Las denuncias a pisos turísticos en Madrid se disparan un 70% en el último año

Es el dato que arroja el último informe de gestión de la Agencia de Actividades, el organismo del Ayuntamiento de Madrid encargado de tramitar las licencias y declaraciones responsables –por obras, permisos urbanísticos y de funcionamiento de actividades– y de ejercer las oportunas inspecciones. En el apartado de los pisos turísticos, la oficina que depende del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha recibido en nueve meses un total de 1.015 escritos y el 47,5% de ellos son denuncias, según consta en el informe al que ha tenido acceso ABC. La gran mayoría, 410 de esas 482, son quejas vecinales, que se han incrementado un 68% respecto al año pasado, cuando se registraron 244. Las 72 restantes proceden de la Policía Municipal, Medio Ambiente o de las juntas de distrito, y también han aumentado, un 89%, frente a las 38 contabilizadas entre enero y septiembre de 2022.

Noticia Relacionada

El Ayuntamiento de Madrid cierra 130 pisos turísticos ilegales a lo largo de 2022

C. De Quiroga

El 9% de las denuncias particulares que reciben los inspectores de la Agencia de Actividades corresponde a estas viviendas

La denuncia es el primer paso para abrir un expediente y, tras varios meses de trámites, que el consistorio pueda ordenar el cierre de un piso turístico ilegal. Es lo que se denomina restablecimiento de la legalidad urbanística. A pesar de que las denuncias se han multiplicado, el citado informe muestra la mitad de expedientes iniciados (237) y de resoluciones (243). Son 62 resoluciones menos que en 2022. La oposición en el Palacio de Cibeles ya ha criticado estas cifras. Pero el informe revisado por ABC, no obstante, justifica esta reducción en las resoluciones: «Se ha podido comprobar la baja efectividad de las inspecciones en esta materia, toda vez que el ejercicio de la actividad de viviendas turísticas se oculta, siendo indetectable su ejercicio durante la inspección urbanística».

En 2018, los técnicos municipales detectaron un 14,5% de los negocios inspeccionados y con expediente abierto; en 2023, apenas un 4,8%. Este argumento explica por qué el Ayuntamiento de Madrid realiza menos inspecciones. Se hace con un objetivo: agilizar la burocracia para que la notificación de cese tarde tres meses menos y se atajen antes los apartamentos ilegales.

Hasta la fecha, los tiempos administrativos y las dificultades de controlar un negocio que opera en la sombra complican el cierre de los pisos turísticos, que puede demorarse, al menos, siete meses. O podía. La Agencia de Actividades ha incorporado un nuevo modelo de tramitación para ahorrarse varios pasos (y muchas inspecciones).

«Si se comprueba la presentación de declaración responsable turística [...] y la actividad no dispone del correspondiente título habilitante municipal, se iniciará procedimiento de cese (sin necesidad de inspección)», reza el mismo informe. La inspección 'in situ' se reserva «únicamente» a los casos en que no haya declaración responsable, una suerte de permiso exprés que entrega el propietario del piso turístico acreditando que cumple la normativa.

Con el nuevo método, el inspector ya no visita el apartamento, sino que comprueba las bases de datos del Registro de Empresas Turísticas de la Comunidad de Madrid. Y el plazo de tramitación se constriñe tres meses, de los siete anteriores a cuatro, hasta la notificación final del cese de actividad. «El tiempo que se empleaba en realizar inspecciones infructuosas revierte en una mayor agilidad a la hora de iniciar los procedimientos administrativos necesarios», corrobora el informe. Ceses más rápidos y, también, sanciones.

Es difícil saber cuántos pisos turísticos operan en Madrid. En mayo de este año, Exceltur los cifró en 19.406 (incluye vivienda completa, habitación individual y habitación compartida), 4.500 más que en los doce meses anteriores, la primera ciudad española del sector. El último recuento de la plataforma Inside Airbnb contaba 24.828 anuncios. Apenas un 5% disponen de licencia, de acuerdo a la medida del Gobierno de Manuela Carmena que obligó a estos negocios a contar con un acceso independiente a la calle.

Según los datos municipales, entre enero y septiembre de 2023 se han impuesto 87 sanciones y 205 multas coercitivas por incumplimiento de cese de actividad. Un total de 88 pisos turísticos han restablecido la legalidad. Esa actividad sancionadora corresponde a una «reorganización» que acometió Almeida con respecto a los pisos turísticos. El pasado octubre, el alcalde sentenció que la norma de Carmena «no ha funcionado» y que está estudiando una nueva regulación que estará lista en «los próximos meses».

Más allá de las llamadas VUT, la Agencia de Actividades sanciona todos los incumplimientos de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas y la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Hasta septiembre, el ayuntamiento ha recaudado 5,6 millones de euros, a partir de 725 resoluciones de las que 507 concluyeron en sanción, un 88% más que el año pasado.