Junts reclama a Sánchez relevar a Zapatero como negociador en Suiza

Las razones que esgrimen unos y otros, separatistas y socialistas, para pedir un perfil distinto para encabezar las conversaciones en el extranjero, son bien distintas. Mientras en Junts no esconden su incomodidad con Zapatero, incluso un ligero cabreo por sus promesas incumplidas llegando a tacharle de «trilero», en Ferraz abogan por que sea alguien con mando en plaza en la dirección el que comande estas negociaciones en un momento complejo para el acuerdo firmado entre Cerdán y el secretario general de JxCat, Jordi Turull, en noviembre del 2023 en Bruselas.

Desde el encarcelamiento del que fuera número tres del PSOE hasta hace apenas unos meses, al que Sánchez le confío convencer a Puigdemont para lograr la investidura a cambio de la amnistía y le exhortó a seguir complaciendo a Junts con unas reuniones con mediador internacional a las que el propio presidente se había negado hasta que no le quedó otra, Zapatero ha ejercido ese rol junto al exadjunto de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, al que el secretario general mantuvo en la ejecutiva federal pero con un cargo de menor rango. Ambos, junto al exdiputado por Navarra, ya estuvieron en prácticamente todas las reuniones que se han celebrado en Ginebra, en Zúrich o en París en el último año y medio.

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Como estreno de ese nuevo rol, tal como avanzó ABC hace unas semanas, a finales del mes de julio el presidente recurrió a su asesor áulico, con el que despacharon durante sus vacaciones en la isla canaria de Lanzarote, para que viajase de nuevo a Suiza para ablandar a los independentistas en su rechazo a aprobar la reforma de acceso a la justicia promovida por Félix Bolaños y testar su postura de cara a un eventual debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En ambas cuestiones, según ha podido saber este periódico, hubo pocos avances.

La idea que manejan en Moncloa es que se reúnan de nuevo en las próximas semanas o días para analizar la viabilidad del pacto, tras amenazar Puigdemont con romper todos los puentes si no se atendían a sus demandas, entre las cuales que se le aplique a él la amnistía, algo que no depende ya de la política.

Las dos carpetas que llevó bajo el brazo Zapatero al último encuentro de Suiza, la de la reforma de la 'ley Bolaños' y la de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), son cruciales para la voluntad del presidente de agotar la legislatura en 2027. Por lo que es mucho lo que hay en juego en esas negociaciones fuera del territorio español.

En el caso de la norma que modifica el sistema judicial, otorgando la instrucción a los fiscales y flexibilizando el acceso a la judicatura, un proyecto que lleva el sello del ministro Félix Bolaños, su aprobación es vital para la gran mayoría de los casos judicializados que afectan al entorno más cercano de Sánchez, desde el que mantiene investigada por cinco delitos distintos a su esposa, Begoña Gómez, como los que tiene procesados a su hermano y al líder del PSOE extremeño y al fiscal general del Estado o toda la trama de corrupción entorno a Ferraz y al Ministerio de Fomento y Transportes en la etapa de José Luis Ábalos.

Hasta el momento, con el asesoramiento del abogado de Carles Puigdemont y hombre clave en la revisión de todos los proyectos legislativos que pasan por las manos del grupo parlamentario de Junts, Gonzalo Boyé, los independentistas han trasladado muchas dudas y reticencias respecto a esta ley. Muy críticos con «las chapuzas de Bolaños», al que acusan de ser «mal legislador», y con las intenciones del cambio legislativo, los de Puigdemont abogan por una reforma judicial que asemeje el sistema español al europeo y más concretamente al alemán, algo que en su opinión no persigue este proyecto normativo.

Respecto a los PGE para el año 2026, que tanto Sánchez como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se han comprometido a presentar y a registrar en las Cortes, los independentistas insisten en que antes de sentarse a negociar, Montero deberá abonar todo aquello que consideran que se le adeuda en Cataluña.

El grupo que capitanea en el Congreso Míriam Nogueras, cuyos siete votos son imprescindibles para cualquier votación relacionada con las cuentas públicas, desde la aprobación del techo de gasto que todavía ni se ha empezado a negociar como los propios Presupuestos, le exigen a Montero que transfiera con carácter previo a la negociación de los PGE del año que viene todas las partidas consignadas en ejercicios anteriores y que no se han ejecutado. Una petición de máximos que, según fuentes del Ministerio de Hacienda, es «imposible» de hacer, ya que supondría un roto importante en las cuentas del Estado.

Como en todo lo que rodea a la relación entre el PSOE y sus socios separatistas, también sobre el estado de salud del acuerdo firmado en Bruselas a finales del 2023 y que permitió a Sánchez seguir en el poder, hay diferencias importantes. En el Partido Socialista opinan que «hay partido» aunque «se juega paso a paso». Hablan incluso de «ayudar a Salva [Salvador Illa]», como si los diputados de JxCat pudieran llegar a aprobar también las cuentas autonómicas de su principal rival político y darle una estabilidad que frustre cualquier opción de Puigdemont de volver al poder tras los próximos comicios.

Los de Sánchez se ven capaces de doblegar a un Junts crecido, más aún desde el encarcelamiento de Cerdán, que tratan de aprovecharse de la debilidad del presidente para lograr todo aquello que no han conseguido hasta ahora. Pero sin demasiadas esperanzas.

En Junts per Catalunya, si bien sostienen que tienen hoy más herramientas para sus pretensiones, «la actitud hasta ahora del PSOE, en muchos casos por culpa de Zapatero, no ayuda al optimismo». En su lista de agravios hay el no lograr que el catalán sea oficial en la UE, la implementación total de la amnistía o la no ejecución de las transferencias en inmigración.