El teléfono antiokupación de la Comunidad de Madrid ha recibido 3.106 llamadas y libera 34 pisos

Los consejeros de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, se reunieron este jueves con la Plataforma de Afectados por la Ocupación, que les planteó los problemas a los que se enfrentan cuando sufren una ocupación.

El Gobierno regional ha instado al central a que defienda «a los legítimos propietarios ante el problema de la ocupación ilegal de viviendas en España, creando un marco de seguridad que permita a las familias recuperar sus casas en un plazo de 24 horas».

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Rodrigo fue tajante en su diagnóstico: «La ocupación es un delito y como tal se debe combatir». De hecho, no sólo es un problema que afecta a los propietarios particulares, sino que «la Administración autonómica es una víctima más porque sufre esta problemática en distintos pisos propiedad de la Agencia de Vivienda Social (AVS)», que también están ocupados.

En efecto, añadió, «pese a que la AVS cuenta con un sistema de protección y alarma que detecta cualquier intento de ocupación, la normativa actual ampara a los ocupas y nos obliga a iniciar expedientes que se alargan demasiado», añadió el consejero Rodrigo.

Para él, es necesario «que el Gobierno Estatal actúe cuanto antes contra esta lacra que cada día se cobra más víctimas en España y piense especialmente en los propietarios que han invertido todos los ahorros de una vida en esas viviendas y ahora sufren la impotencia de no poder acceder a ellas».

El consejero Carlos Novillo informó sobre el servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid, que está integrado en el Centro de Coordinación Municipal (CECOM), dentro de la sede del 112, desde donde facilita el trabajo de las distintas fuerzas policiales que operan en la región, así como su cooperación con los efectivos de emergencias.

«Su utilidad radica en que ofrece una respuesta inmediata a los perjudicados por este delito contra la propiedad privada y unifica en una sola llamada todos los recursos de la Administración autonómica», es decir, los servicios sociales, las actuaciones judiciales y las policiales.

Este servicio funciona desde junio de 2022, y hasta la fecha ha tenido un total de 3.106 llamadas. Desde entonces, 185 ciudadanos madrileños han sido atendidos por este servicio alertando de una ocupación en curso de su propiedad privada, y 324 han solicitado ayuda porque el inquilino se había quedado en el domicilio sin pagar el alquiler.

Además, en 34 ocasiones los profesionales han podido evitar la ocupación de una vivienda o desalojar la misma, tras recibir una llamada al teléfono 112 Ocupación e iniciar el procedimiento.