Así viven los 3.700 menores bajo la tutela de la Comunidad de Madrid

Al terminar 2021, los menores con medidas de protección en la Comunidad de Madrid eran 3.714. De ellos, el 60,1 por ciento estaban en acogimiento familiar, y el 39,9 por ciento restante residían en alguno de los 102 centros de la red de protección de menores con que cuenta la Comunidad de Madrid. Son establecimientos de distinta tipología, con 1.800 plazas dispuestas para atender estas situaciones.

La inmensa mayoría de estos menores son nacidos en España. Su situación puede ser provisional -sus familias no pueden hacerse cargo de ellos temporalmente- o convertirse en definitiva, hasta que lleguen a la mayoría de edad. La ley obliga, desde 2015, a que se intente siempre una solución familiar para ellos: enviarlos con unos tíos o abuelos, o a una familia de acogida. El recurso al centro de menores es el último al que se acude.

Los menores de los que cuida la administración regional pueden encontrarse en dos situaciones: en unos casos, la Comunidad de Madrid tiene su tutela legal. Esto significa que se declara al niño en desamparo y se suspende provisionalmente la patria potestad de sus padres o tutores, pasando ésta a la institución. Con la ley en la mano, la administración pasa a tener todas las obligaciones que corresponden al tutor: tiene que velar por el menor, procurarle alimentos, educarle y darle una formación integral.

La segunda situación es la de guarda. En este caso, la administración ejerce las funciones guardadoras cuando el padre o la madre, o los tutores, así lo piden, porque existen circunstancias graves y temporales que les impiden ejercerla a ellos mismos. Cuando desaparece esa causa, finaliza la guarda y el niño vuelve con su familia.

La Comunidad de Madrid cuenta con una red de centros destinados al cuidado y acogimiento de los menores en situación de desamparo. Se procura en ellos promover la normalización de la vida del niño –para hacerla lo más similar a la de cualquier otro menor–, la coeducación -todos los centros son mixtos, salvo algunos de adolescentes-, y el fomento de la corresponsabilidad de los chavales.

La casuística de situaciones que llevan a un menor a ser tutelado es casi inabarcable. Cuando se da una urgencia relacionada con un maltrato infantil o una desprotección, lo primero que se hace es llevar al menor a un centro de primera acogida. Hay tres en Madrid, y allí se les da alojamiento y se cubren sus necesidades básicas, mientras la Comisión de Tutela estudia el caso y propone la medida que más se ajusta. Pueden estar allí entre 24 horas y varias semanas.

Del recurso de emergencia se pasa a otras soluciones, con la prioridad de enviarles a un hogar (de un familiar más o menos cercano o, si esto no es posible, a una familia de acogida). Si esto no es posible, existen los llamados recursos de Primera Infancia, para niños de 0 a 6 años. Allí se les acoge temporalmente, mientras se les busca una solución no institucional. El siguiente paso son las residencias infantiles: hay 26 en la región. Acogen a menores de 3 a 18 años.

Otra de las soluciones que se ofrecen son los pisos, donde pueden vivir chavales de 12 a 18 años bajo supervisión, y donde se trabaja en facilitar su inserción laboral y su independencia. Hay dos vías para facilitar su paso a la vida adulta: el Programa Junco, que les proporciona formación laboral e intermediación con las empresas para las ofertas de trabajo. Y el Centro de Día CIMTO, donde también se les introduce en el mundo laboral.

A los 18 años, la tutela finaliza y deben enfrentarse al mundo adulto. El estrés que les genera imaginar su vida sin apoyos a partir de la mayoría de edad es fácil de imaginar. Para intentar paliar este difícil momento, desde 2016 se pusieron en marcha convenios para jóvenes extutelados, entre 18 y 21 años, así como un convenio de inserción sociolaboral con la Fundación ISOS. Los recursos para esta franja de edad se ampliaron en 2018, ante el incremento de casos: de un centro se ha pasado a 17.

Para las situaciones en que, además del desamparo, el menor necesita atención profesional especializada, existen residencias específicas: hay nueve para menores con discapacidad, y seis para los problemas de salud mental, trastornos de la conducta o problemas de consumo de tóxicos; y también existe uno específico para víctimas de trata.