Begoña Gómez reconoce que Cristina Álvarez pudo hacerle «algún favor» como amiga, pero descarta ilegalidades

El magistrado ve indicios de que tanto ella como Cristina Álvarez, su asesora en la Moncloa, pudieron hacer un uso inapropiado de fondos públicos porque la segunda realizase funciones para Gómez de su ámbito profesional o privado, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que no estaban recogidas en las atribuciones para las que fue contratada en julio de 2018, nada más llegar Sánchez al Gobierno, por la Secretaría General de Presidencia.

Contestando únicamente a las preguntas de su abogado y durante apenas dos minutos, Gómez ha admitido que en alguna ocasión excepcional pudo pedir ayuda puntual con algún correo electrónico a su asesora, pero que se trató de algo muy esporádico y debido a que tenían una relación de confianza que venía de atrás, pues Álvarez trabajó con ella en el ámbito privado previamente. La mujer del presidente del Gobierno encuadró ese apoyo dentro de la legalidad.

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Durante su breve declaración, Gómez ha repasado las funciones para las que Cristina Álvarez fue contratada, que ya habían sido explicadas por la Secretaría General de Presidencia en un informe que el instructor pidió a Moncloa. Ha recordado que éstas eran llevar su agenda oficial y tener conocimiento de la particular para poder coordinar y cuadrar sus eventos. Por eso, ha sostenido, pudo estar en copia en alguno de sus correos profesionales de la universidad. También ha dicho que en ocasiones la acompañaba a actos oficiales puesto que debía ocuparse de coordinar su protocolo y garantizar su seguridad. Begoña Gómez ha defendido, según fuentes jurídicas, que esos apoyos puntuales de Cristina Álvarez no afectaron al cumplimiento de las funciones para las que fue contratada en Moncloa. Este ya fue un argumento utilizado en el último recurso de la defensa de la mujer de Sánchez ante la Audiencia Provincial, en el que pidió a la Sala revocar la decisión del juez de incluir cientos de correos intercambiados entre ella y Cristina Álvarez y de ellas con otros destinatarios sobre aspectos profesionales.

Tanto Gómez como Álvarez estaban citadas este miércoles a declarar como imputadas por el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, que ve indicios de que pudieron incurrir en malversación de caudales públicos puestos que, a pesar de que Álvarez fue contratada por la Secretaría General de Presidencia para ocuparse de acompañar a la mujer del presidente y garantizar su seguridad, llevar su agenda y organizar actos de protocolo, también envió correos electrónicos de su ámbito profesional en la Complutense, así como a patrocinadores de la cátedra extraordinaria que impartió Gómez en dicho centro público.

Por otro lado y en otra pieza de la causa, se investiga a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias ante la sospecha de que consiguió impartir dicha cátedra por ser quien era, puesto que no contaba ni con una licenciatura y recibió al rector de la universidad pública madrileña, Joaquín Goyache, en Moncloa para proponerle ella misma el plan de estudios y ponerlo en marcha gracias a patrocinadores con los que, según los correos incautados, también contactó Cristina Álvarez.

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Por su parte, Cristina Álvarez, que estaba citada para declarar también como investigada a las 11 de la mañana, una hora antes que Begoña Gómez, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Como en anteriores ocasiones, por motivos de seguridad Begoña Gómez ha accedido a los juzgados de la madrileña plaza de Castilla en coche, por el garaje. En el exterior, agentes de la Policía Nacional han alejado a unos 100 metros del edificio judicial, a la altura de la calle Bravo Murillo, a la veintena de manifestantes que se concentraron contra Gómez y Sánchez. Con cánticos de «Sánchez, a prisión» y acusando a Gómez de «ladrona», se disolvieron al término de las declaraciones, que fueron a puerta cerrada.

El próximo 16 de octubre vence el plazo que tiene el magistrado instructor y, entonces, deberá decidir si prorroga la causa seis meses más para continuar practicando diligencias de investigación. Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción entre particulares, apropiación indebida y malversación. Considera que, aprovechando su condición de esposa del presidente del Gobierno, buscó mejorar su situación profesional en la Universidad Complutense de Madrid, pública.

En este momento, la Audiencia de Madrid debe resolver hasta ocho recursos que la defensa y las acusaciones han ido planteando. Entre ellos, los últimos de Begoña Gómez y Cristina Álvarez contra la última imputación de la malversación. Fuentes jurídicas trasladaron que no hay una fecha prevista ni máxima para que la Sala vaya resolviendo. El juez Peinado se jubilará en septiembre de 2026, cuando cumple 72 años, por lo que la causa, como máximo, podrá extenderse hasta esa fecha. La investigación al entorno más próximo de Sánchez, junto la que hay abierta contra su hermano en Badajoz, donde ya está procesado en un juzgado, es la principal arma de la oposición contra él.