La norma de Almeida para regular los pisos turísticos en Madrid: licencias congeladas hasta 2025 y multas de 190.000 euros

Hace meses que el equipo de Almeida prepara su nueva normativa, y durante meses no ha trascendido ningún detalle, salvo que el Ayuntamiento de Madrid pretendía ampliar el régimen sancionador. Aunque el consistorio no dispone de una normativa específica para sancionar los pisos turísticos, las multas se acogían a un proceso administrativo. Primero, una orden de cese de actividad y, si el propietario del piso turístico no acataba, multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. A partir de ahora, cuando un inspector municipal verifique que una vivienda opera sin licencia, el ayuntamiento se acogerá a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que tipifica como infracción grave la implantación de un uso incompatible con la ordenación urbanística.

En la práctica, el procedimiento cambia. Primero, aviso de cese para restablecer la legalidad. En caso de incumplimiento, sanción firme de sanción firme de 30.001 euros. Si continúa la actividad irregular, segunda sanción firme de 60.001 euros. Si persiste, tercera sanción firme de 100.001 euros. Estas multas son acumulativas, por eso, un infractor se puede enfrentar a un monto de 190.003 euros.

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Según los datos municipales, las viviendas de uso turístico en Madrid han aumentado un 41% desde 2017. Son 5.564 pisos turísticos más en siete años, el mismo periodo en que se han creado 50 establecimientos turísticos (hoteles, pensiones, hostales) en la ciudad. El registro de estos apartamentos es complicado ―algunos hablan de unos 25.000 pisos turísticos―, pero el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha hecho sus cuentas: de los 14.699 establecimientos turísticos de la capital, el 92% son VUT (13.502), pero solo 941 funcionan con licencia municipal (y otras 151 están en tramitación). Y la concejalía ha decidido congelar estos permisos hasta el próximo año.

Como ha informado Almeida en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, las nuevas licencias se paralizan hasta que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el enorme texto que recoge las normas del urbanismo madrileño. El Gobierno municipal pretende dar luz verde a los cambios en septiembre, con su aprobación inicial en la Junta de Gobierno, y, tras superar los meses de tramitación y burocracia, autorizarlo definitivamente en el Pleno a lo largo del primer trimestre de 2025. Después lo validará la Comunidad de Madrid y esa modificación sustituirá al plan de Carmena. En los «próximos días», según ha dicho el regidor, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, comenzará las reuniones con el sector y los afectados para trabajar en la redacción de esta modificación del PGOU.

Esa medida ya ha entrado en vigor, lo primero que ha anunciado Almeida en la rueda de prensa: «Tiene efectos inmediatos, a partir de este momento no se concederán licencias». Esta suspensión temporal afecta a dos tipos de usos, contemplados en el Plan Especial de Hospedaje. Hasta 2025 no se concederán licencias de uso residencial para VUT dispersas ni licencias para la transformación de local a vivienda en los ejes comerciales del distrito Centro. Tampoco para VUT en edificaciones distintas al ámbito residencial que se sitúen en planta baja.

El poco músculo inspector ha sido una de las críticas constantes de la oposición, y Almeida realizará un refuerzo especial durante el verano. La plantilla, que cuenta actualmente con 65 inspectores, dispondrá de otras diez personas (un 15% más), durante los próximos meses. La cuarta y última medida de este «plan de acción» intentará clarificar el mapa de pisos turísticos y, a lo largo del mes de mayo, el Ayuntamiento de Madrid publicará un listado oficial de las viviendas con licencia municipal (ahora, 941) y su ubicación.

Hace semanas que Carabante advirtió que la nueva normativa no contentaría a nadie, ni al sector ni a los vecinos que sufren sus molestias. Los empresarios proponían un teléfono de atención al vecino y mediadores para pacificar los edificios donde convivían residentes y turistas, mientras los vecinos claman que la aplastante mayoría es ilegal. Y hay un asunto que Almeida no ha mencionado y que es la causa de que el 92% de los pisos turísticos incumplan la ley. La obligación, impuesta por Manuela Carmena hace dos mandatos, de que estos apartamentos dispongan de un acceso independiente a la calle. Este criterio tendrá que esperar a 2025, a esa modificación del Plan General de Ordenación Urbana.