Qué es la malversación y qué penas conlleva, el delito por el que puede ser juzgada Begoña Gómez
El magistrado Juan Carlos Peinado ha iniciado el proceso para que la mujer del presidente del Gobierno pueda ser juzgada por un jurado popular
El juez Peinado envía a Begoña Gómez ante un jurado popular por malversación
Guillermo Calvo
El magistrado Juan Carlos Peinado ha transformado la pieza separada abierta contra la esposa del presidente de Gobierno, Begoña Gómez, por malversación para que se siga por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Se abre así la vía para que sea juzgada por ... un jurado popular en relación con la contratación de la asistente de Presidencia.
El delito de malversación está definido en el código penal como el acto de apropiación de patrimonio público que la persona tenga a su cargo por razones de sus funciones; destinarlo para usos privados, aun sin ánimo de apropiárselo; administrarlo de diferente forma a la que está destinado o falsearlo y facilitar a terceros documentos sobre su la contabilidad. Cabe aclarar que la ley define el patrimonio público o todo el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a las Administraciones públicas.
Castigos que conlleva
Este delito por el que Begoña Gómez podría ser juzgada puede ser castigado con penas de entre dos y seis años de prisión, pudiendo ser de entre cuatro y ocho si se hubiera causado un daño o entorpecimiento graves al servicio público. La pena cambia en el caso de destinar para uso privado patrimonio público sin ánimo de apropiárselo: de seis meses a tres años.
Además, la malversación puede conllevar la inhabilitación del cargo o empleo público durante un periodo de tiempo o de forma indefinida, multas y la prohibición de presentarse como candidato a procesos electorales.
Esta rama de la investigación estuvo centrada en los posibles trabajos privados que habría realizado la asistente de Moncloa, Cristina Álvarez, para la mujer del presidente, apartándose de sus funciones públicas. Cabe recordar que fue a principios de este mismo mes de septiembre cuando el magistrado tomó declaración a ambas. La asesora se acogió a su derecho a no declarar y Gómez sólo respondió a su abogado.
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