Mónica Cerdá y Alberto Ganga, a la salida de los juzgados de Getafe
Mónica Cerdá y Alberto Ganga, a la salida de los juzgados de Getafe - JAIME GARCÍA

Imputados una concejal de Getafe y el gerente de la empresa municipal Gisa

Los acusados están citados para este martes por prevaricación administrativa y malversación, tras una querella por indemnizar con 60.000 euros a un abogado del ente público

MadridActualizado:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Getafe ha citado a declarar como investigados –antes imputados– a la concejal Mónica Cerdá, ex del PSOE y ahora en el grupo de no adscritos, y al gerente de la empresa municipal Gisa, Juan Manuel Hernández. Ambos están citados este martes por los delitos de malversación y prevaricación administrativa, en el marco de una indemnización de 60.000 euros que el Ayuntamiento de la localidad (PSOE) entregó a un abogado de Gisa después de 29 días de trabajo, presuntamente en un periodo de pruebas que no superó.

El PP, que presentó la querella, sostiene que el dinero entregado al letrado Alberto Ganga esconde un intercambio de favores con el Gobierno de la socialista Sara Hernández, habida cuenta de que éste representa a la acusación popular contra los concejales del PP imputados en el llamado Caso Teatro, relativo a otra supuesta trama de corrupción en este municipio.

Fuentes cercanas al caso, no obstante, sostienen que ese presunto periodo de pruebas no fue tal, y que la indemnización se hizo ante la posibilidad de que el despido de Ganga se declarase nulo, ya que había trabajado en Gisa con anterioridad, y la cifra se pactó acorde a su categoría laboral.

Sea como fuere, lo cierto es que no está clara la justificación de esos 60.000 euros pagados y quién y por qué dio la orden de que se negociase. La vista de Hernández y Cerdá –que ya declaró en comisaría– podría aplazarse por incompatibilidad de las fechas. El juez acordará si imputa entonces a la alcaldesa de Getafe, también querellada. En caso afirmativo, sería la segunda causa en la que aparece, tras el caso de los vertidos ilegales al Manzanares.