociación, convocará movilizaciones junto con el resto de organizaciones sindicales representativas, sin descartar ninguna medida de presión", entre las que estaría, sin citarla, la huelga.

Recuerda el sindicato que el propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos y categorías, de forma que "cualquier cambio que se plantee tiene impacto colateral y en cascada sobre las cuantías que recibe el resto del personal". Solo falta que el Ministerio actúe en consecuencia, dicen.

Según de CSIF la huelga del colectivo de letrados ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino "retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia".