Varias bicicletas de Bicimad en sus totems
Varias bicicletas de Bicimad en sus totems - AFP

Los números rojos de Bicimad van a más con la gestión de Carmena

Las cifras del negocio cayeron en picado en 2018 sin siquiera haber realizado aún la ampliación del servicio; el número de usuarios y de viajes ha sido un 31% y un 40% inferior al previsto al inicio

MadridActualizado:

Bicimadno era rentable para la empresa privada que lo creó, Bonopark, ni tampoco lo es para el Ayuntamiento de Madrid. El Gobierno de Manuela Carmena lleva las riendas de este negocio desde hace dos años y medio y las pérdidas cada vez van a más (859.717 euros en 2018), al igual que las inyecciones de capital del Ayuntamiento para mantener la bicicleta pública. El año pasado, la Corporación tuvo que meter 3.760.059 euros, un 9,2% más que durante el ejercicio anterior, una cifra que supera los 3,6 millones de pérdidas que llevaron a Bonopark al borde de la quiebra en 2015. A este déficit actual hay que sumar los 10,5 millones de euros que pagó el Consistorio actual para hacerse con el servicio (proceso judicializado por no haberse realizado auditorías previas y por maquillar informes), más los extras que se han continuado pagando a Bonopark para poder mantenerlo: otros 10,5 millones de euros (7 millones en convalidaciones más dos contratos que suman en torno a los 3,5 millones y que son prorrogables al doble). Bicimad es un saco sin fondo.

ABC ha accedido a las cuentas anuales del servicio que se acaban de aprobar y de ellas se traduce que, además de ser un negocio que genera pérdidas, tiene un déficit de inversiones para poder mantener el actual nivel del sistema. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, y el gerente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Álvaro Fernández Heredia, siempre ofrecen datos positivos del servicio para justificar la municipalización que continúa en los tribunales -el Partido Popular que lidera el candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, denunció a ambos por delitos de malversación y prevaricación en la cesión del negocio-. Sin embargo, sus resultados crecen en números rojos. En 2018, el servicio de la bicicleta supuso un agujero de 859.717 euros, mientras que en 2017 la cifra sólo alcanzaba 67.085 euros y en 2016, 247.000 euros. Los datos no incluyen ninguna inversión para ampliar Bicimad con las 42 estaciones prometidas en 2017 y que ahora anuncian que van a realizar, a dos meses de los comicios.

Más subvención que el bus

La mayor parte de los ingresos de Bicimad provienen del Ayuntamiento, ya sea a través de subvención o como pago del servicio (recogido en el balance como ingresos del Consistorio). Esta suma se ha incrementado un 9,2% respecto al ejercicio anterior. Si en 2017 salieron 3.414.156 euros de las arcas municipales para sufragar este transporte ecológico, en 2018 se ha elevado el gasto hasta 3.760.059 euros. Los usuarios pagan solo el 38,7% del coste de la bicicleta pública y, aunque los ingresos de aquellos que la utilizan se incrementaron en 2018 un 9,2%, de 2.645.780 euros a 2.929.203, el dato es muy inferior a lo que aporta la Corporación.

La bici cuenta con más subvención que el autobús, cuyo índice de cobertura tarifaria es del 45,9%. La diferencia es que mientras el transporte público universal incluye a todo tipo de usuarios, ya sean bebés, ancianos o discapacitados, Bicimad está dirigido a un público más restringido: gente sana y fundamentalmente joven.

Inyecciones frustradas

En diciembre de 2018, el Delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño, intentó aprobar dos modificaciones de crédito (a través de Inversiones Financieramente Sostenibles) IFS) para nutrir a Bicimad. El PSOE las frustró. Por un lado, necesitaba cubrir un déficit de inversión de 3.681.762,24 de euros para sustituir bicicletas obsoletas por vandalismo o robo, adquirir bases y cambiar vallas en mal estado. La memoria firmada por el Director Gerente de la EMT y el Secretario General Técnico del Área de Medio Ambiente confirma que la inversión es necesaria ya sea con gestión indirecta como en caso de cambio a gestión directa.

Además, García Castaño quería derivar 4.877.098 euros para adquirir nuevas bicicletas y nuevas bases destinadas a la ampliación del servicio, con el condicionante del cambio del modelo de gestión de indirecta a directa por la EMT. Estas dos modificaciones se retiraron del orden del día de la Comisión de Economía y Hacienda porque el PSOE no estaba dispuesto a votar a favor de la resolución por poder incurrir en prevaricación.