El embrollo judicial que mantiene en vilo el proyecto para derribar las Cocheras de Cuatro Caminos
El TSJM ha anulado el planeamiento por defectos de forma. El tribunal también tendrá que volver a juzgar si la infraestructura centenaria es susceptible de ser blindada como BIC, lo que impediría construir las 443 viviendas proyectadas
El estado actual de las Cocheras de Cuatro Caminos una vez empezadas las obras
Cuando las excavadoras habían comenzado hace tan solo unas semanas a intervenir en las antiguas Cocheras de Metro de Cuatro Caminos , las 443 familias que compraron los terrenos a Metro en 2014 para edificar sus viviendas han recibido un nuevo revés judicial. Tras ... siete años de espera, trabas burocráticas y demandas cruzadas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que se apoya el proyecto, por lo que, por el momento, queda sin cobertura legal la transformación de la parcela .
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado en dos sentencias los recursos presentados tanto por la Asociación Colectivo Ciudadano de Urbanismo Corazón Verde Chamberí como por la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio (MCyP). Los jueces valoran en sus resoluciones que el planeamiento urbanístico no se ajusta a derecho por no tener un correcto estudio de impacto ambiental y por la falta del preceptivo informe de viabilidad y sostenibilidad económica.
El plan, aprobado de definitivamente en julio de 2019 por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, suponía la construcción de 443 viviendas -62 de protección oficial- y el acondicionamiento de la zona. En junio de 2016, el Gobierno de Manuela Carmena dejó en un limbo administrativo el proyecto presentado por la cooperativa porque consideraban que no se ajustaba al PGOU. Una vez salvados los tres escollos técnicos a los que se agarraba el gobierno de Ahora Madrid para frenar su aprobación, el entonces delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo , llevó el proyecto reformulado al Pleno municipal en junio de 2017. Sin embargo, tuvo que reiniciar de cero la tramitación porque las fichas urbanísticas no llegaron a publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Ana Botella . Por ello, en noviembre del 2018 el proyecto regresó a la casilla de salida al verse obligados a anular la aprobación inicial.
Sorteados todos los trámites , ya con el gobierno bicolor de PP-Cs al frente de Cibeles, el Pleno aprobó definitivamente el expediente con el voto favorable de PP, Cs, Más Madrid y Vox. El único grupo que se manifestó en contra fue el PSOE, que calificó la operación «absurda» y «especulativa».
Dado que se trata solo de defectos de forma que no atañen al fondo de la cuestión, el Consistorio valora ahora el recurso de casación ante el Tribunal Supremo. «Estamos analizando la sentencia y estudiando lo indicado por los jueces, pero, tras una primera lectura, apreciamos que son defectos formales las causas de la anulación. Pueden ser subsanados ahondando en temas medio ambientales que no estaban suficientemente justificados», explicó el actual delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, en declaraciones remitidas a ABC. El concejal de Cs destacó que las sentencias «aparentemente valida las edificabilidades, la motivación del proyecto, las redes y la protección del patrimonio».
Fuentes quiso mandar un mensaje de apoyo a las 443 familias afectadas que, según sus palabras, «durante muchos años están atravesando un desierto y una penuria de trabas burocráticas y decisiones judiciales e incluso de decisiones políticas que están lastrando su proyecto vital». « El Ayuntamiento no les va a volver a fallar », sostuvo.
Otra sentencia pendiente
En principio, indican desde el Área de Desarrollo Urbano, los trabajos que tienen que ver con la primera fase de la licencia podrán continuar. En esta primera etapa solo se están demoliendo elementos que no podrían llegar a estar blindados por Patrimonio.
El TSJM estimó el pasado junio el recurso de casación presentado por MCyP y anuló la sentencia que concluía que las cocheras centenarias no podrían ser declaradas Bien de Interés Cultural (BIC) . El tribunal obligaba así a dictar un nuevo fallo al respecto. Por lo que, mientras se pronuncia, el resto de la licencia está suspendida para no ocasionar daños irreversibles.
Sin embargo, desde la asociación demandante consideran que «la anulación del plan urbanístico implica que la licencia de demolición debería quedar también anulada por causa sobrevenida, cesando el derribo». «Creemos que es el momento de que las autoridades responsables se replanteen a fondo toda la operación, buscando soluciones más comprometidas con la historia de nuestra ciudad y nuestro Patrimonio Cultural», valoran en un comunicado. Mientras siguen los trabajos, continúa la batalla en el TSJM.