Sánchez dice que se planteó dimitir, solo admite haberse equivocado y avisa de que no «tirará la toalla»

Sánchez ha comenzado su intervención recordando al padre de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, el sindicalista Suso Díaz, fallecido este martes, mientras que la ministra de Trabajo se emocionaba en su escaño, esta vez el del grupo de Sumar y no el de la bancada azul, ya que ha intervenido en el debate en nombre de su grupo.

Después, ha dedicado el primer cuarto de su discurso (diez minutos de los cuarenta que ha estado en la tribuna, donde como siempre no tiene límite de tiempo) a explicar su relación con Santos Cerdán y con José Luis Ábalos, admitiendo una vez más que «es evidente que me equivoqué» y explicando que ante las primeras informaciones sobre una posible conducta de Cerdán le pidió explicaciones y le creyó, sobre todo, ha argumentado, por «la vida sencilla que llevaba en Madrid». El ex secretario de Organización del PSOE, según ha trascendido, reside en una de las zonas más caras de la capital de España.

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Sánchez ha asegurado que valoró la posibilidad de abandonar y convocar elecciones, y que hubiera sido lo «más cómodo» tanto para él mismo «como para mi familia», pero que al final decidió «no tirar la toalla». El jefe del Ejecutivo, que nada más subirse a la tribuna ha sido ovacionado por toda la bancada socialista, ha asegurado que decidió seguir «porque soy un político limpio», algo que ha repetido en varios momentos de su intervención, si bien ha admitido que puedan existir dudas entre los ciudadanos sobre si conocía o no las corruptelas y comportamientos de sus más estrechos colaboradores, incluidos los audios en los que Ábalos (ausente en el debate, aunque sigue como diputado del Grupo Mixto) y Koldo García se repartían mujeres, algo que ha vuelto a decir que está «en las ántipodas de mis valores».

El plan presentado por Sánchez contempla la puesta en marcha de una Agencia de Integridad Pública para coordinar de forma independiente la lucha contra la corrupción. También, como ha detallado, la extensión de la metodología de control que opera para los fondos next generation de la Unión Europea (UE) a toda la administración; la introducción de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la plataforma de contratación del sector público o la exigencia de sistemas de 'compliance' anticorrupción a las empresas que quieran contratar con la administración.

El plan presentado tiene un apartado específico sobre los controles y la financiación de los partidos políticos, en concreto la obligación a las formaciones cuya financiación pública supere los 50.000 euros anuales de que tengan que someterse a auditorías externas e independientes. Algo que se extenderá igualmente a las fundaciones que perciban la misma candidad de dinero público. Además, los partidos políticos tendrán que dar publicidad a sus donaciones con un umbral reducido a los 2.500 euros y en un plazo de un mes desde que lo reciban.

Por otra parte, y dentro de la reforma en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), se establecerá una medida de protección de denunciantes para ofrecer a quien acuda a la Fiscalía o a la Policía o a un juzgado, para ofrecerles garantías de confidencialidad, protección y apoyo legal. Otra de las medidas incluidas en el plan consiste en el aumento de medios y plantilla de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para que localice y administre los bienes obtenidos ilícitamente.