El juez insta a la UCO a recuperar los mensajes y llamadas del móvil del que se deshizo García Ortiz

En el mismo auto, notificado este martes, el instructor solicita a las operadoras telefónicas de las dos líneas utilizadas por el fiscal general (según la UCO una estaba a su nombre y la otra a nombre de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación, dependiente del Ministerio de Hacienda) que faciliten los datos de tráfico de llamadas emitidas y recibidas, así como los titulares de las líneas que las reciben y emiten. También pide información sobre los paquetes de datos emitidos y recibidos, así como la identificación del receptor y el emisor, de los mismos números de teléfono, todo ello entre el 8 de marzo de 2024 y el 14 de marzo del mismo año, ambos días incluidos.

«Si partimos de que tanto el IMEI como el IMSI no aportan identidad sobre el usuario del dispositivo, y tal identidad puede ser de relevancia en orden al esclarecimiento de los hechos y partícipes en los mismos, es necesaria la obtención del número comercial del teléfono, en posesión de la prestadora del servicio de telecomunicación. Tanto con el IMSI como con el IMEI se dispone de información suficiente como para poder solicitar la autorización judicial de identificación por el operador de los números de teléfono (o MSISDN) que corresponden a tales datos, y la correspondiente intervención de las conversaciones», señala el magistrado en su resolución.

En un segundo auto, el juez rechaza el recurso de reforma planteado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), acusación popular en la causa, contra la decisión del magistrado de acotar la investigación a las fechas antes citadas. La APIF entendía que la investigación debería ampliarse a hechos ocurridos desde el día 20 de febrero y no limitarlo a fechas posteriores al 14 de marzo, pues según el auto del 15 de octubre pasado por el que la Sala de Admisión asumió la competencia para investigar a García Ortiz, fue el 20 de febrero de 2024 cuando la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia contra González Amador a los juzgados, por lo que puede haber comunicaciones relevantes anteriores del fiscal general.

Señala el instructor que aunque haya habido comunicaciones desde el 20 de febrero (día en que se judicializa la denuncia contra el novio de Ayuso) hasta el 8 de marzo «es muy frágil la sospecha que permita relacionarla con alguna que pudiera tener que ver con la dinámica delictiva que se investiga». Y respecto a extender la investigación más allá del 14 de marzo «son menos las razones que se nos dan para ello, lo que no quita para que, en función de lo que vaya requiriendo la investigación, se pueda acordar otra cosa».