Las claves del 'plan de regeneración' de Sánchez contra los «bulos» y la «desinformación»

Aunque el mencionado plan está dirigido al poder ejecutivo, al legislativo y a los medios de comunicación, son estos últimos el principal objeto de regulación. Así, las medidas que se pondrán en marcha parten del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación y pretenden fijar nuevos «estándares», fundamentalmente, de transparencia. Según ha señalado el presidente del Gobierno, «los ciudadanos deben conocer las fuentes de financiación de los medios de comunicación, el nombre de sus accionistas y sus cifras de audiencia».

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A este respecto, Sánchez ha citado los artículos 6, 23 y el 25.2. Este último punto fija que «las autoridades o entidades públicas harán publica anualmente, por medios electrónicos y fáciles de usar, información sobre su gasto público en publicidad estatal». En esta línea, el presidente del Gobierno ha propuesto «actualizar» la Ley de Publicidad Institucional, aprobada hace casi 20 años, para evitar que haya «medios que tienen más dinero público que lectores». Además, ha planteado «ampliar las capacidades» de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

También en lo referente a los medios de comunicación, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que se pondrá en marcha un paquete de 100 millones de euros, procedentes de fondos europeos, para la digitalización de los medios que así lo necesiten. Según ha explicado, estas ayudas permitirán crear bases de datos, desarrollar herramientas que mejoren la productividad y la calidad informativa y reforzar la ciberseguridad. Ha garantizado, por otra parte, que se concederá «a todos los medios de comunicación que lo precisen, con independencia de su línea editorial».

En su intervención en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez ha asegurado que este paquete de medidas, incluidas en el Plan de Acción por la Democracia, trata de potenciar «una línea central», que es «reforzar el derecho a la información veraz». Ante las dudas de que la propuesta puede suponer un control de los medios de comunicación, el presidente ha precisado que «no es labor del Gobierno repartir carnets de fiabilidad» y ha garantizado una base «sólida» en torno a cuatro elementos: que deriva del reglamento de la UE, sigue los preceptos de la legislación, «refuerza la transparencia» y es «de sentido común».

Después de la confusión que generó el anuncio de la vicepresidente Yolanda Díaz de «derogar» la llamada 'ley mordaza' –ley de Seguridad ciudadana–, el jefe del Ejecutivo ha matizado, al igual que lo hizo ayer la portavoz Pilar Alegría, que lo que propondrá el Gobierno será «una nueva reforma de la ley mordaza« y, por tanto, una modificación, «en lo relativo a la libertad de expresión en coherencia con la Constitución española».

En cuanto al propio Gobierno de España y los ejecutivos autonómicos, Pedro Sánchez ha anunciado que se impulsarán medidas que fomenten su transparencia. Así, ha adelantado que se aprobará una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto y se presentará a los grupos parlamentarios una nueva Ley de Administración Abierta, «que amplíe y mejore la cantidad y calidad de información gubernamental».

En lo relativo a la actividad parlamentaria, este Plan de Acción para «proteger y fortalecer nuestra democracia» prevé una reforma de la ley electoral para, entre otros asuntos, imponer la obligatoriedad de los debates electorales y para incorporar los microdatos de los resultados. Además, Sánchez se ha referido a que «es hora» de que las Cortes Generales se planteen reformar los reglamentos del Congreso y el Senado para, por ejemplo, «endurecer las sanciones a aquellos diputados y senadores que no presenten su declaración de bienes».