Las acusaciones populares reclaman su papel en los casos de corrupción

La acusación popular, rara avis del derecho español, ha emergido en el último año como actor fundamental de la actividad judicial. Las principales investigaciones abiertas en este momento que cercan al Ejecutivo de Pedro Sánchez por afectar a personas de su entorno más cercano, así como al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien su Gobierno nombró, están impulsadas por acusaciones populares de distinta índole, entre ellas una asociación católica pro vida; un sindicato de funcionarios públicos fundado por el abogado Miguel Bernad; una asociación de abogados de izquierdas; distintos partidos políticos; la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) o el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Colectivos con ideologías y motivaciones dispares pero que, en los causas que copan los titulares de los periódicos todos los días comparten el mismo objetivo: la defensa del interés general.

El derecho español permite ejercer la acusación en causas judiciales a quienes no son afectados directamente en éstas a través de la figura de la acusación popular, reconocida en la propia Constitución, en su artículo 125.

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Carmen Lucas-Torres

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Ahora que precisamente son las acusaciones populares las que impulsan la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presunto tráfico de influencias de influencias en un juzgado de Madrid o al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor, Koldo García, en el Tribunal Supremo, la razón de ser o la legitimación de estas acusaciones como cauce de participación ciudadana está en el punto de mira.

En este momento, una decena entidades distintas ejercen la acusación popular en las investigaciones contra Koldo García y José Luis Ábalos (en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional); Begoña Gómez (en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid); David Azagra, por su contratación en la Diputación de Badajoz (Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad extremeña) y el fiscal general Álvaro García Ortiz (también en el Tribunal Supremo).

Precisamente fue una querella del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias la que dio pie a la apertura de la investigación a la esposa del presidente del Gobierno en la que también están personados Hazte Oír, Iustitia Europa, Vox y Movimiento para la Regeneración Política de España.

En el caso de la investigación a Ábalos por el cobro de presuntas mordidas del empresario Víctor de Aldama, representante de una de las compañías que recibió contratos públicos para traer material sanitario a España por valor de 53 millones de euros, las acusaciones las ejercen también Hazte Oír, Iustitia Europa, Liberum, ADADE, Manos Limpias, Vox y Partido Popular.

Consultadas por ABC, dichas asociaciones comparten un objetivo común a pesar de tener ideologías y misiones dispares, la representación y defensa del interés de la sociedad española frente a la corrupción.

Desde Iustitia Europa, definida como «antipartido que promueve un reinicio moral de la política española» defendiendo la «dignidad, la libertad y la Justicia», al frente de la que se encuentra el abogado Luis María Pardo, afirman que lo que buscan al ejercer la acción popular en dichas causas es «defender la posición de los ciudadanos. Representamos a una sociedad harta de la impunidad de los políticos», contestan. En cuanto a los motivos por los que escogen en qué causas personarse, afirman que «siendo la corrupción sistémica, de derechas e izquierdas, lo hacemos sin ideología. En todas». Reivindican, como logro, la imputación de Ábalos.

Francisco Montiel, abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), activa desde la década de los 80, cuando ejercieron la acusación en el caso Amedo, explica que siempre han participado en «procedimientos en los que hay un fuerte componente de interés ciudadano, ya sea por referirse a la lucha contra la corrupción o por su repercusión en los derechos de la ciudadanía». No eligen las investigaciones a impulsar por su relevancia mediática, sino porque supongan «un ataque al Estado de Derecho y especialmente en casos de grave corrupción». «La aportación de ADADE ha resultado imprescindible en numerosos casos, como los papeles de Bárcenas y Gürtel, Púnica, Lezo, Perote, Amedo y Domínguez, Dívar, etc...», reivindican.

Ese papel fundamental en defensa de los intereses y la igualdad de los españoles también impulsa a Liberum, con el abogado Alexis Aneas como portavoz: «La vocación de Liberum es la defensa de los derechos individuales en los tribunales mediante el buen derecho, frente a las restricciones que pretendan limitar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, sea que estas provengan de autoridades o corporaciones, especialmente en lo relacionado con los derechos a la igualdad, integridad física, intimidad, ideología, y libre circulación».

Consideran clave su papel en el caso Koldo, que comenzó a investigarse en la Audiencia Nacional, «especialmente al defender la competencia de los tribunales españoles frente a intención de la Fiscalía Europea de quedarse con el caso íntegramente. También pusimos en valor la ausencia de albaranes de recepción y entrega al destinatario final de unos ocho millones de mascarillas».

Hazte Oír se definde como «una asociación que representa a más de 300.000 españoles con la defensa de la vida, la familia y la libertad». Moviliza a manifestantes, paralelamente a la acción judicial, cada vez que hay declaraciones en la investigación a la mujer de Sánchez en los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid. Justifica su personación en esta causa y la de Ábalos en que «nuestros socios entienden que estos principios representan la España que Sánchez quiere destruir. Por eso, defender la esencia de España es defender, como hacemos, estos tres principios», afirman. Y recuerdan que aunque la asociación católica provida ha estado presente «en procesos judiciales en numerosas ocasiones, la diferencia ahora es el incremento del eco mediático por la relevancia de los hechos denunciados y la importancia de los investigados. La acusación popular más que un derecho de cualquier español es una obligación para cualquier particular o asociación que tenga una clara vocación de servicio y de compromiso cívico», sostienen.