Las víctimas de la inquiokupa 'vulnerable' que gana 2.600 euros: «Nos ha arruinado y la carga psicológica es tremenda»

El 18 de septiembre es la nueva fecha para su desahucio, pero el matrimonio de caseros, que se ha arruinado literalmente, está curado de espanto. Ella no trabaja después de varias operaciones en la columna vertebral, llena de tornillos; él es operario de maquinaria y ni que decir tiene que su salario no se acerca al de la inquiokupa. Ambos están o han estado en tratamiento psicofarmacológico, con depresión y ansiedad.

«Me he pasado nueve meses de baja», relata Jesús a ABC, al borde de las lágrimas, en un banco cercano a la vivienda de marras. Reconoce con su mujer que esta situación ha pasado factura al matrimonio, después de más de veinte años casados. «Al final, nos culpamos el uno al otro de haber decidido poner el piso en alquiler», dice Lyda.

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La pareja adquirió el piso, de dos habitaciones y 50 metros cuadrados, por 145.000 euros, en la plaza de Extremadura de Leganés, hace dos décadas. Allí vivieron en armonía durante trece años, hasta que heredaron una vivienda y se trasladaron a Numancia de la Sagra, cerca de Illescas.

25 de mayo de 2021. Lyda Trujillo, de 53 años, y Jesús Jordán, de 49, eligen a Fumilayo Guadalupe J. S., nacida hace 35 años en Gran Canaria y de origen guineano, deciden alquilar el piso de Leganés y ponen un anuncio en prensa. «La inquilina anterior se marchó porque necesitaba algo más grande. Ella fue la mejor candidata, la más encantadora. Trabajaba como educadora social y, además, es escritora. Nos dijo que iba a vivir con su pareja y le pedimos las nóminas, pero como no le llegaban, pidió que en el contrato apareciera su tío, también escritor. La renta es de 550 euros y pagamos de hipoteca 607. A los pocos días, nos pide que el tío pasara a ser avalista, porque ella había solicitado una ayuda a la Comunidad de Madrid», confirman, mostrando el contrato original a ABC.

Desde el primer mes, prácticamente, les empezó «a chulear». Al mes siguiente, en julio, «pasó la primera quincena y no había depositado el alquiler». La respuesta de Fumilayo fue la siguiente: «No tengo la culpa de que esto no se pueda domiciliar», algo lógico si Lyda y Jesús no son una empresa. Le explicaron que lo único que tenía que hacer es una transferencia, a lo que espetó: «Yo no tengo tiempo para ir al banco para hacer estos ingresos». Algo más absurdo aún cuando estos pagos se realizan en medio minuto desde un teléfono u ordenador. Y no será por un buen móvil, pues del cuello de la inquiokupa cuelga un flamante iPhone de más de mil euros.

Sus caseros le explicaron que ellos necesitaban pagar su hipoteca religiosamente, a lo que Fumilayo contestaba: «Eso no es problema mío. Si tienes una hipoteca, no te voy a solucionar tu problema», narra Lyda. En resumen, pagó junio, julio de manera demorada, agosto y septiembre de 2021, y en octubre no ingresó nada: «Ya lo he transferido pero no he verificado que lo hayas recibido». Era una patraña y lo que hizo fue abonar esa mensualidad y la de noviembre juntas. Pero llegó diciembre y solo pasó 250 euros. Menos de la mitad.

«Fue cuando me dijo: yo no voy a pagar, soy una persona vulnerable, tengo a dos menores a mi cargo y voy a solicitar una vivienda social. Y me colgó», explica el matrimonio, que en seguida puso en marcha la maquinaria legal. Y, a partir de entonces, nunca les ha vuelto a contestar y solo, «como estrategia, hace un solo ingreso al año».

Pero pasó algo más: dos veces le inundó la vivienda a la vecina de abajo. Decía que se le atascaba la bañera, pero al parecer ambos episodios vinieron porque dejaron los grifos abiertos y llenó de agua el piso inferior, el 2ºA: «Le destrozó la casa y Fumilayo dijo que se lo tenía que arreglar. Mi abogada me dijo que lo hiciera, no fuese que encima nos denunciara. A los tres meses, se rompió el termo y el agua caía como una cascada sobre la vecina, de madrugada. Para colmo, me llamó un familiar de la inquiokupa para que se lo arreglara, porque ella estaba en el extranjero».

A raíz de aquello, les subieron la cuota del seguro de hogar. «Le llegué a decir a mi vecina que me haría un favor si me denunciaba, porque repercutiría en la morosa; pero no quiso porque me conoce de toda la vida. Eso fue a finales de 2022», cree recordar Lyda, dentro del barullo de problemas que viene causando la denunciada durante más de tres años.

En febrero de 2022 pusieron la denuncia. Y se inició otro calvario, el judicial, con más vueltas de tuerca que un culebrón. A la primera citación, el 30 de mayo, no se presentó porque dijo que estaba en Guinea Ecuatorial para ver a un familiar. El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Leganés es el que lleva el asunto. El primer lanzamiento iba a ser el 11 de julio, pero la okupa apeló alegando que era vulnerable.

ABC ha tenido acceso al documento de Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que reza: «Se aprecia vulnerabilidad social o económica. Familia monoparental formada por la demandada y sus dos hijos menores de edad. La estabilidad económica depende de la cabeza de familia, quien no cuenta con respaldo del padre de los menores. Desde 2009 su situación es precaria e inestable, con contratos temporales». Todo de palabra, sin documentos, según afirma Lyda Trujillo.

Hubo nuevas vistas en mayo de 2023. La sentencia de entonces declaraba «resuelto el contrato» de la finca, «debiendo quedar la misma a disposición del demandante, procediéndose al lanzamiento si no la abandona antes». Se condenaba a costas a la morosa y al pago de 8.500 euros por las mensualidades de hasta ese momento, además de a las posteriores impagadas desde 2023.

Y la canaria recurrió en apelación a la Audiencia Provincial. Diez meses después, la Sección Vigésima confirma la condena de Fumilayo. Porque considera que «la parte demandada no alega nada sobre los impagos, aparte de quererlos justificar con su mala situación económica». «Ya se verá si llegan informes al respecto, pero hoy lo que constan son impagos y una deuda». Se rectifica la sentencia anterior por una corrección.

La Audiencia Provincial dictó al juzgado de Leganés que estableciera una fecha para el desahucio. Y estaba previsto para el pasado julio, hace un mes, aunque la demandada volvió a recurrir. Pero la abogada del matrimonio resalta que uno de los documentos aportados por Fumilayo es su última nómina, de 2.620 euros, el doble de la media española. «Es evidente y objetivo que excede holgadamente el límite» para ser considerada vulnerable.

Y ahora lo que hay es una nueva fecha de lanzamiento, para el 18 de septiembre. «Nos debe más de 15.000 euros, en concepto de rentas no pagadas; porque ese piso nos cuesta más de 750 euros mantenerlo cada mes, en concepto de la hipoteca, derramas, comunidad, el IBI, el seguro de la casa, la tasa de basuras...», añade Jesús.

Ahora viven Fumilayo, su pareja, dos hijos menores y una sobrina mayor de edad, que está ahí empadronada y «que dicen que está trabajando». El alquiler supone el 20,99% del sueldo de la inquilina, sin tener en cuenta los ingresos por su actividad de escritora ni los que genera su sobrina Aurora, «que debió ser acreditada por la parte contraria», alega la abogada de Jesús y Lyda.

La pareja, que no es ni una gran tenedora ni dispone de fortuna alguna, se ha quedado sin sus ahorros de toda la vida. «Vivimos solo con mi sueldo», apostilla él: «Nuestro hijo empieza ahora la universidad. Hemos pagado 1.200 euros de matrícula. Ese piso iba a ser para él, para que viviera ahí y no tuviera que transitar la A-42 todos los días, que es una carretera infernal, para ir a la Complutense. La carga psicológica es insoportable, no podía salir de casa. Estamos desolados».