Un alto cargo de Ceuta avisó de que la repatriación de menores a Marruecos era ilegal

La jefa del Área de Menores de Ceuta «siempre manifestó que había que aplicar la repatriación de la ley de extranjería y solicitó que se expusiera al Ministerio del Interior dicho procedimiento» y llegó a ponerlo por escrito, pero nadie hizo caso. Un juzgado acabó declarando ilegal la entrega por la vía rápida que resolvieron las autoridades y ahora, la delegada del Gobierno, Carmen Mateos, está imputada por prevaricación tras una denuncia de la Fiscalía. Declarará ante un juez el 7 de septiembre.

La revelación fue puesta de manifiesto ante la Fiscalía por la vicepresidenta de Ceuta, Isabel Deu del Olmo, quien reconoció que su subordinada al frente de Menores había manifestado su oposición a la aplicación de un convenio con Marruecos para la repatriación exprés de niños y adolescentes que nunca antes se había puesto en marcha. El mismo acuerdo que recoge específicamente que para su ejecución, España tiene que aplicar su legislación nacional, o, lo que es lo mismo, que no se puede devolver a menores de edad sin haberles identificado, abierto un expediente, oído y reconocido su derecho a recurrir la decisión en los tribunales.

Deu dijo a la Fiscalía que si bien la responsable política directa del bienestar de aquellos menores «no se mostraba conforme» con el procedimiento elegido, ella lo encontraba «apropiado» por la «situación de emergencia» que concurría, con cientos de niños y adolescentes acogidos en pabellones deportivos por falta de plazas y medios en Ceuta. Consideró «que las dudas jurídicas que se plantearon no eran trascendentes y quedaron solventadas con esa conversación».

Sin embargo, en la Delegación del Gobierno también eran conscientes de que esa responsable «no estaba de acuerdo con el procedimiento de devolución de menores». Lo contó como testigo el secretario General de este organismo, también ante la Fiscalía, si bien reconoció que «a pesar de haber dudas por parte de la representante del área de menores no puede responder si alguien trasladó dichas dudas o se actuó al respecto». Ella, por su parte, dijo que no le constaba y que «nunca nadie de la Consejería o de la Delegación del Gobierno le manifestó su desacuerdo» y «nadie planteó que el procedimiento pudiera ser contrario a la ley».

La posición de la responsable del área de Menores no eran simples reticencias y las expresó por escrito cuando recibió orden de Isabel Deu de comenzar con los preparativos para las repatriaciones. «El citado acuerdo exige que la situación de los menores no acompañados se gestione con el estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional», contestó al requerimiento, enumerando toda la normativa vigente en este asunto, con expresa alusión al «detallado procedimiento para ejecutar las repatriaciones de los menores de edad» que contempla la Ley de Extranjería.

«No consta al día de la fecha las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación del Gobierno de Ceuta para dar cumplimiento al procedimiento previsto en el Reglamento de extranjería para llevar a cabo los retornos a su país de origen", denunciaba en su escrito.

A renglón seguido, la carta "ruega a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Secretaría de Estado de Seguridad para que, en el marco de sus respectivas competencias, indiquen al servicio de protección de menores de Ceuta plazo previsto para dar cumplimiento a las previsiones del citado acuerdo, así como del Reglamento de extranjería, todas ellas competencia de la Administración General del Estado a fin de poder llevar a cabo los retornos de los menores a Marruecos, de conformidad con la legalidad vigente».

Llama la atención porque quien se estaba oponiendo no era un alto cargo cualquiera, como el consejero de Medio Ambiente de Ceuta, que acabó en una reunión a pie de valla con las autoridades marroquíes para pactar la entrega de los chicos de 15 en 15 no porque tuviese competencias, sino porque hablaba árabe. En este caso, se trataba de la persona de la que depende orgánicamente todo el tejido de acogida de los menores. También las ONG contratadas por la vía de emergencia para prestarles atención en las semanas posteriores a la llegada masiva de marroquíes a la ciudad autónoma, las mismas que en teoría, hicieron un análisis de situación de los chicos para confeccionar los listados de los que iban a ser repatriados asegurando que no fuesen vulnerables.

En teoría, porque Deu del Olmo reconoció ante la Fiscalía que «tenía constancia de que los repatriados no eran vulnerables» pero «no tiene ningún informe por escrito» y «se los pidió a la jefa de servicio» pero «no dispone de los expedientes técnicos del área de menores». «Que se hicieron entrevistas individualizadas de todos los menores, que no tiene duda, que había mucho personal dedicado a ello», recoge la transcripción de su declaración en la Fiscalía ceutí, pero ella nunca las ha visto. Tampoco ha visto los informes que según pactaron en aquel encuentro previo con Marruecos a pie de valla, iban a enviar después las autoridades alauís para comunicar las reunificaciones de los menores con sus familias.

«Le consta que las autoridades marroquíes verificaban que eran menores de edad pero no recibieron ningún tipo de documento, ni constancia documental de la entrega a sus familiares, tan sólo verbal. No le consta que se haya hecho, todavía se están haciendo gestiones con Marruecos para recabar esa información. Que no tienen nada por escrito», añadiría sobre este asunto el secretario General de la Delegación del Gobierno.

En cuanto a la propia Mateos, dijo ante el fiscal que «entiende que no se vulneraban los derechos del menor» y que se tuvo en cuenta «todas las medidas que se pedían como ser tratados individualmente y hubiera un informe» y en ese sentido, le constaba que el Gobierno de Ceuta «había dictado un decreto para nombrar personal que atendiera a los menores, contratando varias ONG».

«Que entiende que el procedimiento llevado a cabo se comunicó a los niños que iban a ser devueltos a Marruecos. Cree que el personal contratado haría la notificación. Le consta que los niños llegaron a la frontera y dijeron que querían volver con sus padres (....) No se trataba de cumplir lo establecido en la Ley de Extranjería, sino lo establecido en el tratado con Marruecos», reza la transcripción.

Esa es, precisamente, la cuestión. Aunque ni a Mateos ni a Deu le constaba ante el fiscal que los niños no quisieran ser devueltos, hubo peticiones de habeas corpus y doce menores representados por un equipo legal de distintas ONG ante un juzgado de lo Contencioso en Ceuta que paralizó las repatriaciones cuando ya se había entregado a Marruecos medio centenar, en tandas de 15, por la frontera de El Tarajal. La sentencia de primera instancia ha condenado al Ejecutivo ceutí y la Delegación del Gobierno a poner en marcha los mecanismos necesarios para traerles de vuelta porque sí había que aplicar la Ley de Extranjería, cuya concurrencia está incluso recogida en el propio acuerdo de repatriación que esgrimieron para acometer las entregas. 

Conforme explicó Deu, en un relato coincidente con el de Mateos, fue Ceuta quien pidió la aplicación del acuerdo de repatriación con Marruecos. Declaró que desde la llegada de los menores los días 16 y 17 de mayo «tenían contacto directo todos los días con el gobierno central a través de la vicepresidencia del Gobierno, Ministerio de Asuntos Sociales, Ministerio del Interior, normalmente a través de la delegación de Gobierno» y «tuvieron reuniones directas con el ministerio del Interior y recibieron comunicación directa de la delegación de Gobierno».

«La delegación de la Ciudad no tiene capacidad de llevar a cabo relaciones internacionales», explicó Mateos, quien abundó en su declaración en que «las devoluciones de los menores las acordó el Gobierno de España en contacto con el Gobierno de Marruecos», es decir, que «la decisión de promover el acuerdo con Marruecos es del Gobierno de Madrid» y en la delegación, «se decide cómo ejecutarlo». El «órgano competente», testificaría su mano derecha, era la Secretaría de Estado de Seguridad.

De hecho, mantuvo al tanto a la Secretaría de Estado de Seguridad durante todo el proceso, pues según explicó, el 28 de julio el presidente de Ceuta pidió la puesta en marcha «urgente» del proceso de repatriación y a partir de ahí, el Ejecutivo inició los contactos con el país vecino.

«La Secretaría de Estado de Seguridad le comunica que se ha llegado a ese acuerdo y le comunican cómo se va a ejecutar el acuerdo. Que se lo comunica dicha Secretaría de Estado por escrito el 12 de agosto», recoge la transcripción de la declaración. Se refiere al segundo escrito por email que envió ese organismo dependiente de Interior y que daba luz verde al procedimiento con un «ruego procedan» de parte del ministro, Fernando Grande Marlaska.

Cabe recordar que se produjeron dos comunicaciones por escrito y ninguna llevaba firma. La primera, del día 10 de agosto, «ruega se proceda a efectuar el retorno» y expone que «Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores». La segunda, que es la que menciona Mateos en su declaración, es algo más extensa y menciona la existencia de esa reunión a pie de valla de la que la delegada del Gobierno dio cuenta personalmente «a través de la persona del secretario de Estado».

Concluye igualmente la segunda misiva que «por indicación del ministro del Interior» se ha dictado escrito «rogando» se proceda a la repatriación. Cuando lo Contencioso de la Audiencia Nacional revisó este asunto a instancias de la Red de Inmigración, que interpuso una demanda, la Abogacía del Estado defendió que un «ruego» no es una instrucción y por tanto, no podía considerarse un acto administrativo objeto de recurso. También alegó que si se había cometido alguna irregularidad, sería responsabilidad del Gobierno de Ceuta o de la Delegación, no de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Tras analizar toda esta documentación, los magistrados del Contencioso concluyeron en la Audiencia Nacional que Interior no dio la orden de retornar a los menores sin procedimiento legal. Cosa distinta es la situación que afronta en Ceuta ahora la delegada del Gobierno, pues la imputación lo es por prevaricación, es decir, dar una orden a sabiendas de que es injusta.