El Gobierno saca la ley de vivienda con ERC y Bildu, pero se deja en el camino al PNV

La norma se desbloqueó el 14 de abril, tras más de un año parada en la Cámara Baja, y PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu la han sacado adelante en apenas trece días, con el objetivo de que esté en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Ahora, el texto pasa al Senado, donde la intención del Ejecutivo es que se debata ya en el primer pleno de mayo para que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluso antes del arranque de la campaña electoral.

El contexto preelectoral, donde Pedro Sánchez ha lanzado una apuesta decidida en vivienda —con sucesivos anuncios de nuevas promociones de más parque público—, ha sido clave para el acuerdo que alcanzaron hace apenas dos semanas el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu. Desde febrero del año 2022, cuando el proyecto de ley aterrizó en el Congreso con la solicitud de que se tramitase por el procedimiento de urgencia, no se había producido ningún avance por desacuerdos entre los socialistas —que entendían que limitar de forma permanente las subidas del precio de los alquileres podía desvirtuar el mercado— y sus socios.

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Ahora, no obstante, se impondrán por ley nuevos límites al incremento del precio del alquiler, se rebajará la figura de gran tenedor de vivienda de los diez a los cinco inmuebles y se impedirá desahuciar a inquilinos vulnerables sin un acto de conciliación o arbitraje previo, especialmente cuando el arrendador sea un gran tenedor.

La ley de vivienda, último gran objetivo que tenía pendiente el Gobierno en la presente legislatura y uno de los dos que se había puesto para este 2023 —el otro, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, terminó ya en un sonoro fracaso—, ha permitido visibilizar una tregua entre la coalición y sus aliados independentistas, después del cisma que abrió la reforma de la ley del 'solo sí es sí' entre los socialistas y los principales actores de la denominada mayoría Frankenstein. No obstante, esa pinza con ERC y Bildu ha dejado esta vez por el camino a partidos como PNV y PDeCAT, que suelen ser fuerzas de máxima fiabilidad para el PSOE.

A la norma se le unen críticas de la oposición y de esos partidos que en otras leyes son respaldos seguros del Gobierno. El PP, Vox y Ciudadanos (CS) denuncian que la ley de vivienda favorece la 'okupación' al dificultar el desalojo de inquilinos en detrimento de los propietarios. Una valoración que ha generado estos días un fuerte debate entre la derecha y la izquierda por el choque de los derechos a la propiedad privada y a la vivienda. Por otro lado, aliados habituales del Ejecutivo como PNV y PDeCAT, así como otros partidos como Junts per Catalunya y Coalición Canaria, alertan de una invasión de competencias que pertenecen a las comunidades autónomas.

Unidas Podemos, en los últimos días, había tratado de impulsar también una limitación de las plazas de pisos turísticos al dos por ciento del número de habitantes de las zonas tensionadas. Una medida que descartó incorporar el PSOE a la norma, precisamente, alegando que suponía una invasión competencial. Un argumento, en este caso, también compartido por Bildu.

El debate ha transcurrido según lo previsto, con el Gobierno presumiendo de un «hito», argumentando que es la primera ley de vivienda que se aprueba a nivel estatal, y la oposición clamando contra una norma que ven intervencionista y amparadora de la 'okupación'. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez (PSOE), ha presumido del «intenso trabajo» en los casi tres años desde que se empezó a negociar y ha garantizado, al contrario que lo advertido por algunos de sus socios, que se respeta el marco de competencias.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Podemos), también ha tomado la palabra para defender la ley frente a «los bulos de la derecha y la extrema derecha» y para lanzar un mensaje de advertencia: «Esta ministra se pone a trabajar con todas sus fuerzas para que se cumpla hasta la última coma en todo el territorio de nuestro país». El aviso bien lo podría haber firmado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien este miércoles ya dijo algo similar al PP, aunque ni siquiera él se ha librado de los reproches de Unidas Podemos.

«Bienvenidas todas las viviendas que está anunciando el presidente, pero le diré que se está viniendo arriba. Para que sean posibles habrá que cumplir la ley hasta la última coma y dotar de recursos económicos», ha afirmado Pilar Garrido (Podemos), después de agradecer a Belarra que «jamás» tire la toalla. Ella, como antes Pilar Vallugera (ERC) y Oskar Matute (Bildu), ha llevado el debate a un eje ideológico izquierda-derecha. «Para nosotros la vivienda es un derecho, para ustedes, un negocio», ha afirmado también el socialista José Luis Ramos Rodríguez.

Los partidos del Gobierno respondían a la vez a las críticas de la oposición, con Ana Zurita (PP), Iván Espinosa de los Monteros (Vox) e Inés Arrimadas (Ciudadanos) clamando contra el intervencionismo y el supuesto amparo a la 'okupación', y a las de la derecha nacionalista, que después del debate ha comparecido conjuntamente para criticar la presunta invasión de competencias en la norma. Aitor Esteban (PNV), Míriam Nogueras (Junts) y Ferran Bel (PDeCAT) han mostrado su disconformidad en el escritorio del Congreso, desde donde han aprovechado para arremeter contra ERC y Bildu, a los que han acusado de permitir una «recentralización».

La lluvia de reproches no ha cesado: «No es una ley, es un anuncio electoral vacío», Inés Arrimadas (CS). «Le faltan cosas», Íñigo Errejón (Más País). «Esto es una competencia exclusiva rebajada a competencia compartida», Ferran Bel (PDeCAT). «Laminará las competencias», Mariona Illamola (Junts). «Consolida España como un paraíso para los okupas», Iván Espinosa de los Monteros (Vox). «Vuelve a ser moneda de cambio para tener a bien a ERC y a Bildu», Ana Zurita (PP). «Esta ley se extralimita en sus competencias e invade las de las comunidades autónomas», Iñigo Barandiaran (PNV). La ley de vivienda parte muy cuestionada al Senado.