La Xunta agilizará la limpieza de fincas para prevenir incendios

Según ha anunciado el máximo dirigente gallego, mediante estas medidas se podrá agilizar y simplificar la actuación de la Administración en las fincas con especial riesgo de incendio en aquellos casos en los que los propietarios no se encarguen de su limpieza ni tampoco permitan acceder a ellas. En los casos en los que los concellos también se desentiendan de esa tarea, será la Xunta quien se encargue de ella, pero podrá penalizar a ese ayuntamiento a través del Fondo de Cooperación Local.

En concreto, según completó Europa Press, los municipios que no se adhieran al convenio para la limpieza de las franjas secundarias o que se declare que incumplen sus obligaciones se les retendrá un 30% de lo que reciben a través del Fondo. Una vez formalicen su adhesión al convenio o enmienden el incumplimiento de sus compromisos, se procederá a abonarles las cantidades retenidas.

En otra disposición de la ley de acompañamiento se establece que las comunidades de montes tendrán que destinar, como mínimo, un 10% de sus ingresos a medidas de prevención y protección contra incendios. Además, se elimina la obligación de contar con un permiso de Patrimonio Cultural para trabajos de gestión del monte que se hagan en zonas con protección siempre que se hagan manualmente o con desbrozadora. En el caso de que sean necesarias tareas más complejas, este permiso se sustituirá por una declaración responsable.

Para las actuaciones en bienes con protección estructural y ambiental tampoco será necesario el permiso previo de la Xunta, podrán dar autorización los concellos junto a la licencia que conceden para la propia actuación. Esto también se aplicará en las ciudades –ayuntamientos de más de 50.000 habitantes–, cuando haya que realizar trabajos en el entorno del Camino de Santiago que no afecten al trazado de la Ruta, a los bienes estructurales o a las parcelas colindantes.

De esta forma, la ley de medidas fiscales y administrativas, conocida como ley de acompañamiento porque se aprueba todos los años junto a las cuentas públicas del ejercicio siguiente, regulará todas estas novedades introduciendo reformas en otras normas, como la de prevención de incendios o la de montes.

Rueda ha iniciado su intervención haciendo balance de los más de 3,5 millones de euros concedidos ya por la Xunta en el marco de las ayudas desplegadas por su gobierno para los damnificados por los incendios. «Un balance que contrasta, evidentemente, de una forma cada vez más notoria con los compromisos del Gobierno central», cuyas ayudas aún no han sido ni siquiera convocadas.

De las 137 solicitudes que recibió hasta ahora la Administración autonómica por parte de quienes perdieron o vieron dañadas sus viviendas, ya fueron concedidas 42 aportaciones económicas por un valor total de 2,9 millones de euros. En cuanto a empresas, se recibieron 22 solicitudes y se resolvieron ya 10, por un importe de 280.000 euros.

Para la recuperación de tecores, se recibieron 59 solicitudes y están resueltas 24, con una aportación económica total de 180.000 euros. Para restaurar reservas de la biosfera y espacios protegidos se recibieron 12 peticiones y ya se resolvieron siete por un importe de algo más de 200.000 euros. Y en cuanto a las ayudas agrícolas y forestales, se recibieron, respectivamente, 1.342 y 285 solicitudes que, en estos momentos, se encuentran en fase de comprobación. El compromiso del presidente es que antes de que termine el año estén pagadas por lo menos el 80%.

Rueda ha anunciado, además, 145.000 euros para convenios con ayuntamientos y comunidades de usuarios que financien los costes extraordinarios de las labores de autocontrol de las aguas de consumo humano afectadas por los incendios forestales.