Una nueva huelga de funcionarios agrava el colapso en los juzgados

Justo un mes después de la resolución del paro con el que arrancó el año, estos funcionarios demandan mejoras salariales y profesionales «en la misma línea» de las concedidas por el Ministerio de Justicia a los LAJ, que pusieron fin a su huelga tras pactar incrementos retributivos de entre 430 y 450 euros brutos en función de las distintas funciones y niveles. Esta nueva huelga, que arranca cuando la actividad en los juzgados volvía a retomar el pulso, provocará paros parciales entre las 10,00 y las 13,00 horas de lunes a viernes con excepción del 19 de abril, jornada en la que los funcionarios están llamados a interrumpir su actividad durante todo el día.

Los paros irán acompañados de concentraciones ante los edificios judiciales de las siete ciudades gallegas, así como una «gran manifestación» en Madrid el miércoles. Llamativamente, la convocatoria no cuenta con el respaldo de la CIG, que sí mostró su respaldo a las movilizaciones en defensa de mejoras retributivas pero que decidió desmarcarse de los paros porque entiende que «todavía está muy reciente lo ocurrido en la huelga de 2018» que tuvo, para la central nacionalista, «consecuencias nefastas».

Los servicios mínimos establecidos por la Xunta, indica Ep, incluyen un gestor o tramitador y un auxilio para las salas, registro y secretaría del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia; un gestor, un tramitador y un auxilio para cada una de las secciones penales y mixtas de las audiencias provinciales, en las que también deberán trabajar un gestor o tramitador por cada sección y un funcionario de auxilio por cada dos secciones o fracción. En las oficinas de registro y reparto de las audiencias provinciales tendrán que operar durante los paros un gestor o tramitador y, a mayores, un auxilio judicial, mientras que los juzgados de guardia en toda la estructura judicial gallega deberán contar con la totalidad del personal habitual al tratarse de un servicio esencial. Por su parte, en los registros civiles exclusivos operarán dos gestores o tramitadores para defunciones y otros tantos para el resto de las funciones. En primera instancia los servicios mínimos son de un gestor o tramitador por juzgado.