Los grupos tienen hasta el viernes para nombrar a sus miembros en las comisiones del 'lawfare'

Con este movimiento, el Congreso impulsa las comisiones de investigación conocidas como las del 'lawfare' –guerra judicial–, con las que los separatistas intentan demostrar que algunos jueces, siempre según ellos, los persiguen políticamente en los juzgados.

Los soberanistas ya intentaron que la Cámara Baja investigase esto la legislatura pasada, pero el PSOE, el PP y Vox impidieron que se acometiesen estas indagaciones, que ponen a los jueces en el centro de la diana. Esta vez, además de la ley de amnistía que los socialistas, antes del 23J, veían «claramente inconstitucional», los diputados de Sánchez han aceptado la promoción de estas comisiones.

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Dos de ellas fueron pactadas con Junts, la de los atentados yihadistas en Cambrils (Tarragona) y la de la operación Cataluña sobre supuesta persecución política a líderes independentistas, y una tercera con ERC, sobre el caso Pegasus, que afecta al presunto espionaje a separatistas con un 'malware' del mismo nombre. Para registrarlas, Junts se apoyó en el PNV y ERC, en Bildu y el BNG. Según el PSOE, las comisiones no buscan 'juzgar' a los jueces, sino esclarecer los hechos. Los socialistas desvirtúan el concepto de 'lawfare' y acusan al PP de cometerlo, por ejemplo, en la operación Kitchen.

Una vez nombrados los vocales de las comisiones, la Mesa deberá convocar sendas sesiones constitutivas y, después, los partidos deberán solicitar y pactar un listado de comparecientes. Fuentes del PP subrayan que se han opuesto a este plazo en la reunión del órgano de gobierno del Congreso porque, entienden, se está «desnaturalizando» el objeto de las comisiones de investigación y se están utilizando, en vez de para pedir responsabilidades políticas, para «revisar actuaciones judiciales».