Los protagonistas del año judicial en Galicia: de la sentencia del Alvia al caso Samuel Luiz

En total, han sido sesenta los recursos que la magistrada del juzgado de lo penal número 2 de Santiago admitió a trámite hace tan solo dos semanas y que se valorarán en los próximos meses. De las apelaciones presentadas, 52 fueron de los representantes de las víctimas o de sus familiares, casi todos en relación a la parte civil de la sentencia. También interpuso recurso contra el fallo la Asociación de Perjudicados por el Accidente Ferroviario del Alvia de Santiago de Compostela, así como el Ministerio Fiscal, Adif, Renfe, las dos entidades aseguradoras (Allianz Global y QBE) y, por último, los dos condenados, que piden su absolución.

El papelón judicial caerá en manos de los jueces de la sección sexta de la Audiencia provincial, con sede en Santiago, donde deberán aclarar, uno a uno, cada asunto. Un horizonte que solo sumará más tiempo a un caso que tardó casi una década en ser juzgado y que derivó en el juicio más largo de la historia de Galicia: diez meses, cerca de 700 testificales y un sumario con 45.000 folios.

También quedó en el tintero, para el arranque del año que está a punto de estrenarse, la sentencia de otro de los casos que más han removido a la sociedad gallega. El linchamiento al que —sobre hechos ya probados— fue sometido Samuel Luiz en julio de 2021. El enfermero coruñés encontró la muerte en una acera de La Coruña tras seis minutos de terror a manos de una pandilla que el pasado mes de noviembre se sentó en el banquillo. Un mes de pruebas, grabaciones y la declaración de más de ochenta personas, entre testigos y peritos, se resumieron en un contundente veredicto que oscurece el futuro judicial de cuatro de los cinco procesados. Solo uno de los inculpados, Catherine Silva, salió de la antigua fábrica de Tabacos de La Coruña libre de polvo y paja tras la decisión del tribunal ciudadano. El resto —Diego Montaña, Kaio Amaral, Alejandro Míguez y Alejandro Freire— esperan una sentencia que deberá traducir la votación de los jurados, ajenos a los alegatos de inocencia entonados por el grupo de amigos, en años de prisión. Y la horquilla no es menor.

Las peticiones de pena fluctúan entre las solicitadas por la fiscal del caso y, a la contra, por las respectivas defensas. En el caso de Kaio, van de los 17 años que pone sobre la mesa su abogado hasta los 27 que exige el Ministerio Público. Para Montaña el abanico dentro del que la magistrada deberá colocar su condena va de los 20 a los 25 años. Para Freire se mueve entre los 15 y los 22, y para Míguez, al que el jurado rebajó su participación en el crimen de coautor a cómplice, se queda en los 7 años que propone su letrado y los 13 por los que pelea la Fiscalía.

Durante la vista, el forense que realizó la autopsia del fallecido reveló que el coruñés murió a causa de unas «lesiones acumulativas» que su organismo no pudo soportar. Los vídeos que los investigadores expusieron demostraron que esa madrugada Samuel no tuvo opción de salir con vida del tumulto que lo rodeó, ni siquiera se pudo defender. El resumen de lo vivido lo hizo la fiscal, Olga Serrano, en su intervención final: «Lo que le pasó a Samuel fue una cacería, con la diferencia de que los lobos cazan para sobrevivir y los acusados lo hicieron por diversión (...) Y aquí están, orgullosos de ser la estrellas de la fiesta».

Al margen de la extensión y la intensidad de estos dos procesos penales, que enfilan ya su recta final, el 2024 fue protagonista de una de las sentencias más atropelladas y polémicas que se recuerdan en la Comunidad, la de la muerte de la joven Nerea Añel. El caso se juzgó cuatro años después de que el cuerpo de la orensana apareciese abandonado al lado de un arroyo de Barbadás (Orense), nueve meses después de su desaparición. Su pareja en aquel momento, Julio González Sierra, siempre fue el único sospechoso, y durante el juicio quedó demostrado que estaba con ella cuando se produjo la muerte, que pudo deberse a una caída accidental, pero en la que él no habría intervenido para intentar auxiliarla.

Esa fue la primera valoración del jurado ciudadano del caso, que tras la vista emitió un veredicto de culpabilidad. Sin embargo, y por primera vez en la historia de los tribunales populares en Galicia, el magistrado de la Audiencia provincial de Orense que debía transformar esa veredicto en años de condena optó por absolver al acusado interpretando que los jurado se equivocaron al valorar los hechos.

En su argumentación, Antonio Piña explicó que el tribunal consideró «no probado» que Nerea hubiese muerto a consecuencia de un traumatismo provocado por la caída, lo que desdecía el resto del relato. La sentencia sentó como un jarro de agua fría tanto a la Fiscalía como a la familia de la fallecida, que recurrieron al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y con el veredicto delante, se anuló esa primera sentencia absolutoria y la Audiencia debió emitir un nuevo fallo, en este caso de culpabilidad. Así que tras el tirón de orejas de una instancia superior, y sin necesidad de repetir el juicio, la Audiencia Provincial de Orense impuso a González Sierra diez años de cárcel por un delito de homicidio por omisión.

El 2024 también zanjó en los tribunales otros casos en su día mediáticos que estaba a espera de un punto y final judicial. Uno de ellos, previo acuerdo de conformidad, fue el de la explosión de un almacén ilegal en Paramos (Tui) en el que murió un matrimonio. La condena para el acusado, cuatro años de prisión. El doble de pena, ocho años, cumplirá la descuartizadora de Cortegada, procesada por matar a su novio y quemar sus restos en varias hogueras. Para el hombre que asesinó a cuchilladas a su vecina en la calle Zamora de Vigo la condena, ya confirmada, fue de veinte años entre rejas. Y para el joven que intentó matar a su primo después de asesinar a su novia en plena noche en Velle, el juez impuso veintidós años de cárcel.

Este año que termina los tribunales gallegos también dictaron la última condena a prisión permanente revisable de España, por el momento. Se le impuso al joven santiagués que acabó con la vida de su sobrino de tres años mientras jugaban en la casa familiar. El jurado popular emitió un veredicto unánime de culpabilidad y el pasado mes de mayo el Tribunal Supremo ratificó la pena máxima que contempla el Código Penal español.