Sabanés y Fernández Heredia, gerente de la EMT, ayer, en la penúltima comisión de investigación
Sabanés y Fernández Heredia, gerente de la EMT, ayer, en la penúltima comisión de investigación - ERNESTO AGUDO

Sabanés se atrinchera tras un informe jurídico que ignora el sobrecoste de Bicimad

La delegada esquivó la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento para adquirir el servicio. El juzgado exigió al Consistorio en julio el documento que avalara la operación

MadridActualizado:

Inés Sabanés compareció ayer en la que fue, previsiblemente, la última comisión de investigación de Bicimad. La delegada de Medio Ambiente y Movilidad interpretó un guión muy estudiado, del que apenas se salió para contestar a las preguntas más incisivas del Partido Popular y Ciudadanos. Tenía clara la frase que quería colocar en los medios de comunicación y la llegó a repetir hasta en más de una veintena de ocasiones: «Todo el proceso de compra de Bicimad está avalado legalmente por la Asesoría Jurídica». ABC accedió al mencionado escrito, que la Corporación ha ocultado a la oposición y del que ayer no ofreció detalles, y el mismo no entra a valorar si el equipo de Manuela Carmena incurrió en sobrecoste a la hora de hacerse con la bicicleta pública, cuestión clave que investiga la Justicia y que denunció este periódico en exclusiva hace casi un año.

Hasta ayer la única constancia que existía era la de que Sabanés se había saltado al departamento jurídico municipal para dar el visto bueno a la cesión de Bicimad. Había preferido encargar un informe a la Universidad Autónoma –seis meses después de que la EMT autorizara la cesión– para analizar las posibilidades y límites legales de este procedimiento. Pero gracias a la declaración de ayer de la delegada se pudo saber que el Juzgado de Instrucción nº 32, que instruye paralelamente la causa, pidió como prueba pericial el documento que avalara la legalidad de la operación. Éste se remitió el 4 de julio.

La Justicia trata de investigar si Sabanés y el gerente de la EMT, Álvaro Fernández Heredia, incurrieron en los presuntos delitos de malversación y prevaricación al comprar Bicimad, tal y como versa la denuncia del PP. La magistrada titular del juzgado 32, Belén Sánchez Hernández, acordó en julio pedir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un perito independiente que analizara si Bicimad valía los 10,5 millones de euros que el Ayuntamiento pagó sin realizar auditorías ni inventarios previos, sólo basándose en documentos aportados por la empresa beneficiada, Bonopark.

La nota interna que sí importa

El máximo responsable de los servicios jurídicos de la Corporación madrileña hasta junio, Ángel Luis Ortiz González, acudió a la comisión de investigación este verano y afirmó que se enteró de la cesión de Bicimad « por los periódicos» y que, en ningún caso, «ni se solicitó ni se emitió» un informe a su departamento para valorar la operación, ya que es el encargado «por ley» de asesorar al Ayuntamiento. El director de Asesoría Jurídica dijo entonces que tenía que haber tenido conocimiento del informe externo de la Autónoma y que su departamento podía haberlo realizado sin necesidad de recurrir a un externo. Finalmente, se ha tenido que realizar por requerimiento judicial.

Durante todas las sesiones de la comisión de investigación, el Gobierno municipal y los técnicos implicados en el proceso de Bicimad han tratado de restar importancia a la nota interna que emitió el interventor delegado de Medio Ambiente sobre la «municipalización» de Bicimad. El 18 de julio de 2016, justo dos meses después de que Sabanés suscribiera el contrato de transferencia, Ángel Calonge advertía de la ausencia de documentación para asumir el servicio, entre ella, la valoración del precio. Sabanés dejó caducar dicha nota e ignoró sus recomendaciones. El informe remitido por Asesoría Jurídica el pasado 4 de julio al juzgado indica que, aunque las notas tengan «carácter informativo», «lo fundamental no es la forma utilizada sino el contenido de la misma» pues «determinará los efectos que pueda producir la misma».

Opacidad

Sergio Brabezo, de Cs, Mercedes González, del PSOE, y Álvaro González, del PP, por ese orden, preguntaron a Sabanés por qué no se informó en el Consejo de Administración de la EMT de septiembre de 2016 sobre la decisión de la compra, ya que el contrato se pactó el 17 de mayo anterior. También pidió explicaciones el edil del PP acerca del beneficio de más de 3 millones de euros que ganó Bonopark con la transacción, además de los extras recibidos en convalidaciones para mantener el servicio después de la adquisición de Bicimad.

Sabanés respondió en todo momento dando vueltas a su mismo discurso: «Era una decisión avalada por la legalidad, amparada por la legalidad. Una solución que era la única que permitía estabilizar, mantener y tener expectativas de ampliación del servicio».

Tras Sabanés compareció Fernández Heredia, quien defendió la legalidad y el precio que se pagó por Bicimad. Se ha pedido la comparecencia de la alcaldesa para la próxima sesión. Falta que confirme su asistencia.