Una asociación de fiscales se persona en la causa abierta a García Ortiz en el Supremo
La APIF se ofrece a actuar con imparcialidad a falta de un fiscal que no va a poder hacerlo libremente
Las polémicas que cercan la gestión de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado
Madrid
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Iniciar sesiónLa Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se ha personado en la causa abierta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos.
La APIF, que tiene recurrido el nombramiento ... de García Ortiz ante la Sala Tercera, justifica su personación en que, al no renunciar García Ortiz a su cargo, «priva a la Sala Penal de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo al principio de imparcialidad», pues «resulta del todo punto imposible que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada, por cualquier fiscal, con la independencia que se le requiere, teniendo como imputado a su jefe».
«Nuestra personación obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución», dice la comisión ejecutiva de la APIF en una carta a la carrera.
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La asociación reconoce que «no ha sido una decisión fácil pero, a nuestro juicio, justificar la permanencia en el cargo indicando que es lo mejor para la institución, no es de recibo». Recuerda que el Ministerio Fiscal, como institución nuclear dentro del Poder Judicial, no puede estar dirigida por una persona que, procesalmente, está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho delictivo. «Su imputación contamina, sin remedio, a toda la carrera. Si hubiera decidido abandonar el cargo sería innecesaria nuestra personación en el procedimiento penal».
Ya nada más conocer su imputación, la APIF sostuvo que esta situación procesal resultaba «incompatible» con el ejercicio del cargo.
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