La amenaza del sector progresista de no votar propició la suspensión del Pleno del Constitucional

Armado con la artillería de escritos (recusaciones incluidas) que en las últimas horas habían entrado en el órgano de garantías, los magistrados progresistas consiguieron aplazar la decisión al próximo lunes, dada la «complejidad» del asunto y la «relevancia» política y jurídica de un fallo que afecta al Parlamento, sede de la soberanía nacional, y sobre el que no hay precedente alguno en el órgano de garantías. Nunca hasta ahora una ley que se tramita en las Cortes Generales ha sido suspendida antes de su aprobación, recuerdan fuentes del TC. Y de la importancia y necesidad de mesura de esta decisión son conscientes todos los magistrados con independencia de sus distintas sensibilidades.

Por eso, la negativa de los progresistas a deliberar y votar la admisión del recurso de amparo del PP y, en su caso, a decidir sobre la suspensión de las enmiendas si no se les daba más tiempo para estudiar el caso, se puede decir que hasta fue la «coartada» perfecta para que los magistrados conservadores no tuvieran que decidir, con la prisa a la que instaba el PP, sobre la conveniencia de suspender las dos enmiendas que acompañan a la reforma del Código Penal. Más aún cuando hay tiempo para hacerlo durante la tramitación de esta proposición de ley, en concreto una semana, recuerdan fuentes del sector conservador.

No obstante, el presidente del TC, Pedro González Trevijano, no quiso cargar conla responsabilidad de posponer este pleno y quiso dejar claro también de puertas para fuera, según coinciden todos los testimonios recabados, que si no se celebraba la reunión no era por falta de voluntad, sino porque no había quórum suficiente para hacerlo: si cinco magistrados se iban a levantar de la mesa, los seis que quedaban nada podían hacer, pues la ley exige la presencia en el plenario de dos tercios de los miembros del Tribunal: ocho de los once magistrados que actualmente lo componen (la plaza de Alfredo Montoya aún no ha sido cubierta).

Faltaba solo dar forma a la imposibilidad de celebrar el pleno en esas circunstancias, y para ello se trabajó sobre el papel que previamente habían suscrito los cinco magistrados progresistas: aquel en el que solicitaban al presidente el aplazamiento del cónclave. «Los magistrados y magistradas que suscriben le solicitan que aplace el pleno convocado para las 12 horas de hoy (hubo un primer aplazamiento de dos horas respecto a la hora prevista) por el tiempo indispensable que nos permita el estudio completo del asunto, a la vista del volumen de la documentación aportada, de la complejidad de la cuestión que plantea el recurso, la relevancia de la decisión y de los escritos que han sido presentados a lo largo de esta mañana».

Trevijano instó al los progresistas a que en ese texto añadieran lo siguiente: «(...) Lo que nos imposibilita, en consecuencia poder participar en la deliberación y votación». Conde-Pumpido aceptó el «trato» a regañadientes: no quería que se interpretara que los progresistas boicoteaban el pleno. Pero priorizó ganar la batalla del aplazamiento. A continuación, el presidente convocó un nuevo cónclave para el próximo lunes.

Aunque fueron horas de indudable tensión, y de reuniones improvisadas en «pasillos» y «despachos», las tensiones que se vivieron en las últimas horas en el tribunal nada tienen que ver con la crispación que se vio en el seno del Tribunal con motivo del Pleno en el que se debatió el primer estado de alarma de Sánchez. En aquel momento hasta magistrados concretos no ocultaron haber recibido presiones del Gobierno, en concreto de la entonces vicepresidenta Carmen Calvo.

Ayer quienes jugaron un papel fundamental fueron el vicepresidente, Juan Antonio Xiol, y la magistrada también progresista María Luisa Balaguer, quienes estuvieron en contacto en momentos puntuales de la mañana con González Trevijano, a su vez, al habla con los magistrados de su grupo.

Los once miembros del tribunal apenas coincidieron una hora en el Pleno que, retrasado a las doce, arrancó finalmente a la una de la tarde, una reunión en la que no hubo malas palabras, pero en la que «indudablemente» se palpaba que las posiciones de cada uno estaban definidas, más que en cuanto a la forma de abordar el Pleno que en cuanto al fondo (aceptar o no las cautelarísimas), en el que no se llegó a entrar. Los magistrados tienen dos informes jurídicos sobre la mesa y en ellos se defienden posturas antagónicas: según ha podido saber ABC. Uno de ellos es el del vicesecretario general del TC, contrario a la adopción de medidas cautelarísimas; el otro es el del letrado de Enrique Arnaldo, el ponente, que defiende la suspensión.

Con estos antecedentes y las presiones políticas extramuros no es difícil aventurar que el Pleno del lunes no será pacífico, pues al margen de las posturas controvertidas de los magistrados están sobre la mesa las recusaciones que Unidas Podemos ha presentado contra el presidente y contra Antonio Narváez. La formación morada considera que ambos, nombrados en su momento por el Gobierno de Rajoy, deben abstenerse de participar en la deliberación de este recurso, pues sus plazas ya tienen sustituto: Juan Carlos Campo y Laura Díez y de que ellos entren o no en el tribunal depende precisamente la admisión del recurso de amparo del PP y la suspensión de las enmiendas del PSOE y UP.