El PP suspende las negociaciones con el Gobierno para renovar el CGPJ

Según ha avanzado el PP en un comunicado, Feijóo le ha trasladado a Sánchez «su extrañeza ante el cambio de posición del PSOE en lo relativo a la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición». Asegura el PP en su comunicado que el interlocutor designado por el presidente (Félix Bolaños) trasladó «que no estaba en sus planes acometer esa modificación».

Pero en esta conversación asegura el PP que Pedro Sánchez «ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación». Desde el principal partido de la oposición justifican que «es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo».

El PP defiende que la reforma de la ley para mejorar la independencia judicial «no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España». Los populares denuncia que «el único propósito» de Sánchez con esta modificación es «un compromiso unilateral con el independentismo», porque, recuerdan, que las personas con causas abiertas por el delito de sedición ya pueden ver reducidas sus penas «con la única condición del arrepentimiento y el compromiso de no reincidir».

Con este análisis, el PP traslada que «las conversaciones quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional».

Al plantearle al Gobierno esa disyuntiva, el PP traslada que Feijóo le ha ofrecido a Sánchez «abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal», recordando que el propio Pedro Sánchez se comprometió a esto último en la campaña electoral de las últimas elecciones generales.

El PP denuncia que volver a poner encima de la mesa la reforma de la sedición solo puede responder o bien a exigencias del independentismo o bien a una vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que «estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno». Los populares denuncian que Sánchez hoy ha anunciado de forma solemne que el acuerdo ya estaba listo. Algo que ha sentado muy mal en el PP, que apenas ha tardado minutos en negarlo.

«Nuestra vocación de acuerdo es tan firme como nuestra convicción de que no podemos seguir avanzando mientras el presidente Sánchez no aporte garantías suficientes de que no seguirá usando todos los poderes del Estado para facilitar el camino a aquellos que quieren combatirlo», reza el comunicado, que termina diciendo que si rectifica «el presidente y todo el Partido Popular sigue a disposición del presidente del Gobierno».

Con Pedro Sánchez en pleno vuelo de regreso de su gira africana, el PSOE y el Gobierno han tardado casi una hora en reaccionar. Cerca de las nueve y media de la noche Ferraz emitía un comunicado en el que acusan al PP de romper «un acuerdo listo y preparado para ser firmado». Los socialistas acusan a Feijóo de tener «una actitud obstruccionista» que «está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de nuestro país en la UE».

Los socialistas explican que Sánchez ha llamado al líder del PP «para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP», insisten. Y acusan al líder de la oposición de haber utilizado «una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más».

Ferraz acusa a Feijóo de tener «una absoluta falta de autonomía política al no resistir las presiones de la derecha más reaccionaria que, en todo momento, ha estado boicoteando esta negociación para que no llegara a buen puerto». Los socialistas argumentan que «el cumplimiento de la Constitución no admite condiciones ni chantajes». Además, insisten en que la agenda legislativa del Gobierno «no ha sido modificada en ningún momento a lo largo de la legislatura ni tampoco durante la negociación de las últimas semanas», lo que vuelve a contrastar con la aseveración que hace el PP de que Bolaños le negaba a González Pons que esa reforma se fuese a llevar a término. Y en cualquier caso insisten en que «no puede ser objeto de intercambio con el obligado cumplimiento de la Constitución Española».

Las negociaciones entre el Gobierno y el PP atravesaron durante toda la jornada turbulencias decisivas que amenazaron con hacer descarrilar el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El PP tiene sus presiones por lo que supone un pacto con el Gobierno en estas circunstancias. El Ejecutivo, por su parte, queda expuesto en sus hipotecas: no ha podido controlar los tiempos sobre la reforma del Código Penal para rebajar las penas del delito de sedición. El afán de La Moncloa de separar esa cuestión de la negociación presupuestaria ha fracasado. Su insistencia en no rechazar la reforma pero destacando que no había avances concretos tenía como objetivo real no enervar al PP. Tampoco se consiguió.

En la mañana de este jueves, en el Congreso, durante la segunda jornada del debate de totalidad de los Presupuestos, el diputado de ERC Joan Margall justificó permitir que se tramitasen para poder negociar con el Gobierno y seguir avanzando en la «desjudicialización» del 'procés'. Sorprendentemente, dado que Moncloa no quería relacionar ambos asuntos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, respondió ERC con la garantía de reformar el Código Penal y rebajar la sedición, si bien insistió en que ese «no era el entorno» ni el espacio «de debate» para esta conversación.

«Es un compromiso firme que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, traeremos a esta Cámara, que soberanamente tendrá que decidir sobre esta cuestión», expresó Montero desde la tribuna de oradores, con la voz ronca de tantas horas comparenciendo. «Les quiero volver a reiterar el compromiso del presidente del Gobierno, que ha sido muy claro con la situación de convivencia de Cataluña, efectivamente tenemos que trabajar en la modificación de determinadas figuras penales que no son comparables con el del ordenamiento jurídico europeo, pero trabajaremos en otro entorno, no es este el debate».

Tras estas primeras declaraciones de la ministra de Hacienda, empezaron a llegar informaciones que apuntaban a que el PP no renovaría el CGPJ si el Gobierno rebajaba el delito de la sedición. Fuentes populares certificaban que hubo un momento en el que pensaron que tenían que mandar el mensaje de que ambas cuestiones no podían ser complementarias.

Núñez Feijóo, tenía una intervención prevista en Santander. Desde el PP animaban a estar atentos a su intervención para conocer la posición del partido sobre si la reforma del delito de sedición era incompatible con su acuerdo con el Gobierno. Pero antes de que comenzase a hablar se producía una intervención crucial en los pasillos del Congreso. No era una rectificación. Pero sí una contextualización. Fue el momento en el que la ministra de Hacienda y número dos del PSOE salió a rebajar sus palabras que, según ella, había expresado «en el fragor» del debate parlamentario. «Disculpen si han interpretado un anuncio o un paso más, solo estaba reiterando el compromiso de homologar determinados delitos con los estándares europeos, no hay ninguna novedad», expresó ante los periodistas que la rodearon. Apenas cinco minutos después estos mismos medios de comunicación se toparon con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y le preguntaron por el asunto: «Hay que hablar menos». La rebaja de este delito beneficiaría a algunos cargos independentistas autonómicos y municipales procesados por el 1-O.

 El intercambio de mensajes entre Montero y ERC confirma las pretensiones de ambos, como venía informando ABC. Internamente el mensaje que desde el Gobierno se lanzó al PP era el mismo: sin novedades respecto a la sedición. Y entonces habló Feijóo: y no dijo ni una palabra sobre la negociación del CGPJ. Durante una intervención en un foro empresarial aseguró que su posición sobre los delitos de sedición y rebelión es «nítida» y «clara». Están a favor de «concretar con mayor exactitud» esos delitos y «ser contundentes en la tipificación». Y anticipó que «si gobernamos, agravaremos las penas, tipificaremos de una forma más precisa y clara». Además aseguraron que «tipificarán la mera convocatoria de referéndum, se haga o no para ser coherente con la defensa de la nación». Pero no hubo ultimátum ni nada parecido.

Desde Pretoria, donde Pedro Sánchez se encontraba en viaje oficial, el presidente del Gobierno apretaba para no perder la oportunidad en las últimas partidas. Aseguró que «nunca como ahora estuvo tan cerca de llegar a un acuerdo». El presidente del Gobierno insistió en que este acuerdo «tiene que estar por encima de otra consideración», en referencia a una eventual ruptura con el PP a cuenta de la sedición: «uno podrá discrepar de la agenda legislativa del Gobierno , y esa es la democracia, es legítimo votar a favor, en contra, enmendar… y otra es el cumplimiento estricto de la Constitución a la que nos debemos todos». Sánchez pedía a Feijóo separar ambas cuestiones. Pero ya era tarde. Aunque el Gobierno todavía no lo sabía.

Sánchez hablaba sabiendo ya que el presidente del PP no había roto las negociaciones. Y trasladaba toda la responsabilidad sobre una posible ruptura en el PP: «Al llamamiento de cumplir estrictamente nuestras obligaciones constitucionales nadie puede fallar. El acuerdo está listo, está preparado, y aquí solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios: sí o no queremos renovar el CGPJ. Nosotros decimos sí de manera rotunda». Esta cuestión, añadió, «debe estar por encima de cualquier otra consideración».

Al escuchar al presidente, en el PP salían al paso del intento de dejar el acuerdo solo a falta de su firma. Fuentes populares desmentían que el acuerdo sobre el Poder Judicial esté listo. «Todavía no se ha llegado a un acuerdo. No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional». Marcar posición. Pero sin romper la negociación. El PP tenía en esa comunicación a la prensa una nueva ocasión para romper el pacto o vincularlo con la sedición. Pero no lo hicieron.

Sánchez había evitado introducir plazos en su reflexión sobre la sedición. Pero sí hizo una defensa de la reforma. Defendió que Cataluña se encuentra «mucho mejor» que en el otoño de 2017, y defendió que la superación de la crisis debe llegar «por cauces políticos». Sánchez defendió que «una de las principales lecciones a extraer» del procés, del «desencuentro y la quiebra» que acarreó, es que hay que «homologar algunos tipos de delitos de nuestro Código Penal al contexto europeo en el que nos desarrollamos, nos desenvolvemos y al cual pertenecemos, y ese es el planteamiento que hace el Gobierno de España».

Tras esos mensajes cruzados, pero sin haberse llegado a verbalizar ruptura alguna, todo quedaba pendiente de un hilo. Una llamada entre Sánchez y Feijóo con la que el presidente pretendía cerrar el acuerdo terminó por romperlo todo.