La cifra de menas cae por la pandemia y suponen solo el 7,2% de niños tutelados

Concretamente, a 31 de marzo de 2021, la Consejería de Políticas Sociales computa un total de 3.709 menores con medidas de protección en sus distintos recursos. De ellos, 2.637 (el 71%) son españoles y 1.072 son extranjeros (29%). De estos últimos, 269 son menas, lo que representa un 7,2% del total. Hace tres años comenzó el auge de estos niños tutelados, rondando los dos mil, mientras que en 2019 fueron alrededor de 1.500, según la Comunidad de Madrid, y 1.800 a tenor de los datos de la Fiscalía regional.

La polémica en torno a los menores solos es uno de los ejes de la campaña de Vox para estas elecciones autonómicas. El último capítulo ha sido el cartel publicitario en la estación de Renfe del partido de Rocío Monasterio y Santiago Abascal, afirmando que un mena ‘cuesta’ 4.700 euros al mes frente a la pensión de una anciana de 426 euros. Prometen, además, que si llegan a la Presidencia de la Comunidad de Madrid expulsarán a estos chavales y a los inmigrantes ilegales. Así lo dijo la candidata en una reciente visita a un ‘narcopiso’ de Carabanchel.

Sin embargo, el Gobierno regional carece de competencias en materia de extranjería. Es el Ejecutivo central el que traslada a los menas y el único que, tras un procedimiento con garantías legales, puede expulsar y repatriar a extranjeros.

Otro punto es el presupuesto. La Consejería de Políticas Sociales puntualizó a ABC que en todo 2020 destinó 9,6 millones de euros a toda su red asistencial a menores, que suponen 98 centros con 1.903 plazas; pero aquí se engloba a los de acogida, las residencias familiares, pisos tutelados, entidades para trastornos de conducta, enfermedades mentales o dependencias, entre otros. No hay un gasto concreto para menas. Además, conviene recordar que en el reparto que hizo el Gobierno de España a las comunidades autónomas en 2018, de los 40 millones dispuestos solo otorgaron 1.500 euros a Madrid (1,3 euros por cada mena atendido). En la actualidad, esa cantidad desde las arcas estatales es de cero euros: nada.

En concreto, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y, en concreto, el artículo 35 sobre menores no acompañados dispone: «Los menores extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la educación, asistencia sanitaria y servicios y prestaciones sociales básicas, en las mismas condiciones que los menores españoles. Las Administraciones Públicas velarán por los grupos especialmente vulnerables como los menores extranjeros no acompañados». La consejería recuerda, además, que la red asistencial a menores no atiende por nacionalidades específicas ni hace ningún tipo de distinción en este sentido».

Determinar la edad de los menores solos que alcanzan la región es otra de las cuestiones más controvertidas. La teoría establece que todos los recién llegados deben someterse a una prueba radiológica (un examen óseo de la muñeca cuyo resultado puede abarcar una horquilla de hasta cuatro años), pero en la práctica gran parte de los expedientes pasan a engrosar una extensa lista de espera. Ello significa que muchos de los tutelados ingresan en los centros sin que se conozca su fecha exacta de nacimiento.

Solo en el caso de que la Policía detenga a alguno de estos jóvenes por la comisión de un delito, la citada prueba se aplica de manera inmediata. En ese sentido, la mayoría de los test efectuados dictaminan edades entre los 17 y los 19 años, lo que se traduce, de acuerdo al principio «in dubio pro reo» (por el cual el juez debe basarse en la norma que sea más favorable para el acusado), que muchos de ellos son juzgados por la Ley del Menor. El atolladero es tal, que han llegado a darse situaciones en las que varios de los arrestados son tratados como inimputables, siempre y cuando las pruebas marquen el inicio de su edad aproximada por debajo de los 14 años.

Rebajar la escalada de tensión alrededor de estos niños en situación de vulnerabilidad no será fácil. La llegada masiva a principios de 2018 precipitó un peligroso caldo de cultivo extendido hasta nuestros días. Los robos, agresiones y actos vandálicos, denunciados por un sector de la ciudadanía, contrastaron rápidamente con la visión opuesta de aquellos que considera a estos adolescentes «víctimas de una campaña de criminalización» alimentada desde formaciones políticas como Vox y «ejecutada hasta las últimas consecuencias» por determinados grupúsculos ultraderechistas.

El hallazgo de una granada en el patio del centro de acogida de Hortaleza, en diciembre de 2019, fue la gota que colmó el vaso. La apertura en enero de 2020 de un recurso de emergencia en la Casa de Campo trasladó la problemática al barrio de Batán y sus inmediaciones, con un significativo aumento de los hechos delictivos.