Los jueces alertan: «Nos acercamos rápida y peligrosamente a Polonia»

El magistrado Juan José Carbonero es miembro de la directiva de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que representa a más de 1.350 jueces españoles. Asegura que «nos acercamos peligrosamente y mucho» a una situación político-judicial parecida a las de Hungría y Polonia y que califica de «altísimo voltaje».

Recuerda que hace ya dos años APM advirtió a las instituciones europeas de la reforma que el Gobierno (PSOE-Unidas Podemos) y sus socios parlamentarios aprobaron en marzo de 2021 para impedir que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cubra las vacantes en los principales tribunales del país mientras permanezca en funciones, como lleva desde hace cuatro años por la falta de acuerdo entre socialistas y populares.

Este magistrado resume todo lo ocurrido desde entonces y el momento actual con una frase muy gráfica: «El CGPJ se ha convertido en una escombrera y el Tribunal Constitucional lleva camino de ello». Insiste en que se trata de «un problema muy serio» y reconoce que entre sus compañeros hay «mucha preocupación» no sólo por lo acontecido, sino por la «incertidumbre» de lo que puede pasar en los próximos meses.

La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, con 860 jueces, es la segunda más representativa. Su portavoz nacional, el también magistrado Jorge Fernández Vaquero, escribió un artículo en ABC en marzo del año pasado –cuando el Gobierno maniató al CGPJ para forzar al PP a renovarlo–, cuyo título era tan ilustrativo como premonitorio: 'En Moncloa se habla polaco'. Defendía entonces el portavoz de AJFV que la situación en España no era equiparable a la de Polonia, pero que empezaba a parecerse.

Ahora, tras lo ocurrido en estos casi dos años y especialmente en esta semana, Fernández Vaquero reconoce que «nos aproximamos a toda velocidad al contexto de Hungría y Polonia». El portavoz de AJFV advierte sobre otra posibilidad con la que ya amagó el Gobierno y en la que insiste Podemos, como es rebajar la mayoría necesaria en el Parlamento para renovar el CGPJ, pasando de tres quintos a simple, lo que dejaría a la oposición fuera. «Sería la gota que desborda el vaso institucional; si le meten mano a eso, estamos en Polonia 2018», alerta Fernández Vaquero por el momento en el que la Justicia europea empezó a cuestionar al Gobierno polaco por sus medidas contra la independencia judicial.

El portavoz de AJFV no se olvida de señalar a otros culpables: el PP como principal partido de la oposición por negarse a renovar órganos constitucionales y los vocales del CGPJ y magistrados del Constitucional, tanto conservadores como progresistas, por reproducir en estas instituciones el «juego de subterfugios y bloques partidistas con el que actúan de forma evidente».

El representante de otros 335 jueces y magistrados españoles coincide con los dos anteriores. Fernando Portillo es presidente de Foro Judicial Independiente (FJI) y añade que «sin duda» la situación en España se parece cada vez más a la de Polonia o Hungría: «Cuando advertíamos de la excesiva politización del CGPJ, algunos nos decían que no tenía nada que ver con esos países, pero lo de Polonia no se hizo en un día, sino paso a paso, como los que se están dando en España», recuerda Portillo.

El magistrado de FJI lamenta que «estamos en una deriva de fondo y formas que nos aleja de las democracias liberales y nos acerca a sistemas donde parece que las urnas lo legitiman todo sin necesidad de que las medidas se ajusten a la legalidad y constitucionalidad». Algo de lo que Portillo culpa a los «irresponsables políticos» que insisten en el mantra de que el Parlamento está por encima de cualquier tribunal y de la ley.

La única asociación judicial que no comparte esa visión de las tres anteriores es la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Su portavoz Edmundo Rodríguez no cree que el escenario político y judicial de España sea equiparable a los de Polonia y Hungría, aunque reconoce que se trata de una «situación difícil, pero no insuperable». Y, en cualquier caso, asegura que «las instituciones no peligran» en nuestro país.

Esta asociación de 440 miembros llama a la «responsabilidad» de los políticos para que «rebajen el tono de mensajes apocalípticos y palabras gruesas». Rodríguez cree que «no hay un golpe del Estado del Gobierno», como se afirma desde la oposición, ni «ruido de togas», como se responde desde el propio Ejecutivo y sectores afines. Mantiene que nada de ello habría ocurrido si el PP hubiera pactado la reforma del CGPJ cuando tocaba, hace cuatro años.