Qué propone cada partido para solucionar el problema de la vivienda en Madrid

Y similar es la situación en los alquileres, donde los expertos hablan de subidas mensuales de más de un punto desde marzo y del 10 si se compara con abril del año pasado. Este dato además se eleva en distritos del norte y la almendra central, como Salamanca o Chamberí, entre otros.

A menos de una semana para las elecciones municipales y autonómicas, las formaciones políticas se dividen entre quienes quieren aplicar la Ley de Vivienda (topes al alquiler, definición de zonas tensionadas y recargos a los pisos vacíos) y aquellos que se muestran contrarios a esta medida, como es el caso de Isabel Díaz Ayuso.

En ABC explicamos las medidas más significativas de los principales partidos de cara a las elecciones municipales y autonómicas en materia de vivienda.

Díaz Ayuso propone crear un nuevo modelo residencial con 1.200 viviendas para facilitárselas a los jóvenes. «Vamos a construir viviendas para menores de 35 años, con uno o dos dormitorios, que se alquilen por menos de 600 euros al mes», señala en su programa.

Desde el Partido Popular pretenden desarrollar un plan de alquiler con opción a compra dirigido también a menores de 35 años. La idea es que tengan un precio asequible durante un máximo de 10 años y, una vez pase ese periodio o se llegue a la edad establecida, «podrá convertirse en dueño de la vivienda con el descuento de gran parte de las rentas que ya ha pagado».

Entre sus propuestas también se encuentra la ayuda a los jóvenes en la compra de su primer inmueble, «apoyándoles en la obtención de un crédito cuando no tengan dinero ahorrado para la entrada de un piso», indica. De esta forma se facilitará a través de convenios con las entidades bancarias la concesión de hasta el 95% de la hipoteca.

Y como ha repetido en numerosas ocasiones a lo largo de la campaña quiere incrementar la ofreta de viviendas en alquiler para facilitar su acceso y que así se reduzcan los precios. Esto quiere hacerlo promoviendo la salida al mercado de casas vacías que necesitan ser reformadas. «El propietario dispondrá luego de una vivienda rehabilitada y en condiciones de ser alquilada o vendida, si así lo desea», subraya.

Por su parte, José Luis Martínez Almeida pretende impulsar la construcción de 204.000 viviendas y promover mediante colaboración público-privada la construcción de 12.000 pisos, de precios asequibles, de los que el 50 por ciento se destinarían a los jóvenes.

Además ha mencionado la compra de edificios ruinosos en el centro para dedicarlos a la vivienda pública y la distribución del 10 por ciento de los inmuebles municipales entre los colectivos más vulnerables.

El candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el PSOE, Juan Lobato, aboga porque la autonomía madrileña cuente con 250.000 viviendas sociales, siendo una gran parte de ellas destinadas al alquiler.

Además propuso a principios de año mejorar el Bono Alquiler Joven con 100 euros adicionales y crear una ley que garantice una rebaja de 300 euros en el alquiler a los jóvenes ya emancipados que no superen determinados niveles de renta.

Esta medida sería incompatible con otras similares como el Bono Alquiler Joven y ningún miembro del hogar podría tener una vivienda en propiedad a la hora de solicitar esta ayuda.

Por otra parte, desde el PSOE pretenden apoyar a las personas que quieren comprar una casa mediante créditos del Instituto de Crédito Oficial o Aval Madrid, una sociedad que da financiación o subvenciones a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores.

En su programa hacen mención también a la regulación del uso de las viviendas turísticas y la mejora de programas de ayudas a víctimas de violencia de género, personas que están en riesgo de desahucio, sin hogar y aquellas que viven de alquiler y están en una situación vulnerable. Así como dar ayudas para rehabilitar y comprar viviendas en los pequeños municipios.

Este partido promete en su programa aumentar el parque público de vivienda con la compra de 10.000 inmuebles. La candidata de Más Madrid a la Presidencia de la Comunidad, Mónica García, manifestó además que si gobierna impulsará 8.000 viviendas públicas con precios «asequibles» para un alquiler de entre 300 y 600 euros.

García trasladó que su compromiso es que «nadie invierte más del 30% de sus ingresos en la vivienda». Ahora en la ciudad de Madrid se destina el 44,2% de la renta familiar en pagar el primer año de hipoteca.

También propondrá a pequeños propietarios, en el caso de que gobierne, un acuerdo con las administraciones públicas donde a cambio de realizar la rehabilitación de su vivienda vacía y recibir una parte de la renta, se ceda temporalmente el uso de esta para destinarla al alquiler a un precio ajustado.

Por otra parte ofrece a los pequeños propietarios la posibilidad de acogerse a un servicio que brindaría la administración para alquilar su vivienda: «Este servicio incluye desde la búsqueda de inquilinos hasta la garantía en el pago de la renta mensual, pasando por los arreglos de los desperfectos, así como todas las gestiones administrativas. Así, las personas que alquilan acceden a una vivienda asequible y las que arriendan tienen garantizada una renta segura con un coste mucho menor en comparación con las agencias privadas que ofrecen este tipo de servicios», explica en su programa.

García busca por otra parte regular los pisos turísticos y pretende hacerlo con el refuerzo de inspectores que hagan cumplir la normativa ya existente. «Y prohibiremos por ley la venta de vivienda pública y convertiremos en perpetua la calificación de la vivienda protegida», añade.

Vox es mucho más escueto que el resto de partidos en el tema de la vivienda. El partido por el que se presenta Rocío Monasterio a la presidencia de la Comunidad de Madrid y Javier Ortega Smith por la Alcaldía busca garantizar el acceso a la vivienda liberalizando todo el suelo que no esté especialmente protegido. «Su regulación provoca una escasez artificial que eleva los precios y ha sido el principal foco de corrupción política», defienden.

En su programa señalan también la construcción de viviendas sociales para garantiza que los jóvenes y familias puedan tener un hogar.

La candidata de la formación naranja por la Alcaldía, Begoña Villacís, prometió que financiará parte de la entrada en la compra de un inmueble a los jóvenes menores de 30 años. «Con este programa de avales, el Ayuntamiento de Madrid asumiría el 20% de la entrada para la adquisición de una vivienda», anunció.

Y defiende en su programa la deducción del IRPF a propietarios que pongan su vivienda en alquiler. En este sentido habría una bonificación del 95% para aquellos que pongan su vivienda a disposición del alquiler por parte de las administraciones públicas, como el programa ReViVa del Ayuntamiento de Madrid; y una bonificación del 80% para aquellos que alquilen vivienda a menores de 35 años.

La formación morada apuesta por un parque público de vivienda de alquiler social para personas con los ingresos más bajos. Y para conseguirlo propone que las Administraciones Públicas puedan comprar de forma prioritaria cualquier inmueble que se ponga en venta por parte de grandes tenedores y recargos del IBI para pisos vacíos. «Existirá la posibilidad de que la Administración pague el justiprecio de forma automática y adquiera la propiedad si está inhabitada durante más de cuatro años», señalan en su programa.

También abogan por el establecimiento de un impuesto al 'flipping': «Cuando una vivienda se venda antes de que hayan transcurrido dos años desde su adquisición, a menos que exista una razón de fuerza mayor, se cargará al vendedor un impuesto igual al 20 % del precio de compraventa», exponen desde Unidas Podemos.

Alejandra Jacinto, su candidata por la Comunidad de Madrid, quiere poner en marcha, a través de leyes autonómicas, la posibilidad de adquirir de forma directa (por motivos de urgencia o necesidad) las viviendas que pertenezcan al mercado privado.

Y también defiende la intervención de los alquileres, la oposición a los desahucios sin una vivienda alternativa digna y asequible y la limitación del número máximo de alojamientos turísticos. Además proponen planes de rehabilitación para familias de bajos ingresos en barrios y edificios vulnerables, «en los cuales la Administración cubrirá el 100 por cien de la obra».