Juristas coinciden en que la reforma del Gobierno que maniata al CGPJ es contraria a Europa

A tres días de la visita del comisario de Justicia europeo Didier Reynders a España, donde intentará mediar en el bloqueo de las negociaciones entre Gobierno y PP en torno al CGPJ, los juristas han ahondado en las reformas promovidas en los últimos meses por el Ejecutivo que afectan al Poder Judicial y han concluido que Europa mira con lupa las iniciativas que en este sentido se han puesto en marcha. Prueba de ello, han dicho, ha sido la retirada de la proposición de ley en la que se pretendían rebajar las mayorías (de cualificada a simple) para renovar el órgano de gobierno de los jueces y la que maniata al CGPJ para que no pueda hacer nombramientos en funciones.

«Cualquier materia que obstaculice los nombramientos es contraria al derecho europeo, léase Tribunal Supremo en España», ha dicho el ex juez del Tribunal General de la Unión Europea y letrado del Tribunal Constitucional Ignacio Ulloa. Por su parte, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona Nuria González ha llamado la atención sobre la importancia de que la UE funcione como un «contrapoder» ante reformas populistas, «como la que se intentó en España» (en referencia a la que pretendía modificar las mayorías).

En la mesa dedicada a la percepción de la independencia judicial en Europa, los ponentes han coincidido en que el incumplimiento de los estándares europeos por parte de Polonia y Hungría han supuesto un punto de inflexión en la reacción de las instituciones europeas, que hace apenas cinco años empezaron a elaborar los informes en los que examinan la calidad de la democracia en términos de independencia. No es asimilable la situación de España a la de aquellos países, lo que no quita que sea «problemática, triste y difícil», ha reconocido el letrado del TJUE Martín Martínez, quien ha recordado las dos principales recomendaciones de la Comisión Europea en el informe que se refiere a España: la renovación inmediata del CGPJ, por un lado, y que la elección de los vocales de procedencia judicial esté en manos de los propios jueces.

Se ha mostrado escéptico Martín ante la posibilidad de que el bloqueo de España acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en forma de cuestión prejudicial y más aún con que la actuación de España se salde con un procedimiento de infracción similar al que se ha llevado a cabo con Hungría o Polonia comprometiendo fondos europeos al cumplimiento de esos estándares. Martín confía en que la situación en España se reconduzca «porque todavía nos importa que nos señalen con el dedo».

En una valiente y arriesgada intervención (ante un auditorio compuesto fundamentalmente por jueces) el catedrático de derecho administrativo Alejandro Nieto ha cargado en los jueces buena parte de la responsabilidad de la apariencia de falta de imparcialidad del Poder Judicial. En una ponencia en la que diferenció neutralidad, imparcialidad e independencia como conceptos distintos pero intrínsecamente unidos, el jurista ha defendido que la independencia está en manos de los propios jueces. «No busquen excusas porque el que quiera defender su independencia lo va a conseguir», ha dicho.

En su opinión, «hoy no se escoge a jueces de prestigio, sino de reconocida devoción a un partido político». Las consecuencias son lamentables, porque «hay jueces que venden su independencia a los jueces que los han propuesto y la Administración de Justicia se convierte en una farsa en la que los ciudadanos ya no creen». «¿Qué legitimación ética y democrática pueden ofrecer unas personas que se han sometido a esta subordinación?», se preguntó Nieto.

En este sentido, el magistrado jubilado del Supremo José Manuel Sieira ha apelado a que se analice la responsabilidad que «cada uno» tiene y ha defendido los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en los nombramientos, también en los que se tienen que llevar ahora para el Tribunal Constitucional, que no deben diferenciarse de otros.