Los centros de 'menas' de Madrid alcanzan ya un 150% de sobreocupación

La llegada de menores inmigrantes solos ha desatado una guerra dialéctica entre el Gobierno regional y el Central -extensible a otras regiones gobernadas por el PP-. Los reproches son mutuos, y ayer mismo el secretario general del PSOE madrileño acusaba a Díaz Ayuso de «racismo puro» por poner pegas al reparto de 'menas', aprobado esta misma semana y que se hará, como dijo el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, «sin excepción» porque es ley.

La presidenta madrileña no tardó en reprocharle que «el Gobierno que expulsa a la Guardia Civil de regiones enteras, permite que los independentistas incumplan las sentencias, indulta a golpistas y malversadores, acerca a etarras y permite que los homenajeen y pone en la calle a violadores… .. Ahora amenaza con imponer por la fuerza un reparto sin procedimiento ni diálogo y sin proveer los medios como le obliga la ley».

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La Consejera de Familia, Ana Dávila, recordaba ayer mismo que «el Gobierno regional siempre cumple la ley», aunque hayan recurrido esta normativa ante los tribunales, al igual que otras once regiones, y esté a la espera de lo que se determine. Pero más allá de la bronca, Madrid protesta: el real decreto aprobado esta misma semana señala que la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros no acompañados en Madrid debe ser de 2.325 plazas.

Y que deberá recibir, del reparto que está haciendo el Gobierno central de estos menores procedentes de comunidades saturadas, a 647, por los que va a recibir 15,8 millones de euros, de acuerdo con los datos de la Ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Se supone que estos traslados serán sufragados por el ministerio y que el estado correrá con los gastos de acogida al menos durante los tres primeros meses.

Sin embargo, en Madrid desconfían porque hasta ahora, la situación que han vivido ha sido muy diferente: desde 2019, Madrid dice que ha tenido que atender a más de 11.000 de estos menores inmigrantes no acompañados. Y en 2024, fueron 2.442 los atendidos, lo que les costó 60 millones de euros en el conjunto del año. A cambio, señalan, recibieron 1,6 millones de euros del Gobierno central, que pactó con las comunidades el reparto y a Madrid le correspondieron en teoría 30 menores.

Otro inconveniente que destacan es que «en el Gobierno central diferencias las 'plazas mena' de las otras, cuando al final, la red de atención es una sola». Los menores inmigrantes muchas veces se van a los pocos días de llegar al centro de acogida, ya que su destino final no es Madrid sino pasar a otros países donde tienen familiares o amigos, como Francia o Bélgica. Pero si no se van, entran en la red de Servicios Sociales. Y ahí, apuntan en el Gobierno regional, hay muchos más gastos que sumar a los de la acogida: el coste sanitario y educativo de atender convenientemente a esos chicos, por ejemplo.

Madrid contabiliza unas 459 plazas en centros de acogida. Tiene tres: el de Hortaleza, el de la Casa de Campo y el nuevo que se abrió el año pasado en La Cantueña (Fuenlabrada) y que ahora se está ampliando precisamente por esta afluencia de menores inmigrantes. Precisamente este nuevo centro ha estado en el ojo del huracán desde que se anunció su creación, porque el alcalde de la localidad, el socialista Javier Ayala, se ha opuesto con todos los medios, incluidos los recursos a la Justicia, a su apertura.

El de Casa de Campo está sometiéndose a obras de mejora y reforma, sin que en ningún momento se haya cerrado.

La presión asistencial por la llegada de estos menores ha ido en aumento. Y eso que ahora, reconocen en Madrid, no son tantos los que llegan por el aeropuerto de Barajas, que durante algún tiempo denunciaban que se había convertido en un 'coladero': muchos compraban billetes de avión para destinos lejanos, con escala en Madrid, y al llegar aquí rompían la documentación y se quedaban, denunciaron en su día fuentes policiales. Las dos cartas que la consejera Dávila envió al ministro Marlaska, alertándole de la situación, parece haber conseguido su objetivo de frenar esta práctica, por el método de solicitarles un visado en el punto de origen.

No obstante, «los centros están al límite de capacidad», afirman sus responsables. «Bajó algo la presión antes del verano, pero en las últimas semanas ha vuelto a subir», precisan.

Mientras la situación continúa agravándose, sigue la polémica política en torno a estos traslados. «Yo acuso a Ayuso de racismo», decía ayer el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López. «No hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco por razones meramente políticas», le respondió la consejera Ana Dávila.

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno autonómico, acusaba el miércoles a Pedro Sánchez de ser «el último eslabón de los transportistas de estas mafias». Para el delegado del Gobierno, Francisco Martín, «la política insolidaria de la Comunidad es la marca de la casa; Ayuso ha estado desde el principio en el boicot de la respuesta a una emergencia humanitaria». A su juicio, todo porque «en la Comunidad de Madrid, el PP compite con Vox por un espacio político determinado» y eso «les lleva a posiciones tan extremas».