Una de las acusaciones pide buscar el móvil que el fiscal general ocultó al juez y a la UCO

La entidad ejerce la acusación popular en la causa abierta a García Ortiz en relación con el manejo que hizo de la información sobre una investigación de Hacienda a Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y que habría intercambiado al menos con la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada por compartir la información reservada a la defensa de González Amador.

El viernes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyó en un nuevo informe unido a la causa que el fiscal general entregó a la comitiva que registró su despacho en la sede del Ministerio Público un teléfono que no comenzó a utilizar hasta el 23 de octubre, una vez supo que había una investigación abierta contra él y pocos días antes del citado registro. Eso podría explicar por qué el teléfono que sí entregó a los investigadores contenía «cero mensajes», según un informe anterior de la Benemérita.

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Para conocer si en el terminal anterior se guardaron las conversaciones que contendrían la prueba del presunto delito, los representantes legales de Manos Limpias solicitaron anteayer a la Sala Segunda del Tribunal Supremo una serie de diligencias, a la espera de que las acuerde el magistrado instructor, Ángel Hurtado. Entre ellas, que se solicite a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación del Ministerio de Hacienda, a donde pertenecía el teléfono, si éste es propiedad de la Administración.

En caso de serlo, los representantes de la acusación piden que el juez pida a tal departamento aclarar si el móvil está en uso y si alguien lo está utilizando ahora mismo.

En caso de ser localizado, piden al juez que obligue a entregarlo para que los investigadores lo inspeccionen. También que, quienes estarían encargados de su borrado aclaren si dicho teléfono se formateó cuando García Ortiz dejó de utilizarlo y, si fue así, que recaben las informaciones de los servicios o del departamento que hubiera realizado dicha tarea.

La versión oficial que dio la Fiscalía tras el primer informe de la Guardia Civil compromete tanto a García Ortiz como a la propia institución. Ante la inexistencia de mensajes en el terminal analizado, fuentes del Ministerio Público se refirieron a una instrucción interna de 2019 en la que se recomienda realizar borrados periódicos por cuestiones de seguridad.

Sin embargo, el segundo informe apunta a una nueva hipótesis, la de un cambio de dispositivo que no es incompatible con dichos borrados pero obligaría a comprobar si efectivamente el fiscal general eliminaba contenidos atendiendo a dicha instrucción.

Este viernes, fuentes del Ministerio Público rechazaron explicar por qué aludieron al borrado de mensajes si sabían que ese no era el teléfono que usaba García Ortiz en las fechas de las que se analizaron las conversaciones. Sólo alegaron que «haciendo públicos datos personales del fiscal general del Estado se pone en riesgo su seguridad».