La edil que denunció a Sara Hernández la acusa de intentar aprovecharse de las empresas públicas

Las palabras de la concejal, manifestadas en un comunicado, se enmarcan en un nuevo intento por explicar las razones de su salida del Gobierno local . En un principio, como informó ABC, dijo que se marchaba porque consideraba la gestión de Hernández como una vuelta a las políticas de Pedro Castro, pero ahora ha sido más concreta. Ese proceder presuntamente fraudulento se reconoce, siempre según su testimonio, «en el uso del párking del Ayuntamiento por Cristina González (mano derecha de la regidora y también denunciada), haciendo uso de vales gratuitos para visitas de Alcaldía»; a diario y durante toda la jornada.

Se da la circunstancia de que González está imputada por su supuesta implicación en el caso Aparcamientos, episodio de corrupción del anterior mandato socialista en Getafe. Añade la edil enfrentada a la regidora que en su caso personal, en cambio, sí debe «comunicar previamente al grupo municipal el día que vaya al grupo socialista al que legítimamente» representa.

Tras las declaraciones de Mónica Cerdá, el grupo municipal del PP en el consistorio getafense exigió que se detalle la relación de los tickets empleados por la exedil. El secretario general del partido, Rubén Maireles , destacó su interés en que «se aclaren las fechas de utilización de todos los tickets, la duración del estacionamiento, su importe equivalente y las razones que desde la Alcaldía se alegan en para justificar la gratuidad del parking ».

Pero Cerdá va más lejos en la argumentación sobre su rechazo a la reestructuración que hizo la alcaldesa en Semana Santa, en la que perdió sus competencias en las empresas públicas Gisa y Alef y en las áreas de Empleo y Desarrollo Económico. Acusa a la secretaria general de los socialistas madrileños de intentar usar las empresas municipales «para promocionar la contratación de personas afines que ni siquiera pasan el informe de asuntos sociales (como se acordó con los sindicatos) y de permitir modificar expedientes públicos para amoldarlos a intereses políticos ».

Estas supuestas maniobras, denunciadas por la concejal del PSOE y, hasta la fecha, sin más evidencia que su palabra –«hechos relevantes que distancian de un modelo de ciudad por el que apostó la militancia socialista», dijo–, serían objeto de un presunto delito de prevaricación. El PSOE, por su parte, restó importancias a las acusaciones de la edil (que conserva el acta y permanece en su grupo municipal) y destacó su «poca credibilidad» , patente en su reconocimiento ante el juez de que había tergiversado los hechos por los que denunció a Hernández y González.

En el juicio, celebrado el pasado día 5 de abril en los Juzgados de Instrucción de Getafe, Cerdá retiró la denuncia, reconoció que malinterpretó lo sucedido en la reunión en la que supuestamente la coaccionaron y pidió disculpas por «el daño causado» ; todo a cambio de que se reconociese que siempre quiso mantener su acta y dejar de formar parte del equipo de Gobierno, solo cambiado tras esa cita, como se confirma en la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.