El Gobierno amplía ahora las plazas para los menores que piden asilo

Esta semana está previsto que se realicen dos nuevos traslados de menores solicitantes de asilo desde el centro de Canarias 50, habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones para la acogida temporal, o directamente desde los recursos gestionados por el ejecutivo canario. Según informaron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para cumplir con los objetivos marcados por el Ejecutivo central, la Secretaría de Estado de Migraciones está «en conversaciones con varias comunidades autónomas» de cara a poder cerrar «en los próximos días» más recursos para estos jóvenes.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró que «se va a incrementar también el número de comunidades autónomas con las que hemos trabajado y por tanto podremos hablar de un ritmo de derivaciones mayor». Incidió en la «complejidad» de todo el proceso y aseguró que están prestando especial atención a los más vulnerables», como son los más pequeños, las niñas y los menores con situaciones personales más complicadas.

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Además, el Gobierno canario ha solicitado la declaración de contingencia migratoria, ya que el archipiélago triplica en ocupación el número de plazas asignadas. Ante la ofensiva que ya han anunciado varias comunidades autónomas en relación con la distribución, tanto el ministro Ángel Víctor Torres como el presidente canario Fernando Clavijo adelantaron que acudirán a la Fiscalía si es necesario para exigir el cumplimiento. La ofensiva, lamentó el presidente canario, «ya la han anunciado», pero aseguró estar convencido «de la solvencia jurídica de los decretos y de las modificaciones normativas». Añadió que el trabajo que ha estado realizando el Gobierno de Canarias ha sido avalado por el Alto Tribunal «en las tesis que hemos mantenido desde el minuto cero». Canarias «aspira y desea que impere el sentido común al menos que no obstaculicen el cumplimiento de la ley y que piensen, insisto, en los niños y niñas».

Como destacó en la visita al buque Open Arms que está atracado en Santa Cruz de Tenerife, «no puede ser que 5.000 menores sean un problema en un país de 50 millones de habitantes». La visita del buque, dijo, «nos recuerda la necesidad de humanizar el drama migratorio, de mirar más allá de las cifras» y advirtió que «no se puede responder a la migración desde decisiones tomadas en los despachos ni utilizarla como arma política».

El Partido Popular continuó ayer con sus críticas por la forma de gestionar la crisis migratoria de los menores y, sobre todo, la forma de repartir las cuotas de cada comunidad autónoma dejando fuera a País Vasco y Cataluña. «¿Por qué tienen que venir obligatoriamente a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad Valenciana o al resto de comunidades autónomas sin saber si se tienen los recursos adecuados y sin desde luego poner encima de la mesa una memoria económica que garantice los recursos?», se preguntó la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, que criticó que se haga uso de esos menores «como una moneda de cambio con los gobiernos separatistas de este país».

Fúnez también fue muy crítica con el ministro Torres, que alertó el martes sobre el uso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si las comunidades se niegan a acoger a los menores que han solcitiado asilo. La dirigente popular reclamó al ministro de Política Territorial que utilice «a la Policía y a la Guardia Civil para controlar las fronteras y para luchar contra las mafias ilegales y no para amenazar a los gobiernos autonómicos del Partido Popular».

Mientras, Ceuta oficializó ayer lo que era un secreto a voces. Solicitó de forma oficial la declaración de la situación de contingencia migratoria extraordinaria al triplicar el número de menores que asiste en relación al número de plazas. La ciudad autónoma atiende a 520 menores pese a contar con 27 plazas que se pueden ampliar a 132.