Ayuso lleva la ley de Vivienda de Sánchez y Bildu al Tribunal Constitucional por invasión de competencias

«La ley aprobada con Bildu y ERC, invade competencias de las comunidades autónomas, contiene artículos inconstitucionales y graves errores jurídicos que perjudican seriamente al mercado inmobiliario y muy especialmente a los madrileños», ha escrito Ayuso en las redes sociales, después de que su Consejo de Gobierno aprobara la interposición del recurso ante el Constitucional..

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El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 27 de abril la Ley por el Derecho a la Vivienda, después de que PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu desbloquearan una norma que llevaba congelada desde febrero de 2022, y la aprobaron con prontitud para que pudiera estar en vigor antes de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, como gran reclamo electoral. El Senado dio luz verde definitiva al texto el 17 de mayo y la norma entró el vigor el día 26. Justo a tiempo para cumplir los planes electorales de Sánchez y sus socios.

La ley impone nuevos límites al incremento del precio del alquiler, rebaja la figura de gran tenedor de vivienda de los diez a los cinco inmuebles e impide desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor.

Cuando conoció el proyecto de ley, mucho antes de que fuera aprobado por las Cortes, Ayuso denunció la falta de diálogo y consenso para elaborar el texto y tuvo claro que lo llevaría ante el Tribunal Constitucional por invasión de competencias. La presidenta madrileña ha cumplido ahora su advertencia, dentro del plazo legal, que acaba el 25 de agosto.

Al mismo tiempo, el presidente nacional del PP incluyó en su programa para las elecciones del 23 de julio la derogación de la ley de Vivienda. En concreto, el compromiso expreso de Feijóo incluye un pacto de Estado sobre la vivienda que cuente con la participación e implicación de las comunidades y ayuntamientos y añade: «Derogaremos la ley de Vivienda, que ha generado inseguridad jurídica y no resuelve ninguno de los problemas de fondo del mercado de la vivienda».

El portavoz del Gobierno de Ayuso y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, ha sostenido que el recurso se presenta contra una ley estatal que está en vigor: «El acuerdo del Consejo de Gobierno es firme y, mientras la ley esté en vigor, el recurso tiene todo el sentido. Insisto, mientras esa ley esté en vigor».

La Comunidad de Madrid, con el respaldo de su Abogacía General, estima que la nueva ley de Vivienda se extralimita en la interpretación de las materias sobre las que el Estado, según el artículo 149 de la Constitución Española, tiene competencia.

El Gobierno madrileño ve argumentos para sostener la inconstitucionalidad de 11 apartados en 8 artículos de esa norma, así como de una de las disposiciones finales relativa a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según ha explicado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, el eje de su razonamiento está en el hecho de que la vivienda «es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid».

Los artículos recurridos se refieren al derecho de acceso a la vivienda, ordenación territorial y urbanística, vivienda protegida, vivienda asequible incentivada, declaración de zonas de mercado residencial tensionado, colaboración y suministro de información de los grandes tenedores en zonas de mercado residencial tensionado, concepto, finalidad y financiación de los parques públicos de vivienda y criterios orientadores en la gestión de los parques públicos de vivienda.

El recurso de la Comunidad de Madrid incide así «en la excesiva regulación por parte del Estado en lo que se refiere al derecho a la vivienda, a la normativa en materia sobre protección pública o a la definición de las zonas de mercado residencial tensionado».

El Gobierno regional mantuvo, durante la tramitación de la ley aprobada, que fórmulas como poner topes al alquiler solo provocarían un aumento de precios, y defendió que estos solo descienden con un incremento de la oferta. Cuando se supo que las comunidades tendrían que aplicar algunos de los puntos esenciales de la ley, esta región advirtió que Madrid no sería una de ellas de ninguna manera.

Ayuso denunció que esta norma es un «atropello de la propiedad» y que su consecuencia sería que se «desplomaría» la oferta de viviendas en alquiler. Y fue especialmente crítica con que Sánchez sacara esa ley adelante con los votos de ERC y Bildu. A su juicio, eso significaba que se va a «intervenir» la vivienda de los ciudadanos con el apoyo de quienes «atentan y odian» a España y «no han respetado ni la libertad ni la vida de nadie». Por todo ello aseguró, cuando la ley se debatía ya en el Congreso, que si bien ella preside un Gobierno «que cumple la ley», no aplicaría esa normativa estatal de vivienda «donde no sea obligatorio» y recurriría a los tribunales los aspectos de esta iniciativa que considera un «atropello contra la propiedad».

La decisión del Consejo de Gobierno sobre el recurso de inconstitucionalidad ha recibido una respuesta tajante de la oposición madrileña. En el PSOE, Juan Lobato ha lamentado que el PP esté «en lo de siempre, en retroceder en vez de avanzar». «Se aprueba una ley que da oportunidades de verdad, especialmente a jóvenes, de acceder a la vivienda, y el PP como siempre, derogando, censurando, recurriendo en este caso». El líder socialista madrileño apuntó que el PSOE está en todo lo contrario, «en avanzar y en conseguir más derechos y oportunidades para las familias».

En Más Madrid también se ha atacado a la presidenta: «Ayuso quiere blindar el derecho a la especulación contra cualquier avance en el derecho a la vivienda. En lugar de aplicar la ley se dedica a boicotearla», lamentaron desde los escaños de esa formación en la Asamblea.

Desde Vox, han aplaudido la decisión del Gobierno de Ayuso. Más aún, fuentes de este partido en Madrid han recordado que la intención de Vox es derogar la ley de Vivienda, «al igual que todas las leyes de Sánchez que atentan contra la libertad, la seguridad y la concordia de los españoles».