Desalojo físico y emocional en la 'zona cero' de San Fernando de Henares por la línea 7B de Metro

Según la Consejería de Transportes e Infraestructuras, una vez comunicada la salida, la decisión final de elegir esta fecha y no otra para su ejecución correspondía al Ayuntamiento de San Fernando de Henares. Pese a que desde el ejecutivo que dirige Isabel Díaz Ayuso aseguraban días atrás que todos los damnificados «contarán con una solución habitacional cuyo coste será asumido íntegramente por el Gobierno regional, que igual que los suministros y la manutención», la indignación y el desconsuelo, tras quince años de problemas en la 'zona cero' del Corredor del Henares, no se han hecho esperar. Los residentes obligados a marcharse lo han hecho antes de la hora límite marcada, «por una cuestión emocional y psicológica». Se trata de dos mujeres con hijos, ambas propietarias, y dos inquilinos que estaban en régimen de alquiler.

Eva, la hija de una de las dueñas, sí que ha acudido junto a su hermano a la protesta, de la que su madre se ha ausentado por la difícil situación que atraviesan. «Esto es un drama», ha señalado, sin entender por qué la misma semana de la notificación recibieron una llamada previa de los técnicos en la que se les aseguraba que todo estaba bien. «El piso lo compró mi madre hace unos 20 años por 250.000 euros o así». En su caso, dejan un dúplex de alrededor de 100 metros cuadrados, tres cuartos de baño, cinco habitaciones... «Nos hemos ido a un hostal aquí al lado y ahora tendremos que buscar un alquiler» ha relatado, con el miedo aún en el cuerpo tras meses viviendo entre grietas, desniveles y otros desperfectos.

Los otros desalojados han sido igualmente trasladados a un apartahotel (o pisos de alquiler, una vez consigan firmar un contrato bajo las condiciones del Gobierno regional) y disponen de un servicio de guardamuebles si así lo solicitan. Una solución temporal a la espera de las indemnizaciones prometidas (con cantidades medias de 200.000 euros), que deberían recibir en el primer trimestre de 2023 si se cumplen las previsiones. La desconfianza, no obstante, ha vuelto a reinar en el enclave del desastre urbanístico. «Es poco más que un insulto. Los conceptos que desglosan son muy confusos, no incluyen los daños y perjuicios por los 15 años de abandono, el daño emocional y la propia pérdida física de la vivienda», ha explicado a ABC el portavoz de la plataforma, Alejandro Escribano.

De sus palabras se desprende el enfado por un peritaje, el de la Comunidad, a su juicio incomprensible. «Hablamos de casas que tienen menos de 25 años, algunas de 90 metros cuadrados y con equipamientos como piscina o garaje. Consideramos que el mínimo de la horquilla que tendrían que cubrir es de 350.000 euros», ha incidido. Solo el tiempo dirá si logran vencer la batalla. Y fuerzas para ello, visto el poder de convocatoria en la calle de Rafael Alberti, no les faltan.