El juez que investiga al fiscal general sí mantendrá separadas a las acusaciones populares
A diferencia del instructor del caso Ábalos, el magistrado Ángel Hurtado permite que cada entidad acuse individualmente
El juez agrupa las siete acusaciones populares de la causa a Ábalos bajo la dirección del PP
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
Ángel Hurtado, el magistrado del Tribunal Supremo que investiga por revelación de secretos al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha resuelto mantener separadas a las acusaciones populares en la causa a diferencia de lo que ha hecho su compañero Leopoldo Puente en ... la instrucción del caso Koldo, donde las ha grupado a todas bajo la representación letrada del PP.
En una resolución notificada este lunes, razona que aunque existe tendencia generalizada a agrupar las acusaciones bajo una misma representación, ello no significa que deba convertirse en regla general y se han de atender las circunstancias de cada caso.
Y en el del fiscal general, coexisten acusaciones con intereses diferentes, como la que empuja la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en contraste con la que lleva el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid o la que desarrollan Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa.
Conforme razona, fiscales y letrados tienen «intereses corporativos propios« que desaconsejan la acumulación, y en cuanto a las dos entidades, no ve inconveniente en que sigan trabajando de manera individual, cada una con su propia representación, porque no hay mucha diferencia entre tener una o dos acusaciones populares en términos de perturbación del buen funcionamiento de la causa.
En el caso de Puente, las acusaciones populares no sólo han sido agrupadas bajo representación del PP a efectos de presentar escritos o recibir notificaciones sino también en la práctica de diligencias como las declaraciones en sede judicial, a las que sólo puede acudir el letrado que las aglutina, lo que ha suscitado quejas ante el CGPJ y recursos como el presentado en reforma por Iustitia Europa, que pide al instructor que reconsidere su posición.