El Gobierno y Ceuta no saben oficialmente dónde acabaron los menores repatriados a Marruecos

El primero, de las autoridades españolas, que deben trasladar los expedientes de cada uno de los menores con todos los datos recopilados sobre su situación a las autoridades alauís. El segundo, de estas a España, porque su compromiso es «la identificación del menor y de su familia y a la expedición de documentación que demuestre su nacionalidad». Esto, un año después, no ha ocurrido: «No tienen nada por escrito».

Así lo revelaron la propia delegada del Gobierno, Carmen Mateos, y la vicepresidenta de Ceuta, Isabel Deu, a su paso por la Fiscalía ceutí, que las ha acabado denunciando por prevaricación continuada. Sostiene que «con la intención de evitar someter su actuación a las disposiciones legales» y «lograr eludir las responsabilidades administrativas y penales en que eran perfectamente conscientes iban a incurrir», acordaron «fundamentar su ilícito proceder» en el acuerdo bilateral entre España y Marruecos «simulando en todo momento que este permitía practicar la inmediata devolución» de aquellos menores «sin necesidad de ajustarse al procedimiento» legal.

Noticia Relacionada

Un alto cargo de Ceuta avisó de que la repatriación de menores a Marruecos era ilegal

Isabel Vega

La delegada del Gobierno se escudó ante la Fiscalía en que «la decisión» fue del Ejecutivo central

Durante el interrogatorio, incluido en el sumario de la causa al que tuvo acceso ABC, Mateos explicó que una vez la secretaría de Estado dio luz verde por escrito a la repatriación de los menores, preguntó al cónsul de España en Tetuán por el centro de acogida que Marruecos iba a utilizar para recibirles y las referencias fueron buenas. También contactó con una autoridad local, «el jefe de gabinete de Rincón», porque «quería garantía de Ceuta de que los niños iban a entregarse a sus padres» y él le dijo que asistiría personalmente. Para ella, su palabra fue la «garantía» y la única que ha tenido, a la luz de su declaración.

«En ningún momento Marruecos envía comunicaciones a Ceuta, al no considerarla parte de España», señaló, para añadir, pese a ello, que «solicitó información» en los términos que recoge el mencionado convenio. En cuanto a los datos que España les había facilitado, sólo refirió el envío a ese jefe de gabinete de la lista de 145 nombres de menores a entregar.

En cuanto a la vicepresidenta Ceutí, declaró «que no le consta que se recibiera la documentación» de Marruecos, aunque en la reunión que tuvieron junto a representantes marroquíes a pie de valla un par de días antes de que se iniciasen las repatriaciones «se concretó que tenían que recibir posteriormente los datos de los familiares retornados».

A ella, en todo caso, «no le constaban quiénes eran las familias de origen» de los chicos que se iban a entregar a Marruecos y aunque «no tiene duda» de que las ONG que llevaban la acogida habían determinado que no eran vulnerables, «no recibió ningún informe», no tuvo «acceso a los expedientes» ni en la actualidad tiene ninguno que lo acredite.

Declaró que «el acuerdo consistía en que una vez que los menores se reagrupasen con su familia, se pondría en conocimiento de las autoridades españolas, mandando la documentación correspondiente». Pero al final, sabe de la «reagrupación de algunos menores con sus familias» porque lo leyó en un periódico ceutí.

Todos los asesores y cargos de la vicepresidencia de Ceuta y la Delegación del Gobierno que testificaron ante la fiscal coincidieron en que no tenían constancia alguna de que Marruecos hubiese informado del paradero final de los menores. El secretario general de este último organismo, presente en todas las gestiones, dijo que cuando se entregaba a los chicos «las autoridades marroquíes verificaban que eran menores de edad, pero no recibieron ningún tipo de documento, ni constancia documental de la entrega a sus familias, tan sólo verbal». «Que no le consta que se haya hecho, que todavía se están haciendo gestiones con Marruecos para recabar esa información», reza la transcripción de su testimonio.

Mateos, que está citada como imputada para declarar el próximo 7 de septiembre, centra su defensa en que «las devoluciones de los menores las acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos», es decir, que «la decisión de promover el acuerdo con Marruecos es del Gobierno de Madrid» y en la delegación, «se decide cómo ejecutarlo». El «órgano competente», testificaría su secretario general, era la Secretaría de Estado de Seguridad, la misma que respondió por escrito a la petición que se elevaba desde la ciudad autónoma con un «ruego procedan» a las repatriaciones «por indicación del ministro del Interior».