La Fiscalía denuncia a la delegada del Gobierno en Ceuta por prevaricar con la expulsión de menores

Las diligencias se iniciaron en octubre con una denuncia de la Asociación para el Desarrollo Integral (L'ESCOLAC) en relación con la entrega de un total de 34 niños y adolescentes a las autoridades marroquíes. Eran desplazados en furgones y por tandas hasta la frontera y allí, pasaban a disposición de Marruecos, que les trasladaba según se comunicó en su día, a un centro de acogida desde el que se trataba de localizar a sus familias.

En el proceso, no mediaba expediente ni trámite administrativo alguno, como tampoco cabía recurso ni se escuchaban las circunstancias de cada menor. Se justificaba la medida al amparo de   un acuerdo marco con Marruecos que dice expresamente que España en todo caso ha de cumplir su legislación, la misma que marca todos esos pasos antes de proceder a una repatriación.

Las expulsiones comenzaron el día 13 de agosto y el 16 fueron paralizadas por orden del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta a instancias de dos ONG que representaban a una veintena de esos chicos. Finalmente, la Delegación del Gobierno fue condenada el pasado febrero a «adoptar las medidas necesarias» para deshacer lo ya hecho: devolver a España a los 55 menores que entregó a Marruecos al margen de la ley.

Pero L'Escola hablaba de responsabilidades penales, que no administrativas y la Fiscalía de Ceuta abrió diligencias de investigación. En diciembre tomó declaración a la delegada del Gobierno así como ha escuchado a otros cargos y a funcionarios conocedores de cómo se desplegó aquella operación de retorno masivo de menores. El plan era devolver a todos los menores que un mes después de la crisis migratoria -muchos otros se habían vuelto ya por su propio pie y a otros acudieron sus familiares a buscarles- seguían en una ciudad autónoma con los servicios de acogida desbordados , en situación de calle o en polideportivos.

Tras cerca de ocho meses de pesquisas, la Fiscalía ha llegado a la conclusión de que hay indicios de delito tanto en la representante del Ejecutivo Central en Ceuta como en la vicepresidenta del Ejecutivo de Juan José Vivas , que era la administración que proponía los listados de menores a retornar.

«Se han omitido de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho», dice la denuncia. Su tesis es que se habría hecho a sabiendas.

En las diligencias de investigación, la Fiscalía apunta que no sólo se han omitido algunos de los trámites preceptivos del procedimiento sino «todos» al no existir traza alguna del expediente de repatriación exigido por ese acuerdo entre Marruecos y España para el retorno de menores que se invocaba como marco legal.

Tampoco existen en estos casos la petición de informes de la situación familiar del menor, la fase de alegaciones, el trámite de audiencia, la fase de prueba ni siquiera la resolución acordando la repatriación de los menores o la comunicación al Ministerio Público, que es el encargado de velar por sus derechos.