El Gobierno, atrapado entre el PP y Podemos por la renovación del CGPJ

El primero el del mismo primer partido de la oposición, que en una ofensiva política estrenada en ese mismo pleno parlamentario pide al PSOE saber «¿quién es el nuevo señor X?», aquel que según los populares habría acudido a Waterloo (Bélgica) a entrevistarse con Carles Puigdemont para, en palabras de Gamarra, «negociar el Código Penal a la medida de los líderes golpistas». Y el segundo frente el que abre, o más bien reabre, su socio de coalición, Unidas Podemos, al recuperar su vieja idea de fulminar mediante otra eventual reforma exprés de la Ley Orgánica del Poder Judicial la mayoría cualificada de tres quintos que ahora exige la norma para nombrar a los vocales del CGPJ, que llevan cuatro años ya en la prórroga de su mandato.

Sobre lo primero ni Sánchez ni sus ministros pronunciaron un desmentido contundente en el hemiciclo. Y en una entrevista en La Sexta, la portavoz del Gabinete, Isabel Rodríguez, preguntada en varias ocasiones por si existió o no ese emisario socialista a Waterloo, terminó diciendo que no le confería «credibilidad» alguna al expresidente catalán fugado de la Justicia española, aunque evitó de nuevo un desmentido rotundo.

Fuentes del PP consideran que es Puigdemont quien ha asestado una puñalada a traición al PSOE al desvelar en una reciente carta hecha pública en las redes que negoció con un dirigente de ese partido para rebajar la tipificación del delito por el que el Tribunal Supremo (TS) condenó en 2019 al que fuera su vicepresidente, el líder de ERC Oriol Junqueras, y al resto de implicados en el golpe secesionista de 2017. Y el mismo tipo penal por el que se le reclama para volver a España y entregarse a las autoridades. «¿Alguien piensa que a hablar con Puigdemont por parte del PSOE va cualquiera?», se preguntan retóricamente fuentes del PP, que a continuación concluyen que tuvo que ser un dirigente de peso del Gobierno o del partido el que hablase con el líder en el exterior de Junts Per Catalunya. Fuentes de Moncloa, por su parte, consideran que el PP está «radicalizado» y sobreactuando ante una situación en la que las encuestas, que hace unos meses eran muy favorables para Feijóo, empiezan a dibujar un escenario en el que el PSOE recupera terreno.

Pero aunque Sánchez pueda sacudirse las críticas del PP, tiene más difícil escapar de la presión de Unidas Podemos, que ante el bloqueo en el CGPJ vuelve a pedir actuar expeditivamente y cambiar la ley para que baste una mayoría absoluta para designar a los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Así evitarían que el PP participase necesariamente en el reparto y llegarían a los números suficientes con ERC y Bildu, el llamado 'bloque Frankenstein'. El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, fue claro nada más abandonar el pleno, en declaraciones a los medios: «Sinceramente, no se trata de opiniones, sino de hechos. Solo hay dos opciones: permitir que el PP acabe la legislatura secuestrando al CGPJ, o cambiar las mayorías. Si a alguien se le ocurre otra opción de la que yo no me esté percatando, estoy abierto al debate, pero sinceramente, no encuentro otra manera de evitar que se incumpla la Constitución en esta legislatura». Si bien dijo que antes de presentar una iniciativa para esa reforma lo primero, dijo, «es negociar». Y añadió: «Hay una mayoría progresista en esta cámara suficiente para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y deshacer este bloqueo que nos sitúa al nivel de países iliberales».

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Así las cosas, el PSOE tiene que decidir si acepta emprender de la mano del partido de Ione Belarra una nueva reforma exprés sobre el CGPJ, que sería la tercera de este tipo en la presente legislatura, después de las que se acometieron para limitar la capacidad de nombramientos de ese órgano cuando, como ocurre ahora, está en funciones, y, en sentido contrario, para ampliar las funciones del Poder Judicial interino, de tal manera que pueda nombrar a los magistrados que le corresponden de la renovación de un tercio del Tribunal Constitucional (TC), también pendiente, y de la que al Gobierno corresponden dos magistrados, por otros dos el CGPJ.

Se trataría de una reforma que por su forma urgente, y sobre todo por su fondo –al relajar las mayorías para designar al responsable de fiscalizar el funcionamiento de un poder tan sensible del Estado– chocaría con varias sensibilidades, y muy en particular la de la Unión Europea (UE), en vísperas además de la presidencia rotatoria que España asumirá el último semestre de 2023. Una ocasión que Sánchez planea desde hace tiempo como el colofón a su mandato, antes de las elecciones generales que tendrán lugar en diciembre del año que viene.

Bruselas ha sido siempre clara con respecto a modificaciones legales que puedan ir en dirección contraria a la deseable despolitización de los órganos judiciales que preconizan las instituciones comunitarias. Y una reforma legal desde una mayoría de gobierno como la actual para que bastase esa misma mayoría para nombrar a los vocales judiciales, excluyendo a la primera fuerza de la oposición, no sería una noticia recibida con agrado en la capital comunitaria. Ni, desde luego, un buen cartel de presentación para la presidencia de turno que Sánchez protagonizará a partir de la segunda mitad del año que viene.

A todo ello responde la ambigüedad al respecto de los socialistas, que alertan de que «no podemos estar en esta situación más tiempo», en referencia al bloqueo del CGPJ, pero evitan concretar si impulsarán esa tercera reforma exprés para burlar el acuerdo entre los dos grandes partidos. Desde el pasado lunes, cuando por motivo del puente del primero de noviembre se celebró el Consejo de Ministros y su rueda de prensa posterior, el Gobierno afronta dificultades para responder a una pregunta sencilla, la de qué hará para que se cumpla la Constitución y se renueve el CGPJ y el TC, dado que a su juicio el PP está incumpliendo de manera flagrante la Carta Magna. Un interrogante al que la maquinaria de argumentario de Moncloa no ha logrado encontrar aún una respuesta nítida y única.