Denuncian al alcalde de Leganés (PSOE) por nombrar «a dedo» a un alto cargo

La denuncia de ULEG, presentada el pasado 31 de enero por su portavoz, Carlos Delgado, sostiene que el nombramiento «a dedo» de Moreno –suscrito por decreto del alcalde el 19 de junio de 2019–, podría incurrir en un ilícito penal, habida cuenta de que no se ajusta a lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local. El escrito apunta a Llorente como regidor y a la beneficada por aceptar el cargo a sabiendas de que carece de los requisitos para el puesto , recogido en el artículo 406 del Código Penal.

Además, se basa en el contenido de dos sentencias, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 17 de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que señalaban la ilegalidad de los nombramientos de los directores generales del Ayuntamiento de Leganés en 2014, entonces bajo mandato del PP. Según Delgado, el Gobierno repite el procedimiento.

Así, la supuesta prevaricación remite a que Moreno fue elegida sin ser funcionaria del grupo A y sin cumplir los requisitos permitidos como excepción. Tampoco hubo convocatoria pública por parte del Gobierno para la vacante. «La señora Virginia Moreno Bonilla ni es funcionaria, ni se acreditó de ningún modo su mérito y capacidad, ni tuvo competencia alguna puesto que ni hubo selección de ningún tipo (...). Es decir, incumple de manera categórica e indubitable todos y cada uno de los requisitos para ser directora general en un ayuntamiento», expone.

Fuentes municipales consultadas por ABC aseguran que no les consta ninguna denuncia y añaden que la designación fue en julio de 2015 y «nadie lo recurrió». Desde el equipo de Gobierno, asimismo, defienden la legalidad del proceso: «La persona nombrada reunía los requisitos establecidos en cuanto a titulación y así consta en el expediente que se configuró siguiendo las indicaciones de la funcionaria con habilitación nacional, que es quien supervisaba los acuerdos que se aprobaban en la Junta de Gobierno».

Las presuntas irregularidades, siempre según el denunciante, se reconocen también en que Moreno ostenta la única dirección general, reflejo de una «falaz maniobra» . Al tiempo que el resto se cancelaron un día antes del acto de posesión de Llorente como alcalde, el 14 de junio, esta se mantuvo con la asunción de competencias de las once concejalías que conforman el Gobierno. Por tanto, obvia la obligatoriedad de hacer un nuevo decreto tras la constitución de la corporación resultante del 26-M. «Sustituye la ley por su capricho y la norma general y abstracta en su pura, arbitraria y unilateral voluntad», insiste la denuncia, ya en estudio por el juez.