Madrid tendrá su propia Ley de Muerte Digna
Madrid tendrá su propia Ley de Muerte Digna - JOSÉ RAMÓN LADRA
Ley de Muerte Digna

La Asamblea regulará que se respete el deseo de morir, pero sin incluir la eutanasia

Se garantizan los cuidados paliativos para evitar la agonía, aunque acorten la vida. El PSM pide consagrar el derecho a fallecer en una habitación individual del hospital

MadridActualizado:

El derecho a una vida digna debe incluir una muerte digna. Desde esta premisa general, la Comunidad de Madrid se dispone a elaborar una Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso final de la vida, que «explicite y proteja» el derecho de los pacientes terminales a recibir «una buena atención sanitaria», sobre la base del principio de «dignidad»y de «autonomía» del enfermo en la toma de decisiones. Pero que también regule los deberes de los profesionales sanitarios, dotándoles de «guía y seguridad jurídica», eximiéndoles de cualquier posible responsabilidad derivada de asumir los deseos del paciente, que estén al amparo de la ley.

La Asamblea regional dará hoy el primer paso aprobando la toma en consideración del proyecto legislativo del PSOE, que deberá ahora someterse a la tramitación parlamentaria para su aprobación. Los grupos han renunciado a incluir en el debate la eutanasia, que en todo caso es competencia de las Cortes Generales. El «suicidio asistido» está recogido por el Código Penal, castigado con hasta diez años. Podemos registró en enero una resolución para despenalizar la eutanasia, pero la retiró en aras del consenso.

Todos los partidos están de acuerdo en regular una norma clara sobre la Muerte Digna que ya tienen ocho comunidades: Andalucía, Navarra, Galicia, Canarias, Aragón, Baleares y, desde hace una semana, el País Vasco. Y que otras como la Comunidad Valenciana están elaborando.

Derecho a elegir morir en casa

La futura ley se fundamentará en algunos principios ya consensuados y recogidos por la legislación básica española, explica el portavoz socialista de Sanidad, José Manuel Freire, autor de la propuesta de origen. Tal es el reconocimiento del derecho de todas las personas en fase terminal o avanzada de una enfermedad a recibir cuidados paliativos integrales. Hayan elegido morir en su casa o en el hospital. En este último caso, los socialistas quieren consagrar el derecho a pasar el último trance en una habitación individual. También que se facilite el acompañamiento familiar y el «auxilio espiritual» siempre que sea compatible con las medidas sanitarias. «Los hijos menores del paciente ingresado –añade el texto socialista– tienen pleno derecho de visita sin que pueda ser limitada, salvo circunstancia extraordinaria que lo desaconseje».

Además, se quiere reforzar la garantía del derecho del paciente a rechazar tratamientos y limitar el esfuerzo terapéutico –«obstinación–, retirando los soportes vitales en situaciones irreversibles cuando «no tienen otro efecto que mantener artificialmente una vida biológica, sin posibilidades reales de recuperación».

Sedación terminal

También se pretende regular la sedación paliativa, definida como la administración de fármacos «en dosis requeridas para reducir la conciencia de un paciente incurable con enfermedad avanzada o terminal». El objetivo: aliviar el dolor o la agonía de estos enfermos que dan su consentimiento expreso, aunque suponga un acortamiento de la vida. La diferencia radical entre la sedación terminal y la activa (eutanasia) es, según se recoge en el texto socialista, que la primera «no busca intencionadamente la muerte, sino aliviar o evitar el sufrimiento».

Estas actuaciones médicas ya están previstas en la Sanidad madrileña y recogidas en la Ley estatal de Autonomía del Paciente, de 2002, que reconoce como un principio básico la «dignidad de la persona y el respeto a la autonomía de su voluntad». Y una de las las claves es el derecho a formular instrucciones previas por escrito, que recojan sus deseos y preferencias en el manejo terapéutico. Unos 20.000 madrileños han registrado este documento desde 2005, cuando se reguló.

Pero la Asamblea quiere otorgarle la máxima difusión entre la población y en diciembre aprobó que pudiera el escrito pudiera firmarse en todos los centros sanitarios de la región. Se incorporará al historial clínico del paciente, de manera que pueda consultarse por el médico si éste no pudiera expresar sus voluntades por deterioro físico psíquico.

«La presente Ley quiere contribuir decisivamente a proporcinar seguridad jurídica, tanto a la ciudadanía como a los profesionales sanitarios en las actuaciones contempladas en ella», señala el texto del PSOE, que hace hincapié en la necesidad de formación específica continua de los profesionales sanitarios sobre el proceso del final de la vida, la enfermedad terminal y los cuidados paliativos. «Debiendo abstenerse de imponer criterios de actuación basados en sus propias creencias y convicciones personales, morales, religiosas o filosóficas».

Los socialistas quieren que la Consejería de Sanidad elabore un informe anual sobre la implementación de la futura Ley de Muerte Digna.