El Gobierno crea dos fiscalías especializadas pese a la oposición mayoritaria de la carrera

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Los seis vocales de la Asociación de Fiscales y el de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), es decir, siete de los nueve vocales electivos que se sientan en el Consejo Fiscal, entendieron que carecía de justificación la creación de la plaza de fiscal de sala de delitos contra la Administración Pública, junto con dos fiscales adjuntos. A su juicio, la creación de esta unidad suponía modificar por la puerta de atrás el artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que desglosa las conductas delictivas que son competencia a día de hoy de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Será en cada caso el fiscal general del Estado quien valorará si existe o no la «especial trascendencia» –en términos del mismo artículo- que justifique la intervención de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada o del nuevo fiscal de sala de Delitos contra la Administración Pública, que dependerá directamente de García Ortiz sin conexión directa con Anticorrupción.

A juicio de la opinión mayoritaria de la carrera, la creación de esta unidad no hace sino crear inseguridad jurídica. «Es más, parecería que el real decreto trata precisamente de eludir a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, desdeñando la labor que viene realizando desde 1995, al afirmar en el preámbulo que lo que se busca ahora es la «verdadera y efectiva lucha contra la corrupción».

Además, los vocales recordaron que la ampliación de plantillas es necesaria en todas las fiscalías y que a eso deben ir destinados los esfuerzos del Gobierno, no a dedicarse a duplicar órganos de coordinación.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado la creación de 79 plazas de fiscales, todos de segunda categoría a excepción de los dos fiscales de Sala.

Fuentes del Ministerio Público no alcanzan a entender el sentido de esa unidad especializada en delitos contra la administración, cuando el artículo 19.4 del Estatuto fiscal atribuye a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada la práctica de diligencias e intervención directa en procesos penales relacionados con delitos contra la Hacienda Pública, contra la seguridad social y de contrabando; prevaricación, delitos de abuso o uso indebido de información privilegiada; malversación de caudales públicos; fraudes y exacciones ilegales; delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociación prohibida a los funcionarios, defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicos; delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores; delitos societarios, blanqueo de capitales y conductas afines a la receptación, delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales y delitos de corrupción en el sector privado.