La UE avisa de serias dudas sobre la independencia judicial en España

Como ha sucedido otros años, el Ministerio de Justicia que dirige Félix Bolaños ha recibido este informe con una interpretación positiva de su contenido según la cual la Comisión estaría felicitando al Gobierno y avalaría sus tesis, para ignorar los señalamientos evidentes por parte del Ejecutivo comunitario, cuando no se pueden considerar como menciones aisladas, sino que constituyen elementos que afectan a la calidad de la democracia en España. Para muchos analistas probablemente este informe representa también un paso más en el declive de la figura de Sánchez en Europa.

De hecho, aunque se esperaba un lenguaje mucho más matizado para evitar tensiones institucionales, la Comisión no ha tenido más remedio que referirse expresamente a la lucha contra la corrupción política en términos inequívocos. En pleno desarrollo de una batería de casos que ya están en trámite judicial o que han llevado a personajes relevantes del Gobierno o del Partido Socialista a la cárcel el informe habla de «casos de corrupción de alto nivel». En concreto afirma que «la financiación de los partidos políticos persiste como área de alto riesgo y no se han dado pasos para reformar la legislación electoral en línea con las recomendaciones del Tribunal de Cuentas». Tampoco ahorra menciones al hecho que el Gobierno debería haber presentado hace casi un año «una amplia estrategia de previsión y lucha contra la corrupción, pero ese trabajo está aún por empezar».

Noticia Relacionada

La Comisión Europea detecta «falta de ambición» en la lucha contra la corrupción en España

Daniel Roldán

El 'Informe sobre el Estado de derecho' asevera que la imputación del fiscal general provoca «tensión institucional»

En el campo de la independencia judicial y las reformas que está tramitando el Gobierno, dentro de los modos corteses propios de este tipo de informes, los expertos de la Comisión han rebajado las críticas por la situación de bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que eran el centro de su diana, pero no se olvidan de mencionar que el pacto que terminó con aquella situación contenía una segunda parte que era la reforma de método de elección de sus miembros y de la que no se tienen noticias.

Asimismo reiteran sus recomendaciones recogidas en informes precedentes para recordar que las críticas a los jueces -en este caso se refiere a las emitidas por miembros del Gobierno que es el objeto del informe- «menoscaban su credibilidad» y nos alejan de los estándares europeos en materia de calidad democrática. Lo mismo sucede con las reformas de la ley de enjuiciamiento criminal, de la que critica su carácter retroactivo o del Ministerio Fiscal en la que Bruselas no ha tenido en cuenta la idea de extender el mandato un año más que la legislatura porque no ha sido aprobada y porque forma parte de ese paquete de cambios anunciados que a su entender tampoco garantizan la independencia del ministerio público. Menciona la imputación al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, aunque sorprendentemente no hace calificaciones respecto a esta situación inédita.

Y respecto a la Ley de Amnistía, se puede decir que la Comisión no considera cerrado el debate sobre sus implicaciones legales y recuerda que a pesar de la aprobación por parte del Constitucional, está pendiente de varias cuestiones prejudiciales ya en trámite ante la justicia europea. En el informe se hace una mención aséptica a la reciente huelga de jueces y fiscales, lo que ya es en si un síntoma de que la Comisión está siguiendo con mucha atención lo que sucede en España.

La publicación de este informe ha coincidido además con la visita a Estrasburgo de representantes de las principales asociaciones de jueces y de fiscales que querían informar a todas las instituciones y a todos los grupos políticos europeos sobre la situación de la justicia en España. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) se reunieron con todos los grupos políticos europeos, a excepción del grupo socialista, que ni siquiera respondió a su invitación. Las asociaciones sin embargo si que fueron recibidas por el comisario encargado del Estado de derecho, Michael McGrath, al que intentaron ilustrar con su versión para la redacción del informe del año que viene.