La Ley de Seguridad Ciudadana pasa a comisión pese al bloqueo en los puntos conflictivos

Este paso es crucial. Mientras que la ponencia puede seguir postergándose hasta que las negociaciones lleguen a buen puerto todo lo que quieran sus integrantes, que se reúnen además a puerta cerrada, en comisión, una vez convocada, los encuentros son públicos y, si no hay acuerdo y la norma no supera las votaciones, la reforma de la ley decae. El riesgo, por tanto, aumenta. Pero unos y otros contemplan este salto como la oportunidad de meter presión al resto de formaciones en un intento de atraerlas a sus postulados.

PP, Vox y Ciudadanos (CS) se oponen a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por los populares en 2015 y conocida por sus detractores como 'ley mordaza'. El PSOE y el PNV —este último, autor de la proposición de ley— creen que ya se han producido los avances necesarios para sacar adelante la reforma, pero ERC y Bildu insisten: debe prohibirse el uso de pelotas de goma como material antidisturbios, suprimirse las sanciones por desobediencia y falta de respeto a los agentes, y restringir las devoluciones en caliente de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla.

Unidas Podemos está cerca de las posiciones independentistas, pero había acordado enmiendas con PSOE y PNV para intentar salir este miércoles de la ponencia con un acuerdo sobre el fondo. No ha sido posible. PSOE, Unidas Podemos y PNV han acudido a la reunión de la ponencia de este miércoles, la última, con cambios pactados en relación a las pelotas de goma, las faltas de respeto a los agentes y la desobediencia. Unidas Podemos y PNV tenían también un acuerdo sobre devoluciones en caliente, pero los socialistas se han descolgado al entender que no es el marco para regularlas. ERC y Bildu, en cualquier caso, se han posicionado en contra de las modificaciones presentadas por considerarlas insuficientes.

La discusión respecto a la desobediencia es semántica, según fuentes socialistas. PSOE, Unidas Podemos y PNV coinciden en que basta con señalar que esta debe ser «manifiesta» para ser sancionable, pero Bildu exige que se considere falta leve. En cuanto a las faltas de respeto, a propuesta de los nacionalistas vascos en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, los tres partidos habían pactado que debe tratarse de «expresiones o actos relevantes» sin que pueda ser punible «el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión».

Este miércoles, se han votado las enmiendas presentadas en los cuatro puntos y han decaído, pero fuentes socialistas trasladan que su intención es recuperarlas en comisión para intentar alcanzar un acuerdo. ERC y Bildu no solo mantienen vivas sus enmiendas para suprimir las sanciones por faltas de respeto y desobediencias, sino que amagan con tumbar la reforma de la 'ley mordaza' si no se aceptan esas exigencias, así como el fin de las pelotas de goma y de las devoluciones en caliente.

María Carvalho Dantas, de ERC, ha advertido que aunque su grupo haya aceptado que pase a comisión el debate, esto no significa que apoye el fondo de la reforma. Bildu y Junts, por ejemplo, eran partidarios de alargar la fase de ponencia, pero el resto de formaciones han optado por continuar la tramitación ya en la Comisión de Interior. La diputada independentista ha subrayado que el setenta por ciento de las multas en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana se debe a los artículos 36.6 (desobediencia) y 37.4 (faltas de respeto).

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha avisado que ahora, con la ley ya en comisión, hay más riesgo de que decaiga, pero ha remarcado que su partido no se conformará con «mejorarla un poco». Mikel Legarda, del PNV, aún ve margen para la negociación, mientras que Enrique Santiago, de Unidas Podemos, ha reconocido que las discrepancias son «importantes», pero que aun así el nuevo texto «nada tiene que ver» con la ley de Mariano Rajoy. El socialista David Serrada, por su parte, ha insistido en la necesidad de preservar el «equilibrio» entre la seguridad jurídica de los agentes y los derechos y libertades de los ciudadanos.