Las obras de la línea 7B de Metro dejan sin casa ni alternativa a 24 familias: «Nos han partido la vida»

Las máquinas de cortar el pelo hace tiempo que desaparecieron de la peluquería de Andrés. Luego, lo hizo el propio negocio, también demolido. Ni casas ni lugares de trabajo con los que ganarse la vida han sobrevivido a lo que prometía ser una construcción faraónica y que ha terminado en desesperanza. Todo ocurre en la 'zona 0' de los desperfectos causados por el suburbano, la que conforman las calles de la Presa, Rafael Alberti, Pablo de Olavide y Ventura de Argumosa, aunque las afectaciones llegan ya hasta 17 vías.

Injusticia, incertidumbre, mentiras e indefensión son las palabras que más repiten los vecinos, marcados por el miedo de que sus casas se cayeran. Eva, Juan Antonio y Andrés no son los únicos: existen 76 expedientes abiertos y medio centenar de familias que han tenido que ser realojadas temporalmente por el Ejecutivo regional. De ellas, 24 están cerca de perder hasta ese techo esporádico. «Nos dejan en la ruina, no tenemos casas ni negocios. Nos lo han quitado todo. Nos han partido la vida», resume Andrés Ramírez, desde la zona más próxima a lo que era su peluquería a la que las obras le permiten acercarse.

Fue el 21 de septiembre del año pasado cuando recibieron la orden de desalojo inmediato. Les dieron 24 horas para abandonar sus inmuebles aunque, en teoría, iban a regresar a los tres meses. Al ser un tiempo reducido, la Comunidad de Madrid los realojó en unos apartahoteles de emergencia o se hizo cargo del alquiler de aquellos que tuviesen la opción de arrendar. Pero un año ha pasado, con el derribo de por medio, desde que están en las habitaciones provisionales y la emergencia concluye el próximo mes, coincidiendo con el aniversario. No saben qué será de ellos. «No nos han dado alternativas, no nos han ofrecido nada. Gracias a mi familia sigo adelante pero ahora, ¿de qué vamos a vivir?», se pregunta Andrés. De momento, tampoco han recibido ninguna indemnización.

El 1ºA de Rafael Alberti, 1, era el hogar de Eva Medina. Los cimientos del edificio se tambaleaban debido a la afección de un colector por el que tenían que salir las aguas subterráneas. El pozo de ventilación de Metro se inundaba, pero tardaron 14 años en notificar que estaba roto. Hicieron inyecciones para sujetar el esqueleto del edificio, en vano. «Pensábamos que el techo se iba a caer. Vivíamos con miedo. Hasta que llegó septiembre», comienza Eva su relato. «Nunca pensaba que la iban a tirar. Ni saqué la maleta porque era algo temporal», afirma.

En diciembre, volvieron 30 minutos a sacar sus pertenencias, aunque ahora preferiría no haber entrado. «Quien pierde su casa lo pierde todo. Pedí que me dijesen dónde iban a tirar los escombros para rebuscar e intentar encontrar algún recuerdo, pero hasta eso me negaron», cuenta. La Comunidad de Madrid asume las mensualidades del piso de alquiler que ella y su marido han buscado, pero en septiembre dejarán de hacerlo. Qué pasará el 21 de septiembre es todavía una incógnita.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso admite la situación, pero culpa a los vecinos de no «completar la documentación requerida». Es esto, según la Consejería de Transportes e Infraestructuras que dirige David Pérez, lo que está motivando el retraso en las indemnizaciones. «La mayoría de familias han solicitado ampliar el plazo de entrega de los papeles para poder finalizar el expediente de responsabilidad patrimonial«, dicen fuentes del área, aunque no especifican cuáles son esos papeles y solo dicen que »3 de 76 expedientes han presentado todo«. »Sin ellos no se puede resolver y pagar«, añaden.

Los vecinos lo niegan. «Toda la documentación que han requerido se ha entregado. Hasta la última, que fue a finales de julio, con el certificado de empadronamiento«, cuenta Mari Carmen Ramírez, vecina también de uno de los edificios demolidos y parte de la asociación de afectados, que representa a 55 residentes. »Solo falta el escrito de determinación de cuantía económica, la indemnización que solicitamos. La presentamos en mano en una reunión en la consejería el pasado jueves y no la quisieron admitir. Pidieron que la enviaros de forma telemática«, argumenta. Ella sigue haciendo frente a la hipoteca de 400 euros de un piso que ya no existe. El próximo mes, si nada cambia, tendrá que pagar un alquiler que no sabe si puede permitirse. Si no, ella y sus dos hijos, se quedarán en la calle.

El escenario, lejos de mejorar, empeora. El lunes, otras 30 familias ya desalojadas de los números impares de la calle de la Presa recibieron la declaración de ruina. Sus expedientes vencen en diciembre y temen correr la misma desgracia. Mari Carmen Cortés, dueña del 19, recuerda la fecha en que tuvo que marcharse: 20 de enero, a las 20.30 horas. «Llevan seis meses sin ponerse en contacto, dejándonos en el apartahotel», cuenta la damnificada. «No sabemos qué pasará». Esa incertidumbre es el peor de los daños para ellos, muchos en tratamiento psicológico.

Los problemas se extienden por Pablo de Olavide, desalojados en abril, como Isabel Bello-Morales y su hijo, Alejandro Escribano. «No tenemos casa, después de 22 años en ella», dicen. «Habíamos construido una vida, unas raíces y ahora nos vemos sin futuro por una negligencia que nos lo ha arrebatado todo», agregan.

El Metro ha truncado sus vidas y todos temen seguir los pasos de Nieves Jiménez, una de las primeras desalojadas, el 4 de junio de 2021, y su padre, Mariano, de 92 años. El Ejecutivo regional dejó de pagar el alquiler en abril y, pese a haber entregado todos los papeles, tampoco reciben la indemnización. «Como ya habían tirado la casa, dejaron de asumir el arrendamiento», asegura Nieves. Ese alquiler no era capricho, sino necesidad: Mariano no tenía adonde ir. «Lo peor es oír mentiras, el maltrato, sientes indefensión total», concluye. En San Fernando los vecinos ya no miran al cielo, sino a un suelo que temen que se venga abajo mientras aguardan soluciones que no llegan.