Afectados por la línea 7B de Metro se atrincheran en el apartahotel hasta que Ayuso les ofrezca una solución «digna»

Fuentes acudió a las puertas de los apartamentos turísticos, en el polígono industrial de Las Mercedes, con la cámara colgada al hombro. Al mediodía, Marcela, una mujer de 95 años, salió del bloque entre aplausos. La siguió otra familia, cargada con sus escasas pertenencias. El Gobierno madrileño les ha proporcionado alojamiento y manutención a lo largo de un año, pero el contrato de emergencia que los amparó cuando sus casas fueron declaradas ruinas no puede extenderse más. La solución de la Consejería de Transportes e Infraestructuras es un pago de 798 euros durante seis meses. Unos se mudarán con familiares; otros se atrincherarán en el polígono.

«La ayuda es totalmente insuficiente, en San Fernando no hay viviendas y han tomado un baremo antiguo de un alquiler que no sé de dónde lo han sacado», critica José Luis Matas, un pensionista de 64 años. «Como nos habían prometido que íbamos a tener una alternativa habitacional siempre, como lo que nos han ofrecido es bastante indigno, no nos vamos a ir», zanja. En su camiseta blanca se lee: «¡Ayuso, responde, las casas se nos hunden!». La presidenta madrileña, que no ha visitado a los afectados, recibió la semana pasada en la Asamblea regional un libro escrito por uno de ellos. «Es un libro muy bien documentado, le vendría muy bien para enterarse de lo que está pasando», puntualiza Matas.

La construcción de la línea 7B ha comprometido los cimientos de 400 edificios. Hasta la fecha, 76 familias sufren el drama de perder su casa y la vida almacenada en ella. Y la incertidumbre. «¿Cómo te buscas un piso amueblado por 798 euros?», cuestiona Eva Medina, de 54 años. La casa que compró en 1994 quedó reducida a escombros en enero. Apenas tuvo media hora para recoger lo más importante. Pudo rescatar una fotografía de su madre, fallecida unos meses antes del caos. «Muchos no pudieron coger nada porque al entrar se derrumbaron», rememora su hijo Iván, filmador de cada episodio, «parecíamos unos ladrones en nuestra propia casa».

Eva Medina es comercial, también imparte clases de danza española, y tiene que asumir cada mes 1.100 euros de alquiler —su casera es una conocida que se ofreció para que dejase el apartahotel— y 579 euros de hipoteca por un inmueble inexistente. «Este mes, si no trabajo, no cobro», escenifica. Piensa en los seis meses que durará la nueva ayuda del Gobierno madrileño y si en ese tiempo se resolverán los 76 expedientes de responsabilidad patrimonial que desbloquearán las indemnizaciones. «Ahora el miedo es qué me van a dar por mi casa, por mis enseres», lanza Medina.

Este lunes, un día antes de revivir la angustia de un desalojo, los vecinos se reunieron con el consejero de Transportes, David Pérez, y el director general de Infraestructuras y Servicios, Ignacio García. Desde la consejería aseguran que les explicaron que el adelanto, un total de 4.798 euros por familia, no se descontará de su indemnización. Que el importe «está establecido por el Ministerio de Fomento para el municipio de San Fernando». Que añadieron un 14% más, correspondiente al IVA, para inflar la cantidad. Que si el alquiler de los próximos seis meses cuesta «un poco más» de 798 euros, la diferencia «se incluirá en la indemnización». «Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que la gente no se quede en la calle», aseveran desde la consejería.

Después de meses de angustia, la solución no convence a quienes este martes experimentaron un 'déjà vu'. «Dicen que no pueden dar más por ley, pero a veces la ley no concuerda con la realidad», lamenta Fuentes, «llevamos más de un año buscando pisos amueblados en San Fernando y no había, ese dinero es ridículo, hay que tener en cuenta los requisitos, como que algunos [arrendatarios] te piden 3.000 euros de ingresos, pero aquí hay pensionistas». Más de uno reconoció este martes que encadenan noches sin dormir, que necesitan pastillas para conciliar el sueño.

Noticia Relacionada

El fiasco de la línea 7B de Metro: 860 días cerrada y 30 millones de euros gastados en arreglos

Sara Medialdea

Metro vuelve a cerrar hoy, por novena vez desde que se inauguró, tramos de la línea para una nueva consolidación

Ítaca, el destino de estos vecinos que no parece acercarse, es la indemnización. Como informó ABC en agosto, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial estaba en el aire porque faltaba documentación. Los afectados, asesorados por abogados desde el principio, aseguraban haber entregado todo, mientras que la Comunidad no especificaba qué papeles faltaban. En la reunión de este lunes, ambas partes han acordado sentarse esta semana y poner sobre la mesa los documentos que necesita cada familia. «Luego ya, la burocracia, que va con sus tiempos», sostienen desde la consejería. Meses, como mínimo.

El apartahotel sabe que al menos cuatro de las once familias se quedan. Sus tarjetas de acceso pronto dejarán de funcionar. A partir de ahora, las habitaciones no se pueden quedar vacías. Mientras Matas está en la calle con el resto de vecinos, su mujer, Carmen, guarda el apartamento. El matrimonio aparece en el minidocumental de Fuentes, que recoge 21 testimonios de quienes lo han perdido todo.

«Hoy [por este martes] se cumple un año de todas esas vivencias», remarca Fuentes. La noche anterior organizó una premier íntima en el apartahotel, una «última cena» antes de que los vecinos se desperdigasen. «También he querido transmitir que esto no son apartamentos de lujo, que hemos perdido nuestra vida», aclara el joven realizador. Algunos, sin embargo, no tienen más remedio que resistir allí, hasta que la mismísima Ayuso los saque. Una afectada bromeó: «Pues traed sillas, que podemos esperar sentados».